Segunda AU: 012/24 | Índice: AMR 23/7747/2024 | Fecha: | Colombia
Acción UrgenteColombia: DEBEN INVESTIGARSE LAS AMENAZAS Y ATAQUES CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS
El 13 de febrero, una granada fue lanzada dentro de la vivienda de una miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), lo que provocó heridas a varios de sus familiares. Este ataque se produjo tras las graves amenazas que, durante enero y comienzos de febrero, recibieron organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos, el territorio, la tierra y el medioambiente en la región del Magdalena Medio en Colombia, entre otras CREDHOS y la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (FEDEPESAN). Pedimos a las autoridades colombianas que hagan frente a estas amenazas y ataques llevando a cabo investigaciones sólidas y efectivas para identificar a los responsables y llevar a los presuntos autores ante la justicia, así como proporcionando protección oportuna e integral a estas organizaciones.
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Director de la Unidad Especial de Investigación
Hernando Toro
Director of the Special Investigation Unit
Attorney General’s Office
Avenida Calle 24 No. 52 – 01
Bogotá DC, Colombia
Correo-e: hernando.toro@fiscalia.gov.co>
Señor Director:
Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación por la impunidad respecto a las continuas amenazas y ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y del territorio, la tierra y el medioambiente en Colombia y, en particular, contra la membresía de las organizaciones Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (FEDEPESAN) y de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), ubicadas en la ciudad de Barrancabermeja. Nos preocupa profundamente ver que los grupos armados en activo en esta región han amenazado directamente a estas organizaciones, declarándolas “objetivo militar” y estigmatizándolas como colaboradoras con otros grupos criminales de la zona por denunciar la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y a la trata de personas, así como el daño medioambiental causado por empresas regionales. Nos preocupa especialmente el ataque que sufrió una miembro de CREDHOS en Barrancabermeja la noche del 13 de febrero de 2024, cuando lanzaron una granada dentro de su vivienda y resultaron heridos varios de sus familiares.
Amnistía Internacional viene documentando el riesgo al que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Colombia desde 2020. A pesar de los llamamientos públicos y de la exposición de nuestros motivos de preocupación, tanto en reuniones presenciales con las autoridades como a través de acciones en redes sociales y plataformas digitales, estas personas y sus comunidades continúan recibiendo amenazas y ataques por el simple hecho de defender sus derechos. Me preocupa que la respuesta del Estado para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro —también para asegurar que los crímenes que sufren no queden impunes— sea insuficiente.
Lo insto a que actúe con la mayor diligencia con miras al cumplimiento efectivo del deber de la Fiscalía General de la Nación de investigar las amenazas y ataques contra miembros de CREDHOS y FEDEPESAN con el fin de determinar quiénes son los responsables de ordenar y perpetrar estos ataques y llevarlos ante la justica en juicios justos para prevenir así nuevas agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en la región del Magdalena Medio.
Atentamente,
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Envía copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en tu país
Embajada de Colombia en Madrid, España
C/ General Martínez Campos, 48
28010 Madrid
España
Fax: (+34) 91 310 28 69
Email:: emadrid@cancilleria.gov.co
Información adicional
El Magdalena Medio es un extenso valle situado entre las cordilleras colombianas y atravesado por el río principal de Colombia, el Magdalena. El petróleo es una de las principales fuentes de actividad económica de la región, ya que la mayor refinería del país opera en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, en el núcleo del Magdalena Medio. La zona también cuenta con industria agroalimentaria, minería y ganadería, entre otras actividades económicas. Debido a su ubicación y a la abundancia de recursos valiosos como el petróleo y el agua, la región se considera estratégica y ha sido objeto de continuas controversias entre el Estado y los grupos armados presentes en el país. El Magdalena Medio también ha sido escenario de procesos sostenidos de movilización popular y trabajo de incidencia en materia de derechos humanos durante décadas. La combinación de movimientos sindicales, feministas, populares y de defensa de los derechos humanos ha creado situaciones de afirmación y resistencia particularmente intensas. Este hecho, sumado a las disputas por el control territorial, político y económico de la región a manos de grupos de interés y facciones armadas, ha propiciado un caldo de cultivo para las amenazas y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos que perdura desde la década de 1980 como mínimo. En 2023 se registraron en el Magdalena Medio niveles alarmantes de violencia contra la población civil, especialmente homicidios, en un contexto de reorganización de al menos cuatro grupos armados presentes en la región.
FEDEPESAN desarrolla su labor en la ciénaga San Silvestre, en las inmediaciones de Barrancabermeja. Ha denunciado la contaminación del agua por parte de empresas regionales y la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y la trata de seres humanos. En este contexto, la presidenta de FEDEPESAN, Yuli Velázquez, ha sufrido numerosas amenazas y ataques documentados por Amnistía Internacional, entre ellos una amenaza en noviembre de 2020, impactos de bala en su casa en enero de 2021, intimidaciones durante actividades de protesta en agosto de 2021, un ataque con arma de fuego en mayo de 2022 y otro ataque en julio de 2022 (que causó heridas a un escolta de su programa de protección). En febrero de 2021, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente tras las graves amenazas lanzadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el vicepresidente de FEDEPESAN. Amnistía Internacional ha documentado deficiencias en el funcionamiento del programa de protección que ofrece el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Yuli Velázquez, debido a su alto nivel de riesgo.
CREDHOS, también con sede en Barrancabermeja, se fundó en 1987 y cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional desde hace varios años. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares para CREDHOS debido a amenazas de grupos paramilitares. En 2016, la Unidad para las Víctimas del gobierno colombiano reconoció a CREDHOS como sujeto de reparación colectiva por haber sufrido, como colectivo, graves violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
Amnistía Internacional ha constatado que, en los últimos años, han persistido las amenazas y los ataques contra personas pertenecientes a CREDHOS como colectivo, vista la presencia de organizaciones armadas en el territorio en el que opera. En abril de 2021, Amnistía Internacional publicó una Acción Urgente en la que pedía protección para CREDHOS debido a las graves amenazas que habían recibido sus miembros entonces. La protección que ofrece actualmente el Estado es insuficiente para el nivel de amenaza colectiva al que viene enfrentándose CREDHOS en los últimos años. El 9 de febrero, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en la que pedía protección para CREDHOS tras las amenazas públicas contra el presidente de la organización aparecidas en panfletos de diferentes grupos armados de la región. El 14 de febrero, CREDHOS denunció públicamente que una mujer miembro de la organización había sido atacada la noche anterior cuando dos personas lanzaron y detonaron una granada en el interior de su vivienda, provocando heridas a varios de sus familiares.>
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