Segunda AU: 074/23 | Índice: AMR 13/7148/2023 | Fecha: | Argentina
Acción UrgenteArgentina: DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, CRIMINALIZADO POR PROTESTAR
Alberto Nallar, abogado de derechos humanos que participó activamente en las protestas que comenzaron el 15 de junio en la provincia de Jujuy, fue puesto en libertad del 18 de agosto, después de pasar más de un mes bajo arresto domiciliario. Sigue acusado formalmente del delito de sedición.
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Al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy
Dr. Sergio Lello Sánchez
Correo-e: slello@mpajujuy.gob.ar
Señor Fiscal General:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la continuada criminalización del abogado de derechos humanos Alberto Nallar. Aunque ha sido puesto en libertad, los cargos contra él por protestar siguen investigándose. Pese a su liberación, aún se enfrenta a cargos penales por participar pacíficamente en una protesta.
Como usted sabe, en la provincia de Jujuy, entre el 11 y el 13 de julio, se llevaron a cabo al menos 40 detenciones y registros en domicilios particulares en Humahuaca y San Salvador. Entre las personas detenidas había docentes, estudiantes de universidad y defensores y defensoras de los derechos humanos que habían participado en las movilizaciones sociales derivadas de la reciente reforma constitucional en la provincia.
En este contexto, Alberto Nallar fue detenido el 13 de julio de 2023, y permaneció 37 días bajo arresto domiciliario. Aún sigue acusado de sedición por su apoyo a quienes se manifestaron contra la reforma constitucional y por su participación en las protestas. Además, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre órdenes de detención dictadas contra al menos otros siete abogados que presuntamente habían apoyado a quienes se manifestaban.
Habida cuenta de la obligación internacional contraída por el Estado argentino de respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión y manifestación de todas las personas, le pido que retire los cargos contra Alberto Nallar que podrían implicar una restricción directa del derecho a la protesta social.
Un cordial saludo,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Argentina acreditada en tu país
Embajada de la República Argentina en Madrid
C/ Fernando el Santo 15, 1º. 28010 Madrid
Fax: +34 91 771052
Dirección electrónica: eespa@mrecic.gob.ar
Facebook: https://www.facebook.com/argenespa/
Twitter: @ARGenesp
Información adicional
El 16 de junio de 2023, la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy, Argentina, llevó a cabo una reforma constitucional sin participación ni publicidad, y que podría amenazar los derechos colectivos y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
A consecuencia de las protestas que siguieron a la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial, tuvo lugar en Jujuy una violenta represión policial, con serias irregularidades y episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales. La respuesta de las fuerzas de seguridad de la provincia a las manifestaciones generó importantes violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos y protegidos por el derecho tanto local como internacional.
En la provincia de Jujuy continúan las protestas de comunidades y de organizaciones sociales y de derechos humanos, pues la Convención Constituyente no ha dado marcha atrás respecto a la reciente reforma constitucional. Entre el 12 y el 13 de julio se dictaron órdenes de detención y empezaron a llevarse a cabo registros arbitrarios contra docentes, estudiantes de universidad y defensores y defensoras de los derechos humanos. Desde que comenzaron las protestas se ha detenido al menos a 130 personas, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos.
Alberto Nallar es abogado y defensor de los derechos humanos; respaldó en todo momento la movilización popular contra la reforma constitucional y brindó apoyo y asistencia jurídica a personas detenidas durante las movilizaciones y a sus familias. El delito de sedición del que se le acusa es una figura penal frecuentemente utilizada en el país para criminalizar a personas que ejercen su derecho a la protesta social, junto con otras acciones como el corte de vías públicas, la incitación a delinquir o la resistencia a la autoridad.
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