Primera AU 57/24: 57/24 | Índice: AMR 13/8184/2024 | Fecha: | Argentina
Acción UrgenteCRIMINALIZADAS 33 PERSONAS EN ARGENTINA POR PROTESTAR
Una violenta operación policial lanzada durante las protestas del 12 de junio se saldó con la detención arbitraria de 33 personas que fueron acusadas de varios delitos, entre ellos atentados al orden constitucional y a la vida democrática. Instamos a la fiscalía a retirar de inmediato los cargos contra estas personas.
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Al fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4
Dr. Carlos Stornelli
Correo-e: fiscrf4-nac@mpf.gov.ar
Señor Fiscal:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la criminalización de 33 personas que se manifestaban pacíficamente contra la ampliamente conocida “Ley de Bases” en Buenos Aires el 12 de junio. Entre las personas detenidas había estudiantes de universidad, personas que se dedican a la venta callejera y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Los testimonios procedentes de fuentes públicas han revelado que la operación policial incluyó el uso ilegítimo de armas “menos letales”, como sustancias químicas irritantes o balas de goma, que hirieron innecesariamente a muchas personas que necesitaron atención médica. Amnistía Internacional documentó también los casos de Santiago Adano, Juan Ignacio Spinetto y Camila Juárez Oliva, todos ellos detenidos después, e incluso antes, de participar en las manifestaciones, lo que podría constituir detención arbitraria. Pese a que se ha liberado a 28 personas, me alarma que el grupo entero siga criminalizado.
Las acciones violentas de algunas personas durante las manifestaciones no privan a las demás de su derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. Le recuerdo respetuosamente su obligación de llevar a cabo sus procedimientos de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, para evitar el uso ilegítimo del Código Penal como represalia por la disidencia.
También temo el efecto disuasorio que estos casos pueden tener sobre la libertad de expresión de la sociedad argentina en un contexto en el que las máximas autoridades del país han atacado públicamente las críticas y la divergencia de opiniones.
Habida cuenta de las obligaciones internacionales y nacionales contraídas por el Estado argentino de respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pública de todas las personas, le pido que retire urgentemente los cargos contra las 33 personas detenidas por protestar el 12 de junio y que se ponga en libertad de inmediato a las que permanecen en prisión.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Argentina acreditada en tu país
C/ Fernando el Santo, 15, 1ª planta . 28010 - MADRID
Teléfono: 91 771 05 00 // 19 .-. Fax: 91 771 05 26
E-mail: eespa@mrecic.gov.ar
Información adicional
Desde que el nuevo gobierno ocupó su cargo en Argentina en diciembre de 2023, han estallado manifestaciones en gran escala para protestar contra los recortes fiscales y el menoscabo de los derechos humanos. Frente a este telón de fondo, se han implementado normativas muy preocupantes que criminalizan a las personas que se manifiestan y permiten el uso ilegítimo de la fuerza ilegítima contra ellas. Al mismo tiempo, se han celebrado varias manifestaciones en las que la policía ha reprimido violentamente, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, a quienes participaban en ellas.
Además, las autoridades propugnan abiertamente más represión y desalientan el ejercicio de la protesta reforzando la idea de que las protestas deben ser criminalizadas. El 12 de junio de 2024, mientras el Senado argentino debatía el proyecto de ley de la “Ley de Bases”, organizaciones sociales, políticas y sindicales se congregaron en las cercanías del Congreso de la Nación para oponerse al proyecto de ley, ejerciendo su derecho a la protesta.
La respuesta del Estado a esta gran manifestación siguió la aplicación del reciente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación y publicado el 12 de diciembre de 2023. En la operación participaron la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la policía de la ciudad de Buenos Aires. La operación se caracterizó por el uso ilegítimo de armas menos letales (sustancias químicas irritantes, porras de empuñadura lateral, balas de goma o cañones de agua, que causaron lesiones injustificadas a manifestantes), detenciones arbitrarias y ataques contra personal de medios de comunicación. También incluyó la presencia de numerosos camiones con cañones de agua y fuerzas motorizadas y de infantería, que impidieron el paso en todos los alrededores del Congreso de la Nación. También se vieron en la zona policías sin uniforme y miembros de la Prefectura Naval que portaban armas de fuego.
En este contexto, 33 personas fueron detenidas arbitrariamente, según sus abogados y las organizaciones de la sociedad civil. Amnistía Internacional documentó los casos de Santiago Adano, Camila Juárez Oliva y Juan Ignacio Spinetto. Santiago Adano es un músico de 38 años, Camila es una estudiante universitaria de 33 años, y Juan Ignacio Spinetto es un abogado y profesor de 44 años. Los tres fueron detenidos y acusados de ataques al orden constitucional y la vida democrática, entre otros diez delitos. Santiago y Camila ni siquiera tuvieron ocasión de participar en las manifestaciones. Santiago salía del metro cuando fue detenido, mientras que Camila fue detenida a diez calles del lugar de la manifestación. Juan fue detenido en San Telmo, a más de tres kilómetros de la manifestación, cuando regresaba a su casa para escapar de la represión.
Santiago fue puesto en libertad el viernes, pero los procedimientos penales contra él continúan. Camila y Juan continuaron detenidos, junto con otras 14 personas a las que se les negó la liberación sin justificación suficiente, hasta el 18 de junio. Cinco personas permanecen bajo custodia.
Todas fueron acusadas de delitos de intimidación pública (art. 211 del Código Penal), incitación a la violencia colectiva (art. 212 del Código Penal), delitos contra las autoridades públicas y el orden constitucional (art. 226 del Código Penal), atentado y resistencia contra la autoridad (art. 237 y 239 del código penal) y alteración del orden público en sesiones de cuerpos legislativos (art. 241 del Código Penal), entre otros cargos. El ministro de Seguridad y el presidente de la Nación afirmaron públicamente que la protesta era una forma de golpe de Estado y que las personas detenidas eran “terroristas”. Se mantienen los cargos contra las 33 personas detenidas
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