Primera AU 68/25: 68/25 | Índice: AMR 19/0130/2025 | Fecha: | Brasil
Acción UrgenteBrasil: Un proyecto de ley amenaza los derechos humanos y el clima
El presidente Lula da Silva debe vetar el proyecto de ley “PL da Devastação”. aprobado el 17 de julio por el Congreso de Brasil sin debate público ni transparencia. Este proyecto de ley debilita drásticamente la concesión de licencias medioambientales, socava instituciones medioambientales fundamentales y muestra poca consideración hacia los derechos humanos. Pedimos al presidente que vete este proyecto de ley, ya que amenaza el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, al derecho al acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia, así como los derechos de los pueblos indígenas y la justicia climática.
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Presidente de la República Federativa de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva
President of the Federative Republic of Brazil
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes
Brasília - DF, CEP 70150-900
Brasil
Correo-e: gabinetepessoal@presidencia.gov.br
Sr. Presidente Luis Inácio Lula da Silva:
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la “Ley General de Concesión de Licencias Medioambientales”, también conocida por la sociedad civil como “Proyecto de Ley de Devastación” (PL da Devastação), aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de julio de 2025, y que ahora está usted considerando.
Este proyecto de ley debilita severamente el marco de concesión de licencias medioambientales de Brasil permitiendo la aprobación automática de la mayoría de los proyectos mediante la “Concesión de Licencia por Adhesión y Compromiso”, que se basa exclusivamente en una declaración de la persona o entidad interesada, sin llevar a cabo una evaluación ambiental o de derechos humanos previa. También exime de la concesión de licencia a sectores enteros, como el agroforestal y el ganadero, y crea una “licencia ambiental especial” para acelerar proyectos estratégicos diseñados por el gobierno sin llevar a cabo un examen medioambiental completo. Estas modificaciones plantean riesgos graves e irreversibles al derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible y, si se ponen en práctica, acelerarían la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.
El proyecto de ley limita también únicamente a las tierras demarcadas la participación de instituciones encargadas de proteger los derechos de los pueblos indígenas, sin tener en cuenta los numerosos territorios que aguardan el reconocimiento formal. Esto socava los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades quilombola a sus tierras, territorios y recursos. También subrayamos que el proyecto de ley se aprobó sin una consulta pública significativa y podría dar lugar a violaciones del derecho a acceder a la información, el derecho a la participación pública y el derecho a acceder a la justicia.
Teniendo en cuenta estos severos impactos y la responsabilidad constitucional que usted ostenta, le pedimos urgentemente que vete en su totalidad el “PL da Devastação” con el fin de proteger la vida y los derechos humanos, incluido el derecho a un medioambiente saludable. Hacemos hincapié en que la aprobación de este proyecto de ley contradice los compromisos internacionales contraídos por Brasil en materia de derechos humanos y medioambiente, especialmente teniendo en cuenta su presidencia de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30). Un “líder climático” no puede permitir esta amenaza a los derechos humanos y la justicia climática.
Atentamente,
[NOMBRE]
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Teléfono: 91 782 49 60 Fax: 91 782 49 72
E-mail: madrid@mne.pt
Información adicional
La Ley General de Concesión de Licencias Medioambientales (proyecto de ley PL 2159/2021), conocida generalmente como el “Proyecto de Ley de Devastación” (Projeto de Lei da Devastação) fue aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de julio de 2025, con 267 votos a favor y 115 en contra, y ahora está siendo examinada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tiene el poder de vetarla.
Respaldado por el sector agroindustrial y el de el petróleo y el gas, y aprobado sin un debate público adecuado ni participación efectiva de la sociedad civil, el proyecto de ley 2159/2021 debilita considerablemente el marco brasileño de concesión de licencias. Entre sus disposiciones más alarmantes se encuentra la ampliación de la denominada “Concesión de Licencia por Adhesión y Compromiso”, que permitiría que la mayoría de los proyectos (excluyendo únicamente los clasificados como de alto impacto) eludan las evaluaciones de impacto ambiental y en los derechos humanos previas. En virtud de este mecanismo, las empresas podrían obtener la aprobación automática basándose únicamente en una declaración realizada por ellas mismas, sin que mediara evaluación alguna de las autoridades competentes.
El proyecto de ley también exime por completo a sectores enteros, como el agroindustrial y el ganadero, de la necesidad de obtener licencias medioambientales. Los proyectos en estos sectores sólo requerirían un formulario de adhesión, sin escrutinio técnico de su impacto medioambiental. Además, el proyecto de ley introduce una “licencia ambiental especial” para los proyectos designados como “estratégicos” por el gobierno, entre los que se encuentra la extracción de petróleo, para poder acelerarlos mediante un proceso de concesión de licencia simplificado, de una sola fase, sin necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto completas.
Estas disposiciones contra las salvaguardias medioambientales constituyen un grave peligro para el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y afirmado en el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificado por Brasil), y consagrado en el artículo 225 de la Constitución brasileña. El proyecto de ley también socava el derecho a acceder a la información, el derecho a la participación pública y el derecho a acceder a la justicia.
Respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el proyecto de ley PL 2159/2021 limita la participación de las autoridades competentes a los proyectos que afectan a las tierras indígenas demarcadas oficialmente y a los territorios quilombola que poseen títulos de propiedad, haciendo caso omiso de la realidad de la inseguridad en cuanto a la tenencia de tierras en Brasil. Aproximadamente el 80% de los territorios quilombola y el 32,6% de las tierras indígenas están a la espera de la concesión de títulos de propiedad. Estas disposiciones socavan seriamente los derechos de los pueblos indígenas consagrados en instrumentos ratificados por Brasil como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Un grupo de relatores especiales de la ONU ya ha advertido de las graves amenazas que plantea el proyecto de ley para los derechos humanos, incluidos los de los pueblos indígenas. En general, representa un importante revés para los compromisos internacionales formulados por Brasil en materia de derechos humanos y medioambientales. Brasil se enfrenta a importantes desafíos en materia de derechos humanos, entre ellos la persistente violencia policial que afecta principalmente a la juventud negra, el aumento de la violencia de género, y las constantes amenazas a quienes defienden la tierra y el medioambiente, especialmente las personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades quilombola. A pesar de que se han realizado algunos progresos, hay problemas sistémicos como el hacinamiento en las prisiones, la escasa inversión en política social y las insuficientes medidas de justicia transicional para los abusos de la época de la dictadura, que siguen siendo motivos de honda preocupación.
El aumento de la deforestación y los continuos incendios forestales, unidos a una laxa aplicación de las leyes medioambientales, intensifican los riesgos climáticos y socavan los derechos indígenas a la tierra y los medios de vida. La aprobación de legislación regresiva como el “PL da Devastação” acentúa estas amenazas al debilitar las protecciones ambientales y facilitar la explotación. Brasil debe cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, protección medioambiental y acuerdos climáticos. Si no lo hace, correrá el riesgo de socavar el papel de liderazgo global que ejerce Brasil en este año crucial para la acción climática. Unas respuestas efectivas dependen de que se refuerce la supervisión democrática, garantizando la justicia para los pueblos marginados y restaurando una gobernanza medioambiental sólida.
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