Primera AU 30/26: 30/26 | Índice: AFR 12/0891/2026 | Fecha: | Angola
Acción UrgenteAngola: Retiren los cargos contra siete miembros de la comunidad
El 23 de noviembre de 2024, fueron arrestados y detenidos siete miembros de la comunidad de Vikolôngwa Mbútwa de la provincia de Huíla (Angola) tras una intervención policial violenta durante un conflicto sobre tierras. Todos ya en libertad —aunque dos de ellos después de 13 meses—, actualmente están enjuiciados por varios cargos. Su juicio comenzó en diciembre de 2025 y la vista sobre la sentencia puede celebrarse en cualquier momento. Las autoridades angoleñas deben retirar inmediatamente los cargos no respaldados por pruebas creíbles y obtenidas legalmente y abrir una investigación efectiva e imparcial sobre las denuncias de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza de estas siete personas.
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Fiscal General de la República
Prosecutor General of the Republic
Pedro Mendes de Carvalho
Rua 17 de Setembro
Cidade Alta, Luanda, Angola
Correo-e: procuradoriageraldarepublica@pgr.ao
Señor Fiscal General:
Me dirijo a usted para expresarle mi enorme preocupación por siete miembros de la comunidad de Vikolôngwa Mbútwa de la provincia de Huíla, en Angola: Sapalo António Kakandi, Paulo Cambuta Kapaya, Mwetuyapula Francisco, Eduardo Mbambi Licino Kessongo, Eduardo Tchaima, Francisca Tuahuma y Cecília Candumbo Mweyanavi.
La comunidad de Vikolôngwa Mbútwa depende de la tierra para la agricultura y la ganadería. Había pedido la intervención de las autoridades administrativas y provinciales para que la apoyara en un conflicto sobre tierras y estaban esperando una respuesta. El 23 de noviembre de 2024, los miembros de la comunidad oyeron ruido de máquinas en las tierras y pensaron que había llegado el administrador local para comunicar la decisión de las autoridades. En cambio, se encontraron con unos agentes de policía que lanzaron gas lacrimógeno y dispararon balas de goma, y golpearon y arrestaron con violencia a siete miembros de la comunidad.
Cinco de ellos salieron en libertad dos días después, el 25 de noviembre de 2024, pero los otros dos permanecieron 13 meses en detención en espera de juicio. Los siete fueron acusados de asociación delictiva, lesiones graves, resistencia a la autoridad, participación en un disturbio, uso legal de armas, amenazas e interrupción de servicios públicos. Su juicio comenzó el 17 de diciembre de 2025. En marzo de 2026 iba a celebrarse la vista para dar a conocer la sentencia, pero fue aplazada. Se espera ahora que se pronuncie en cualquier momento.
Amnistía Internacional ve con gran preocupación el riesgo de que la persistencia de unas acusaciones infundadas y sin base, y la inacción a la hora de abordar los abusos denunciados agraven la inseguridad y el miedo en la comunidad, y menoscaben los derechos y medios de vida de otras comunidades que afrontan conflictos sobre tierras similares.
Le pido que retire inmediatamente las acusaciones sin fundamento formuladas contra los siete miembros y ponga fin a su enjuiciamiento. También le insto a que garantice una investigación rápida, exhaustiva, independiente, imparcial y efectiva sobre las denuncias de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza contra los siete miembros de la comunidad de Vikolôngwa Mbútwa.Hasta que se retiren los cargos y en caso de que se produzcan nuevas actuaciones procesales en este asunto, le pido que tome todas las medidas necesarias que estén de su mano para asegurar que se respetan plenamente los derechos de la defensa y todas las salvaguardias en materia procesal.
Atentamente,
(NOMBRE)
Envía copia a la representación diplomática de Angola acreditada en tu país
C/ Lagasca nº 88-2º- 28001 - MADRID
Teléfono: 91 435 61 66 .-. Fax: 91 577 90 10
E-mail: gabembajador@embajadadeangola.com
Información adicional
Vikolôngwa Mbútwa es una comunidad rural próxima a Chibia, en la provincia meridional angoleña de Huíla, cuyos miembros dependen de la agricultura y la ganadería como medio de subsistencia. La comunidad considera que las tierras en disputa son tierras comunitarias ancestrales y que el conflicto comenzó cuando un terrateniente local comenzó a hacer labores de excavación en torno a la zona. Esta excavación se tradujo en una zanja de unos tres metros de anchura y profundidad en torno a las tierras en conflicto, y creó riesgos para la seguridad de residentes y animales, y limitó el acceso a pastos y campos fértiles destinados a cultivo. Los miembros de la comunidad denuncian que desde entonces no pueden sacar a pastar a sus animales ni acceder a tierras que antes cultivaban, lo que los obliga a cultivar únicamente en los metros que hay alrededor de sus casas. El 14 de agosto de 2024, tres meses antes de las detenciones, la comunidad había pedido la intervención del administrador municipal de Chibia. El 23 de septiembre de 2024, apelaron al gobernador de Huíla y estaban esperando una respuesta oficial cuando la policía intervino el 23 de noviembre de 2024.
El 25 de febrero de 2025, un Grupo de Trabajo y dos relatoras especiales de la ONU escribieron al gobierno de Angola en relación con este caso, exponiendo su preocupación por la violencia denunciada, la detención arbitraria de los miembros de la comunidad y el trato recibido por estos. Según informes, Sapalo António Kakandi fue alcanzado en el abdomen por una bala de goma; Paulo Cambuta Kapaya recibió un golpe en la frente con la culata de un arma de fuego, y Eduardo Mbambi Licino Kessongo recibió una paliza bajo custodia hasta que perdió el conocimiento y estuvo sin ropa una semana. Los informes indican asimismo que Francisca Tuahuma y Cecília Candumbo Mweyanavi, embarazadas ambas en esa fecha, fueron sometidas a un trato degradante en la comisaría de policía de Quihita donde estaban detenidas. Más de un año después de su arresto, los siete miembros de la comunidad no han recibido aún atención médica y siguen quejándose de dolor persistente. Francisca Tuahuma denunció que su bebé nació enfermo después de la violencia que sufrió cuando estaba embarazada.
Este caso refleja motivos de preocupación más generales que ya documentó Amnistía Internacional en 2021 en su informe The End of Cattle”s Paradise, en el que concluía que, en las provincias de Huíla y Cunene, la vulnerabilidad de las comunidades se ha intensificado por la desviación del uso de los pastos comunales por agricultores comerciales y que, en Gambos, en la provincia de Huíla, la ocupación de tierras más fértiles por agricultores comerciales ha socavado la resiliencia económica y social de las comunidades de pastores y empeorado la inseguridad alimentaria. Amnistía Internacional también ha advertido de que esta desviación del uso de los pastos comunales a la agricultura comercial ha erosionado los medios de subsistencia de unas comunidades rurales ya afectadas por la sequía.
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