Primera AU: 12/24 | Índice: AMR 23/7694/2024 | Fecha: 13 de febrero de 2024 | Colombia

Acción Urgente

Colombia: LAS ORGANIZACIONES NECESITAN PROTECCIÓN FRENTE A LAS AMENAZAS

El 1 de febrero se emitió un “comunicado a la opinión pública” en nombre del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que se amenazaba de muerte a miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos, el territorio, la tierra y el medioambiente de la región colombiana del Magdalena Medio, entre otras la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (FEDEPESAN). En enero se había publicado otro escrito, esta vez en nombre del Bloque Magdalena Medio de las FARC, en el que se amenazaba al presidente de CREDHOS, entre otros defensores y defensoras de los derechos humanos. Llamamos a las instituciones del Estado colombiano a que brinden protección oportuna e integral a las organizaciones amenazadas.

Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo

Luis Fernando Velasco

Ministro del Interior

Carrera 8 No. 7-83,

Bogotá DC, Colombia

X: @velascoluisf

Señor ministro:

Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación por la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras del territorio, la tierra y el medioambiente en Colombia, en particular, de la membresía de las organizaciones Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (FEDEPESAN) y de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), ubicadas en la ciudad de Barrancabermeja. Nos preocupa profundamente ver que los grupos armados en activo en esta región del país han amenazado directamente a estas organizaciones, declarándolas “objetivo militar” y estigmatizándolas como colaboradoras con otros grupos delictivos de la zona.

Amnistía Internacional viene documentando el trabajo de defensa de los derechos humanos de estas organizaciones y su situación de riesgo desde 2020. A pesar de los llamamientos públicos y de la exposición de nuestros motivos de preocupación, tanto en reuniones presenciales con las autoridades como a través de acciones en redes sociales y plataformas digitales, estas personas y sus comunidades continúan recibiendo ataques por defender sus derechos, y la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.

Le insto a que actúe con la mayor diligencia con miras al cumplimiento efectivo del deber del Ministerio del Interior de coordinar las acciones encaminadas a ofrecer protección integral a las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ello incluye las medidas de protección dispuestas por la Unidad Nacional de Protección, la implementación de la política de protección colectiva instaurada en el Decreto 660 de 2018, el establecimiento de espacios para la coordinación interinstitucional y la colaboración con la sociedad civil (como la Mesa Territorial de Garantías del Magdalena Medio), la coordinación con las autoridades locales (municipios y provincias) encargadas de responder a emergencias y de proporcionar rutas de protección efectivas para las personas en situación de riesgo, así como la colaboración con otras entidades estatales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de conformar una respuesta integral del Estado.

Atentamente,

[NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en tu país

Embajada de Colombia en Madrid
Calle General Martínez Campos, 48
Fax : 91 310.28.69

Información adicional

El Magdalena Medio es un extenso valle situado entre las cordilleras colombianas y atravesado por el río principal de Colombia, el Magdalena. El petróleo es una de las principales fuentes de actividad económica de la región, ya que la mayor refinería del país opera en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, en el núcleo del Magdalena Medio. La zona también cuenta con industria agroalimentaria, minería y ganadería, entre otras actividades económicas. Debido a su ubicación y a la abundancia de recursos valiosos como el petróleo y el agua, la región se considera estratégica y ha sido objeto de continuas controversias entre el Estado y los grupos armados presentes en el país. El Magdalena Medio también ha sido escenario de procesos sostenidos de movilización popular y trabajo de incidencia en materia de derechos humanos durante décadas. La combinación de movimientos sindicales, feministas, populares y de defensa de los derechos humanos ha creado situaciones de afirmación y resistencia particularmente intensas. Este hecho, sumado a las disputas por el control territorial, político y económico de la región a manos de grupos de interés y facciones armadas, ha propiciado un caldo de cultivo para la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos que perdura desde la década de 1980 como mínimo. En 2023 se registraron en el Magdalena Medio cifras alarmantes de violencia contra la población civil, especialmente homicidios, en un contexto de reorganización de al menos cuatro grupos armados presentes en la región.

FEDEPESAN desarrolla su labor en la ciénaga San Silvestre, en las inmediaciones de Barrancabermeja. Ha denunciado la contaminación del agua por parte de empresas regionales y la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y la trata de seres humanos. En este contexto, la presidenta de FEDEPESAN, Yuli Velázquez, ha sufrido numerosas formas de violencia documentadas por Amnistía Internacional, entre ellas una amenaza en noviembre de 2020, impactos de bala en su casa en enero de 2021, intimidaciones durante actividades de protesta en agosto de 2021, un ataque con arma de fuego en mayo de 2022 y otro ataque en julio de 2022 (que causó heridas a un escolta de su programa de protección). En febrero de 2021, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente tras las graves amenazas lanzadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el vicepresidente de FEDEPESAN. Amnistía Internacional ha documentado deficiencias en el funcionamiento del programa de protección que ofrece el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Yuli Velázquez, debido a su alto nivel de riesgo.

CREDHOS, también con sede en Barrancabermeja, se fundó en 1987 y cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional desde hace varios años. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares para CREDHOS debido a amenazas de grupos paramilitares. En 2016, la Unidad para las Víctimas del gobierno colombiano reconoció a CREDHOS como sujeto de reparación colectiva por haber sufrido, como colectivo, graves violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado.

Amnistía Internacional ha constatado que, en los últimos años, han persistido las amenazas y la victimización de personas pertenecientes a CREDHOS como colectivo, vista la presencia de organizaciones armadas en el territorio en el que opera. En abril de 2021 Amnistía Internacional publicó ya una Acción Urgente en la que pedía protección para CREDHOS debido a las graves amenazas que habían recibido sus miembros entonces. La protección que ofrece actualmente el Estado es insuficiente para el nivel de amenaza colectiva al que viene enfrentándose CREDHOS en los últimos años.

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