Primera AU: 040/21 | Índice: AMR 19/3982/2021 | Fecha: | Brasil
Acción UrgenteBRASIL: VOTACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO URGENTE DE UN PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD
A partir del 14 de abril, el Congreso Nacional podría votar en cualquier momento un requerimiento para tramitar el proyecto de ley nº 6.764/2002 sobre Cuestiones de Seguridad Nacional como asunto urgente y sin consulta pública, mientras Brasil se enfrenta a su peor momento de la pandemia de COVID-19, con más de 350.000 muertes registradas. Este proyecto de ley, basado en la antigua doctrina de seguridad nacional de la dictadura militar, puede amenazar los derechos humanos. Reclamamos una consulta pública, un análisis y un debate público sobre los impactos derivados del proyecto de ley.
Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo
Arthur Lira
Presidente de la Cámara de Diputados
National Congress
Gabinete 942 - Anexo IV -
Brazilia, Distrito Federal – Brasil
Correo-e: dep.arthurlira@camara.leg.br
Señor Lira:
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación respecto a la inminente votación del requerimiento de urgencia para tramitar el proyecto de ley nº 6.764/2002. La propuesta de legislación pretende, entre otras iniciativas, derogar la Ley de Seguridad Nacional, promulgada durante la dictadura militar y ampliamente utilizada para perseguir a personas que se oponían al régimen. No obstante, renueva e incluye nuevos tipos de penas que podrían utilizarse para reforzar la criminalización de los movimientos y organizaciones sociales.
En este momento de crisis, las autoridades brasileñas, incluido el Congreso Nacional, tienen la obligación de garantizar el derecho de su población a la salud y la vida. Esto incluye tomar las medidas necesarias para prevenir, tratar y controlar la pandemia, basándose en los mejores datos científicos y garantizando que todas las personas tienen acceso a atención médica, sin discriminación. En particular, las autoridades están obligadas a garantizar la disponibilidad, el acceso, la asequibilidad, la aceptabilidad y la calidad de las vacunas, los tratamientos y las pruebas diagnósticas de COVID-19 para todas las personas. Deben hacerlo de acuerdo con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación.
Le pido que no acepte el requerimiento de tramitación urgente del proyecto de ley nº 6.764/2002. La votación urgente sobre esta legislación significa, en la práctica, que las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales y otras partes no podrán analizar debidamente el proyecto de ley ni participar en su debate.
Le insto a garantizar que todo proceso de toma de decisiones en torno a legislación con semejante impacto potencial en los derechos humanos se basa en la transparencia y el derecho a la información, lo cual incluye la participación significativa y efectiva de las partes interesadas.
Atentamente,
Envía copia a la representación diplomática de Brasil acreditada en tu país
Excmo. Sr. Pompeu ANDREUCCI NETO
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
C/ Fernando el Santo 6, 28010 - MADRID
Fax: 91 700 46 60
E-mail: brasemb.madrid@itamaraty.gov.br
Información adicional
El 24 de marzo, los parlamentarios Margarete Coelho (PP-Piauí) y Hugo Motta (Republicanos-Paraíba) presentaron un requerimiento de urgencia para tramitar el proyecto de ley nº 6.764/2002. El 7 de abril, Rodrigo Pacheco (DEM-Minas Gerais) y Arthur Lira (PP-Alagoas), presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, declararon que el examen del proyecto de ley está entre las prioridades de ambas cámaras. La votación de esta legislación por la vía urgente significa, en la práctica, que los comités especializados no llevarán a cabo evaluaciones ni debates esenciales. También significa que la participación social no se garantizará ni se considerará como parte del proceso.
La propuesta legislativa tipifica delitos contra el “Estado de Derecho Democrático”, y renovará parte de los delitos y penas establecidos en la Ley de Seguridad Nacional (7.170/1983) promulgada durante la dictadura militar y ampliamente utilizada para perseguir movimientos sociales y a defensores y defensoras de los derechos humanos. La Ley de Seguridad Nacional, aún vigente incluso tras la redemocratización, se está utilizando cada vez más, y ha sido objeto de al menos tres acciones judiciales constitucionales ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 797, 799 y 816) en el Tribunal Supremo Federal.
Hay que señalar que el requerimiento de urgencia para la votación de esta propuesta de legislación se produce en un momento caracterizado por un contexto de creciente violencia política, hostilidad contra quienes defienden los derechos humanos y criminalización de los movimientos sociales. Subrayando este contexto, toda legislación que trate de este tema debe debatirse ampliamente de forma pública y transparente.
Además de eso, Brasil está atravesando una de las peores crisis de salud pública de su historia. Según datos oficiales, en los últimos días el país alcanzó las cifras de muertes más altas de la pandemia. La semana pasada se perdieron más de 4.000 vidas diarias por COVID-19. En menos de 15 días, más de 25.000 personas han sido víctimas de la enfermedad, pero también de la negligencia de las autoridades públicas, que no dedican esfuerzos suficientes y coordinados para responder a la pandemia. En un año, se registraron más de 350.000 muertes y, según la organización brasileña Fiocruz, se espera que esta cifra aumente de forma exponencial en los próximos meses. Se pueden atribuir muertes evitables a las autoridades que han incumplido su deber de emprender acciones adecuadas.
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