Primera AU 102/25: 102/25 | Índice: AMR 23/0555/2025 | Fecha: | Colombia
Acción UrgenteColombia: Amenazas contra líderes comunitarios
El 18 de noviembre, los presidentes de las asociaciones comunales de El Porvenir y Matarratón, en Puerto Gaitán (Meta), recibieron mensajes de WhatsApp del mismo número telefónico en los que les ordenaban asistir a una reunión y facilitar información sobre miembros de su comunidad; los mensajes venían acompañados de un vídeo que mostraba el asesinato y desmembramiento de una persona. La foto de perfil del remitente mostraba a un miembro de un grupo armado no estatal colombiano. Estas comunidades campesinas son víctimas de desposesión de tierras y desplazamiento forzado, y han sufrido amenazas y ataques por reclamar sus derechos territoriales. Instamos a la Fiscalía General a llevar a cabo investigaciones sólidas y efectivas para llevar a los responsables ante la justicia.
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Fiscal General
Luz Adriana Camargo Garzón
Avenida Calle 24 No. 52 – 01, Bogotá DC, Colombia
Correo-e: d.asuntosinternacionales@fiscalia.gov.co
X: @FiscaliaCol
Sra. Fiscal General:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por los graves peligros para la vida y la seguridad de las comunidades campesinas de Matarratón y El Porvenir, y en particular de los presidentes de sus Juntas de Acción Comunal, en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, a orillas del río Meta.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello informó públicamente de que, el 18 de noviembre, los dos presidentes recibieron mensajes de WhatsApp del mismo número de teléfono, denunciados ambos formalmente ante la Fiscalía General, en los que les ordenaban asistir a una reunión y facilitar información sobre miembros de la comunidad. Los mensajes incluían un vídeo que mostraba el asesinato y desmembramiento de una persona no identificada. La foto de perfil del remitente mostraba a un miembro de un grupo armado no estatal colombiano.
Estas comunidades campesinas son beneficiarias de la sentencia SU-456 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció sus derechos a la tierra y el territorio después de que fueran desposeídas de las tierras que habían ocupado durante generaciones por unos individuos que más tarde presentaron alegaciones falsas de propiedad de la tierra e incluso vendieron parte de ella. La sentencia ordenaba al gobierno que aclarara y garantizara los derechos de propiedad de estas comunidades. Sin embargo, casi 10 años después, esta sentencia del alto tribunal sigue sin ejecutarse, y las comunidades han sufrido graves amenazas y ataques, entre ellos la desaparición forzada y el homicidio de Luz Marina Arteaga, destacada defensora de los derechos de su comunidad, cuyo cadáver fue encontrado en el municipio de Orocué, también cerca del río Meta, en enero de 2022.
La insto, como principal responsable de la Fiscalía General, a llevar a cabo una investigación sólida y efectiva destinada a identificar a los responsables de estos ataques y amenazas y otros anteriores contra las comunidades de Matarratón y El Porvenir, teniendo en cuenta las violaciones continuadas de sus derechos a la tierra y el territorio. También le pido que garantice que los responsables comparecen ante la justicia en juicios justos, para prevenir nuevos ataques contra quienes defienden los derechos a la tierra y el territorio en la región del río Meta.
Atentamente,
[NOMBRE]
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General Martínez Campos, 48 28010 - MADRID
Teléfono: 91 700 47 70 Fax: 91 310 38 69
E-mail: emadrid@cancillería.gov.co
Información adicional
Las llanuras del Orinoco comprenden vastos territorios con abundantes recursos hídricos, un enorme potencial para la agricultura y la ganadería e importantes reservas de petróleo. Estas tierras, lejos de los principales núcleos urbanos de Colombia y tradicionalmente habitadas por pueblos indígenas, llevan decenios sufriendo la violenta ocupación de actores que quieren apropiarse de ellas, formalizar su propiedad por medios fraudulentos y luego venderlas a quienes tienen interés en desarrollar proyectos de industria agroalimentaria o extracción de petróleo.
Al mismo tiempo, algunas comunidades indígenas y campesinas, creadas a menudo por personas desplazadas forzosamente de otras partes de Colombia, han construido asentamientos y han mantenido prácticas campesinas que con frecuencia chocan con los intereses de quienes se han apropiado de las tierras, o incluso de quienes las han comprado alegando buena fe y el deseo de aportar un desarrollo económico. El Estado tiene desde hace mucho la responsabilidad de aclarar la propiedad de la tierra, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas de desposesión y desplazamiento forzado. A pesar de la existencia de un sistema de restitución de tierras y de las iniciativas por promover una reforma rural, sigue habiendo muchos conflictos, y las comunidades campesinas e indígenas siguen sufriendo amenazas y ataques por defender sus derechos a la tierra y el territorio.
El Porvenir y Matarratón son comunidades campesinas que preservan las prácticas culturales tradicionales en las llanuras del Orinoco colombianas, a orillas del río Meta en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, cerca de la frontera con los departamentos de Casanare y Vichada. A finales de la década de 1980, los habitantes de estas comunidades fueron amenazados por grupos armados y obligados a abandonar sus tierras, que a continuación fueron ocupadas ilegalmente y vendidas. Desde entonces han luchado para recuperar su territorio entre constantes amenazas y peligros, como documentó Amnistía Internacional en su informe de 2014 Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia (AMR 23/031/2014). En 2016, la sentencia SU-426 de la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que asignara el territorio a sus “habitantes históricos”, pero casi un decenio después estas órdenes no se han cumplido.
Amnistía Internacional ya ha advertido anteriormente de las amenazas contra los líderes y lideresas de estas comunidades campesinas, emitiendo acciones urgentes en 2015 y 2019. La segunda se refería a Luz Marina Arteaga, lideresa histórica y portavoz del proceso de restitución de tierras en Matarratón y El Porvenir, que recibió numerosas amenazas a causa de su trabajo y fue víctima de desaparición forzada en enero de 2022. Su cadáver fue encontrado más tarde en las orillas del río Meta en Orocué, departamento de Casanare.
Algunas comunidades vecinas se han unido a El Porvenir y Matarratón en su lucha por el reconocimiento de los derechos a la tierra, entre ellas la comunidad indígena de ASEINPOME, que también ha recibido amenazas por sus reclamaciones territoriales, tal como denunció públicamente Amnistía Internacional. A pesar de estas iniciativas, las amenazas y los ataques, a menudo impunes pese a las denuncias, siguen minando el acceso a los derechos a la tierra y el territorio de las comunidades de las llanuras del Orinoco colombianas, como sucede con esta reciente amenaza contra los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Matarratón y El Porvenir, denunciada públicamente por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
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