Primera AU: 55/25: 55/25 | Índice: AMR 23/0259/2025 | Fecha: 11 de septiembre de 2025 | Colombia

Acción Urgente

Colombia: Que se proporcionen servicios de salud para el pueblo barí

Desde finales de agosto, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y otras organizaciones locales de la sociedad civil han dado la voz de alarma sobre un grave problema de salud en la comunidad barí de Bridikayra, en el Catatumbo (noreste de Colombia). Decenas de personas sufren fiebre, dolor y hemorragias y, el 26 de agosto, un niño murió tras presentar estos síntomas. El vivir alejada de centros urbanos y no contar con servicios de salud pone a esta comunidad en un peligro adicional. Pedimos a las autoridades sanitarias de Colombia que controlen urgentemente este brote con medidas que respeten el derecho del pueblo barí a la salud y al consentimiento previo e informado.

Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo

Guillermo Alfonso Jaramillo

Ministro de Salud y Protección Social

Carrera 13 No. 32-76

Bogotá DC, Colombia

Correo-e: correo@minsalud.gov.co

X: @MinSaludCol

Señor Ministro:

Me dirijo a usted para manifestarle mi honda preocupación por la situación de la salud del pueblo indígena barí en la región del Catatumbo, Norte de Santander, especialmente en la comunidad de Bridikayra, municipio de Convención. Organizaciones regionales como el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y nacionales como la Asociación Minga han advertido públicamente, a Amnistía Internacional entre otros, de que, desde finales de agosto, el pueblo barí sufre un problema de salud que pone en peligro las vidas de los miembros de la comunidad, que siguen sin tener garantizado el acceso a la atención médica.

Según estas organizaciones, decenas de personas sufren fiebre, dolor y hemorragias y, el 26 de agosto, un niño murió tras presentar estos síntomas. Las comunidades barí están situadas lejos de núcleos urbanos municipales en los que existen centros de salud, lo que obliga a sus miembros a recorrer largas distancias hasta lugares como Convención u Ocaña. Sin los recursos para transporte y alojamiento, estos viajes ponen aún más en peligro su salud. Al ser una comunidad indígena binacional (de Colombia y Venezuela), algunos miembros del pueblo barí no poseen documentos de identidad colombianos, lo que impone obstáculos injustificados a su acceso a la salud.

Esta situación está teniendo lugar en el contexto de un abandono histórico por parte de las instituciones estatales locales y nacionales, que no han garantizado una presencia civil ni han garantizado a la población del Catatumbo, incluido el pueblo barí, acceso a servicios básicos y a la protección de sus derechos humanos. Al contrario, el pueblo barí ha sido víctima reiteradamente de la violencia armada que sigue afectando a la región.

Le insto a emprender acciones inmediatas y efectivas para proteger los derechos del pueblo barí a la vida y a la salud. Esto incluye el acceso a servicios médicos, así como a la prevención, tratamiento y control de epidemias, mediante el establecimiento de centros médicos debidamente equipados en las comunidades barí, para que sus miembros no tengan que arriesgar la vida viajando durante horas para acceder a atención médica.Todas las medidas que se tomen deben ser adoptadas con el consentimiento previo e informado del pueblo barí.

Atentamente,

[NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en tu país

C/ General Martínez Campos, 48 28010 - MADRID
Teléfono: 91 700 47 70 Fax: 91 310 38 69
E-mail: emadrid@cancillería.gov.co

Información adicional

La región del Catatumbo está situada en el noreste de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, y se extiende entre los Andes orientales y las proximidades del lago de Maracaibo, en Venezuela. Es rica en recursos naturales, especialmente petróleo, pero se caracteriza por su pobreza extrema, una alta militarización, violencia armada y falta de acceso a servicios de salud, alimentos, educación, agua y vivienda. Estas condiciones han creado un entorno hostil para el liderazgo local y la defensa de los derechos humanos. La región carece también de infraestructura y conexión con el resto de Colombia y sigue siendo uno de los principales enclaves del país para el cultivo de coca y la producción y el tránsito de cocaína.

Amnistía Internacional lleva varios años vigilando la violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el Catatumbo, concentrándose en el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA). En 2020 y 2023, Amnistía documentó las dificultades de defender los derechos colectivos a la tierra, el territorio y el medioambiente en la región, y destacó cómo la pobreza extrema y la falta de acceso a los derechos económicos y sociales crean un entorno tenso y hostil, especialmente para quienes ejercen el liderazgo social.

La sociedad civil del Catatumbo se compone principalmente de organizaciones campesinas y del pueblo indígena barí. Este pueblo indígena vive en la Serranía del Perijá y cerca del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, en el norte de la región y a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela. Las comunidades barí están situadas en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo (El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), pero están lejos de los núcleos urbanos de los municipios, donde se concentran las pocas instituciones estatales civiles presentes en el Catatumbo. Desde finales de agosto, organizaciones regionales como CISCA y organizaciones nacionales como la Asociación Minga han advertido de la crítica crisis de salud que afecta al pueblo barí, y han destacado el contexto de malnutrición infantil, pobreza y falta de acceso a servicios públicos que este pueblo indígena lleva años sufriendo.

La región del Catatumbo ha soportado decenios de enfrentamiento armado entre fuerzas militares y diversos grupos armados. Desde mediados de enero de 2025 han estallado enfrentamientos especialmente violentos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes del Frente 33 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), que ahora forman parte de un grupo denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Estos enfrentamientos han tenido un fuerte impacto en la población civil, y han causado decenas de muertes y decenas de miles de desplazamientos forzosos. Desde el principio de esta crisis, Amnistía Internacional ha pedido, mediante una Acción Urgente y una declaración pública, la protección de la población civil, y también ha condenado, mediante una segunda Acción Urgente, las declaraciones estigmatizadoras realizadas por el presidente de la República, que afirmó que las organizaciones de la sociedad civil del Catatumbo estaban “permeadas por las armas” y “subordinadas a las armas”, unos comentarios que ponen a las comunidades en grave peligro.

Amnistía Internacional y varias organizaciones de la sociedad civil colombianas han pedido al gobierno que apoye e implemente soluciones estructurales basadas en una mayor presencia de las instituciones estatales civiles, somo el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, que debería establecerse con la inclusión y la participación de las organizaciones locales de la sociedad civil, incluidas las autoridades del pueblo indígena barí.

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