Primera AU: 55/26 | Índice: AMR 41/1056/2026 | Fecha: | México
Acción UrgenteAmenazas de muerte contra un periodista
El 4 de mayo de 2026, el periodista Alberto Amaro recibió a través de Facebook un mensaje amenazador en el que le advertían de un atentado contra su vida y contra la de sus familiares. Esta última amenaza se suma a un largo patrón de intimidación, acoso y violencia que Alberto Amaro viene sufriendo desde 2019, y que lo obligó a abandonar el país durante un año en 2024 a causa de su labor periodística. Pedimos a las autoridades que garanticen su seguridad, que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre los ataques y amenazas de que han sido víctimas él y su familia, y que demuestren mediante acciones concretas que la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se protegerán.
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Lorena Cuéllar Cisneros
Gobernadora de Tlaxcala
Plaza de la Constitución 3, Centro
CP. 9000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, México
Tel.: 2464650900
Correo-e: contacto@tlaxcala.gob.mx
X: @LorenaCuellar/ @GobTlaxcala
Señora Lorena Cuéllar Cisneros:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la seguridad del periodista Alberto Amaro Jordán, director del medio de comunicación mexicano La Prensa de Tlaxcala.
He recibido con angustia la noticia de que Alberto recibió amenazas de muerte el 4 de mayo. Estas amenazas, dirigidas contra su vida y la seguridad de sus seres queridos, constituyen una seria escalada de intimidación contra un periodista por llevar a cabo su labor profesional y ejercer su derecho a la libertad de expresión.
A consecuencia de su trabajo, Alberto ha sido objeto de varios ataques previamente denunciados por Amnistía Internacional. Ante la preocupación por su seguridad, Alberto se vio obligado a abandonar México y buscar refugio temporal desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
Alberto Amaro ha denunciado numerosas deficiencias en algunas de las medidas de protección que le asignó el Mecanismo de Protección federal, en un contexto que es uno de los más peligrosos del mundo para quienes ejercen el periodismo. Las constantes amenazas, ataques e intimidación contra él son inaceptables y no pueden quedar sin respuesta. El silencio, la inacción o una protección inadecuada sólo sirven para ahondar el clima de temor al que se enfrentan los y las periodistas en México.
Por tanto, pido al gobierno de Tlaxcala que asuma su responsabilidad de proteger a quienes ejercen el periodismo y que actúe con urgencia y determinación en el caso de Alberto Amaro Jordán. Insto a las autoridades a garantizar la seguridad de este periodista, a investigar los ataques y las amenazas contra él y su familia y a demostrar, con acciones concretas, que en Tlaxcala se protegerán la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos.
Atentamente,
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Carrera de San Jerónimo, 46. 28014 - MADRID
Fax: 91 420 22 92
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Siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, que fueron periodistas, Amaro fundó el medio digital La Prensa de Tlaxcala en 2018. Sin embargo, al cabo de un año comenzó a recibir amenazas relacionadas con sus investigaciones sobre política, delincuencia y corrupción en el ámbito local.
Tlaxcala, el estado más pequeño de México, es un importante núcleo de trata de personas y esclavitud sexual. En la zona actúan poderosas redes delictivas de carácter familiar que trafican con niñas y mujeres jóvenes en México y Estados Unidos, entre otras actividades ilícitas.
Amaro explicó que, desde 2019, ha sido objeto de agresiones, amenazas y detenciones por parte de agentes de policía, así como de intimidación por parte de miembros de grupos de delincuencia organizada. Lo han fotografiado, y también a su esposa e hijos, han hackeado su sitio web y han manchado su reputación en publicaciones en Facebook en las que lo han acusado de ser un delincuente. Mientras viajaba en automóvil, unos atacantes han intentado cortarle el paso y sacarlo de la carretera, y un hombre armado que circulaba en una motocicleta le ha tomado fotografías. Unos intrusos han intentado entrar por la fuerza en su casa, han efectuado disparos contra su propiedad y han envenenado mortalmente a uno de sus perros.
El informe titulado “Nadie garantiza mi seguridad”, publicado por Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), documenta las graves carencias y deficiencias estructurales del Mecanismo de Protección federal establecido por México para periodistas. El informe destaca que varios periodistas han sido víctimas de ataques e incluso de asesinato mientras estaban bajo la protección del Estado, lo que demuestra que las medidas existentes son a menudo insuficientes, no están bien implementadas o no se supervisan debidamente. En este contexto, la preocupación de Alberto Amaro Jordán por las deficiencias en su propio programa de protección debe ser tratada con la máxima seriedad y urgencia por las autoridades tanto federales como estatales.
Existe un patrón documentado de persecución contra Alberto Amaro, que ha sido objeto, entre otras cosas, de una Acción Urgente emitida en 2024 y cerrada ese mismo año. Los riesgos extremos que corría lo obligaron en última instancia a buscar refugio en España desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025, mediante el programa de Amnistía Internacional para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.
Los informes publicados por Article 19 sobre México y América Central —organización especializada en la libertad de expresión y la protección de periodistas— documentan patrones de violencia, vigilancia, acoso e intimidación contra miembros de la prensa, así como la falta de protección efectiva por parte de las autoridades. Estas conclusiones refuerzan la preocupación por las deficiencias del Mecanismo de Protección federal en México.
Durante el siglo XXI, México ha seguido siendo uno de los países más mortales del mundo para los y las periodistas. El CPJ ha registrado 88 asesinatos de periodistas y otro personal de medios de comunicación en México desde 2012 y ha verificado que el asesinato de 37 de esas personas guardaba relación con su trabajo. Los estados más peligrosos en ese periodo fueron Veracruz (21 asesinatos), Guerrero (10), Oaxaca (9) y Sonora (7). El CPJ distingue entre asesinatos cuya relación directa con el trabajo de la víctima ha sido confirmada y asesinatos cuya motivación no está clara.
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