Primera AU: 015/23 | Índice: EUR 12/6465/2023 | Fecha: | Andorra
Acción UrgenteAndorra: ACTIVISTA DEFENSORA DEL DERECHO AL ABORTO SE ENFRENTA A JUICIO
La defensora de los derechos humanos Vanessa Mendoza Cortés podría ser juzgada en breve por defender los derechos de las mujeres en Andorra, incluido el derecho al aborto, ante un organismo especializado de la ONU en 2019. Si es condenada, deberá hacer frente a una cuantiosa multa y tendrá antecedentes penales. Las autoridades deben retirar los cargos contra Vanessa Mendoza Cortés, derivados del solo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de la defensa los derechos de las mujeres —incluidos los derechos sexuales y reproductivos— y tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en Andorra.
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Fiscal general Alfons Alberca Sanvicens
Seu de la Justícia
Baixada del Molí, núm. 2-4
Andorra la Vella, Andorra
Correo-e: fiscalia@justicia.ad
CON COPIA A: Misión permanente de Andorra ante la ONU en Ginebra missio_onu_gva@govern.ad
CON COPIA A: Embajada de Andorra en su país
https://www.exteriors.ad/es/representaciones-diplomaticas
Señor Fiscal General:
Le escribo para expresarle mi profunda preocupación ante el encausamiento penal en curso contra Vanessa Mendoza Cortés, defensora de los derechos humanos y presidenta de la asociación Stop Violències, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Andorra y criticar la prohibición total del aborto en el país. Si es condenada, podría tener que hacer frente a una multa de hasta 30.000 euros y tendrá antecedentes penales.
El encausamiento de Vanessa Mendoza Cortés parece haberse producido en represalia por sus acciones en defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho al aborto seguro y legal en Andorra. Resulta especialmente preocupante que los cargos contra ella se deriven de su interacción con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como parte del intercambio de información periódico y esencial que se lleva a cabo entre este organismo de las Naciones Unidas y los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo.
Me consta que, en 2021, la fiscalía retiró dos de los tres cargos que se habían presentado inicialmente contra ella, los cuales conllevaban posibles penas de prisión. Sin embargo, es decepcionante que siga acusándosela de un delito “contra el prestigio de las instituciones” (artículo 325 del Código Penal) y que pueda ser condenada por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Las instituciones estatales deben estar siempre sujetas y abiertas a examen, comentarios y críticas. Según el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos, las disposiciones legales para proteger el derecho al honor y a la reputación deben concebirse para proteger a las personas, no a valores abstractos ni a instituciones estatales. Por ello, el artículo 325 del Código Penal que se hace valer contra Vanessa Mendoza Cortés debería derogarse y, hasta el momento de su derogación, no aplicarse. Me preocupa también enormemente que este prolongado proceso judicial pueda tener un efecto disuasorio sobre ella y otros defensores y defensoras de los derechos humanos en Andorra.
En consecuencia, lo insto a que retire de inmediato los cargos contra la defensora de los derechos humanos Vanessa Mendoza Cortés, procesada solamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, a quien se debe permitir que continúe su legítima labor de defensa del derecho al aborto seguro y legal y de los demás derechos humanos de las mujeres y las niñas en Andorra, sin temor a represalias.
Atentamente,
(NOMBRE)
Envía copia a la representación diplomática de Andorra acreditada en tu país
Embajada de Andorra
C/ Alcalá, 73 - 28009 Madrid
Fax : 91 577.63.41
Correo electrónico: embajada@embajadaandorra.es
Información adicional
Vanessa Mendoza Cortés es psicóloga y presidenta de la organización de defensa de los derechos de las mujeres Stop Violències, asociación centrada en la violencia de género y en los derechos sexuales y reproductivos, que defiende el aborto seguro y legal en Andorra.
Andorra, que cuenta con unos 77.000 habitantes, mantiene vigente la prohibición total del aborto. Andorra y Malta son los únicos países europeos que aplican leyes tan estrictas sobre el aborto. Como consecuencia, las personas que necesitan abortar se ven obligadas a viajar al extranjero, principalmente a Francia o España, para recibir la atención médica a la que tienen derecho. Quienes no pueden viajar a causa de los costes o de su incierta condición jurídica corren un mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Stop Violències presta su apoyo a las mujeres y niñas embarazadas para que puedan acceder al aborto en el extranjero y exige públicamente el acceso al aborto seguro y legal en Andorra. Vanessa Mendoza Cortés es una conocida activista en Andorra y la principal portavoz de la asociación.
En octubre de 2019, Vanessa Mendoza Cortés asistió al cuarto informe periódico de Andorra del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, donde habló sobre el impacto nocivo que tiene la prohibición total del aborto en las mujeres y niñas de Andorra, así como de otros motivo de preocupación en relación con los derechos de las mujeres. Poco después, el gobierno de Andorra presentó una querella ante la fiscalía, en la que alegaba que las declaraciones de Vanessa Mendoza Cortés socavaban el “prestigio y buen nombre” del gobierno. En julio de 2020, el fiscal acusó a Vanessa Mendoza Cortés de “calumnia con publicidad” (artículo 172 del Código Penal), “calumnia contra los copríncipes” (artículo 320 del Código Penal) y “delitos contra el prestigio de las instituciones” (artículo 325 del Código Penal). Estos cargos en su contra conllevan penas elevadas, incluida una posible condena de hasta cuatro años de prisión, y multas de hasta 30.000 euros. En 2021, el fiscal retiró dos de los cargos que acarreaban penas de prisión. En octubre de 2022, un juez dictó acta de acusación formal contra Vanessa Mendoza Cortés por los presuntos “delitos contra el prestigio de las instituciones”, que conllevan una cuantiosa multa y antecedentes penales, en caso de condena.
Las pruebas presentadas por la fiscalía contra Vanessa Mendoza Cortés, incluidas también en el acta de acusación formal, hacen referencia al contenido del informe paralelo presentado por Stop Violències ante el CEDAW en 2019. También incluyen declaraciones de Vanessa Mendoza Cortés a los medios de comunicación, en las que criticaba la postura contraria a la despenalización del aborto del obispo de Urgell y copríncipe de Andorra, y manifestaba su preocupación por las medidas gubernamentales que afectan a los derechos de las mujeres. Aún no se ha fijado la fecha del juicio.
A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades andorranas utilicen leyes de difamación con el propósito o el efecto de inhibir las críticas contra el gobierno o el funcionariado público, lo cual viola el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 19 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de la ONU y por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Las actuales leyes de difamación del Código Penal andorrano, diseñadas para proteger a las instituciones estatales, deberían derogarse, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos que establecen que las disposiciones legales para proteger el derecho al honor y a la reputación están concebidas para proteger a las personas, no a valores abstractos ni a instituciones estatales. La difamación y la calumnia nunca deberían ser delitos. Sin embargo, en diciembre de 2022, el parlamento andorrano (Consell General, en catalán) votó en contra de la derogación del artículo 325 del Código Penal (delitos contra el prestigio de las instituciones), que ahora se aplica contra Vanessa Mendoza Cortés.
Además, según las Resoluciones 12/2 (2009) y 24/24 (2013) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los actos de intimidación contra quienes traten de cooperar o hayan cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información constituyen actos de represalia que deben detenerse y corregirse. El encausamiento de Vanessa Mendoza Cortés por ejercer su derecho a la libertad de expresión y las actividades concertadas para deslegitimar sus acciones en defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas —en particular, sus derechos sexuales y reproductivos— se suman a una constante global de intimidación dirigida a impedir que los defensores y defensoras de los derechos humanos pongan en entredicho la discriminación y promuevan la igualdad, especialmente cuando su trabajo pone en jaque las estructuras tradicionales y las normas sociales patriarcales.
En 2021, durante el Examen Periódico Universal de la ONU, que evalúa el historial de derechos humanos de los Estados miembros de la ONU, se solicitó a Andorra que se abstuviera de llevar a cabo actos de acoso judicial, represalias e intimidación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, que reformara las leyes sobre difamación y que autorizara el acceso al aborto seguro y legal en el país.
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