Primera: 013/23 | Índice: AFR 16/6666/2023 | Fecha: 24 de abril de 2023 | Burundi

Acción Urgente

BURUNDI: LIBERTAD PARA PERIODISTA ENCARCELADA POR SUS OPINIONES CRÍTICAS

El 30 de marzo, el Tribunal de Apelación de Mukaza, en Buyumbura (Burundi), celebró una vista judicial del caso de la periodista burundesa Floriane Irangabiye, que había apelado la sentencia condenatoria dictada contra ella el 2 de enero por el Tribunal Superior de Mukaza por cargos falsos de “menoscabar la integridad del territorio nacional” y por los que se le impusieron una pena de 10 años de prisión y una multa de un millón de francos burundeses (unos 482 dólares estadounidenses). El Tribunal de Apelación tiene 30 días para resolver el recurso. Floriane Irangabiye permanece detenida desde agosto de 2022. Su enjuiciamiento se debe al ejercicio pacífico de sus derechos humanos y a su labor como periodista. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional y la anulación de su sentencia condenatoria.

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Dña. Domine Banyankimbona
Ministra de Justicia
Minister of Justice
PO Box: 1880
Buyumbura, Burundi
Correo-e: minjustice@gmail.com /
infos@burundi.justice.gov.bi
Twitter: @MiniJustice_BDI

Señora ministra:
Me preocupan la detención arbitraria y continuada y el enjuiciamiento injusto de la periodista Floriane Irangabiye.
El 30 de marzo, el Tribunal de Apelación de Mukaza, en Buyumbura (Burundi), celebró la vista de apelación de la sentencia condenatoria que impuso a la periodista una pena de 10 años de prisión y una multa de un millón de francos burundeses (aproximadamente 482 dólares estadounidenses). El tribunal tiene 30 días para resolver el recurso de apelación a partir de la fecha de celebración de la vista.
El 30 de agosto de 2022, Floriane Irangabiye fue detenida por las fuerzas de seguridad burundesas durante una visita familiar en Buyumbura. El 2 de enero, el Tribunal Superior de Mukaza la declaró culpable de “menoscabar la integridad del territorio nacional”. Según sus abogados, el tribunal no tuvo en cuenta las irregularidades de procedimiento que se produjeron durante su arresto —incluido el hecho de que se le negara acceder a su abogado durante el primer interrogatorio— y la ausencia de cualquier tipo de prueba admisible contra ella.
Durante su juicio, que se celebró a finales de 2022, la fiscalía presentó comentarios extraídos de un programa emitido en agosto de ese mismo año en Radio Igicaniro. En ese medio de comunicación digital burundés, Floriane Irangabiye y sus invitados criticaron al gobierno de Burundi. En una grabación de audio del programa obtenida por el fiscal, Floriane Irangabiye supuestamente habría afirmado: “La población se resigna a las maldades de los dirigentes de Burundi, la ciudadanía no se expresa por miedo a que la maten, pedimos al pueblo burundés que le plante cara al miedo”. La fiscalía también presentó como pruebas fotos en las que ella posaba junto al presidente de Ruanda, Paul Kagame, y al expresidente Pierre Buyoya en actos públicos. Además, se la acusó de participar en reuniones celebradas por jóvenes burundeses en el exilio en Ruanda.
El procesamiento de Floriane Irangabiye obedece a motivos políticos y es señal de que las autoridades burundesas tienen la intención de seguir restringiendo el espacio de la sociedad civil, a pesar de las promesas del presidente Evariste de mejorar el historial del país en materia de derechos humanos.
La insto a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la puesta en libertad inmediata e incondicional de Floriane Irangabiye. Su sentencia condenatoria y su actual detención arbitraria constituyen una violación de sus derechos a la libertad de expresión y a un juicio justo.
Atentamente, [NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Burundi acreditada en tu país

10-12 Rue de L´Orme.-
75019 PARIS
FRANCIA

Información adicional

Floriane Irangabiye vive en Ruanda desde hace más de una decenio. Antes de la crisis de 2015, se desplazaba habitualmente entre la capital, Kigali, donde reside, y Buyumbura (Burundi), donde vive su familia.
Cuando el expresidente Pierre Nkurunziza decidió presentarse como candidato a un tercer mandato en abril de 2015, muchas personas burundesas salieron a las calles para expresar su frustración contra una decisión que consideraban que violaba la Constitución burundesa de 2005, la cual limitaba los mandatos presidenciales a dos periodos de cinco años. El viaje de Floriane Irangabiye en agosto de 2022 era la primera ocasión en la que visitaba a su familia en Buyumbura desde 2015.
Las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación de Burundi fueron uno de los primeros objetivos de la represión gubernamental en 2015. El gobierno suspendió o clausuró la mayoría de los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos independientes, con lo que los obligó al exilio. A pesar de las promesas del presidente Ndayishimiye de normalizar las relaciones con los medios de comunicación en 2021, el gobierno burundés sigue viendo con recelo el trabajo de la prensa y de derechos humanos, y continúan vigentes graves restricciones a los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión.
La mayoría de las organizaciones de derechos humanos independientes no han podido reanudar sus actividades en Burundi, especialmente porque las autoridades burundesas han dictado órdenes de arresto contra muchos de sus destacados activistas, que viven en el exilio. El 14 de febrero, cinco defensores y defensoras de los derechos humanos —Sonia Ndikumasabo, presidenta, y Marie Emerusabe, coordinadora general de la Asociación de Mujeres Juristas de Burundi (AFJB, por sus siglas en francés), Audace Havyarimana, representante legal, Sylvana Inamahoro, directora ejecutiva, y Prosper Runyange, coordinador de un proyecto sobre tierras, de la Asociación por la Paz y la Promoción de los Derechos Humanos (APDH, por sus siglas en francés)— fueron arrestados y acusados de rebelión y de socavar la seguridad interna del Estado y el funcionamiento de las finanzas públicas. Estos cargos parecen obedecer a su relación con una organización internacional en el extranjero y a los fondos que han recibido de ella. Un total de 12 personas defensoras de los derechos y periodistas figuraban en un grupo de 34 personas condenadas a cadena perpetua in absentia en junio de 2020 por haber sido acusadas de implicación en un intento de golpe de Estado en mayo de 2015; la sentencia del Tribunal Supremo no se hizo pública hasta febrero de 2021.
La detención o reclusión como castigo por el ejercicio pacífico de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, es arbitraria y viola la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que Burundi ha ratificado. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha determinado que las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos deben quedar en libertad de inmediato.

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