Primera AU 047/24: 047/24 | Índice: AMR 41/8075/2024 | Fecha: | México
Acción UrgenteDEFENSORAS ESPIADAS POR LAS AUTORIDADES
En 2016, el personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR) de México y ahora denominada Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) de México, investigó ilegalmente y sometió a vigilancia selectiva a las defensoras de los derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, en relación con su trabajo con familiares de personas migrantes desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas. Instamos a las autoridades mexicanas a detener toda investigación arbitraria e ilegal, vigilancia selectiva y acción criminal contra estas tres defensoras.
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Fiscal General de México Alejandro Gertz Manero
Dr. Velasco, Número 175
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc
06720, Ciudad de México
México
X: @FGRMexico
Correo-e: alejandro.gertz@fgr.org.mx
Fiscal General de México:
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la situación de la defensora de los derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la experta forense independiente Mercedes Doretti, que fueron objeto de investigación y vigilancia selectiva en 2016 en el marco del expediente de los responsables de la masacre de 196 personas migrantes encontradas en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, una masacre conocida como "las fosas de San Fernando”. Las tres mujeres han trabajado incansablemente a través de sus diferentes disciplinas para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.
Amnistía Internacional ha concluido que el uso, por parte de las autoridades, de la vigilancia selectiva contra ellas fue contrario tanto a las normas internacionales como a la legislación nacional. En particular, la decisión no se basó en una sospecha razonable con elementos suficientes que señalaran la implicación de las tres mujeres en la delincuencia organizada, y no cumplió el requisito de que una autoridad judicial independiente dictara órdenes judiciales al respecto. La vigilancia contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes hace temer que estas mujeres hayan podido ser blanco de esas acciones por su labor de derechos humanos y sus opiniones críticas con el gobierno. Amnistía Internacional ha concluido que la SEIDO violó los derechos de las tres mujeres a la privacidad, la libertad de expresión, la no discriminación y el debido proceso, así como su derecho a defender los derechos humanos.
Los responsables de ordenar aquella vigilancia selectiva no han sido procesados ni castigados. Hasta el momento, se desconoce si la vigilancia y la investigación de estas tres mujeres continúa. Todas siguen bajo la amenaza constante de que su proceso judicial continúe y de que tengan que enfrentarse a un juicio que no cumpla las salvaguardias internacionales.
Por tanto, le insto a cerrar toda investigación contra Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti que se derive de su trabajo de derechos humanos y a poner fin a toda forma de vigilancia contra ellas. También le insto a abrir una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre las autoridades implicadas en la criminalización y la vigilancia ilegal de estas mujeres.
Atentamente,
[NOMBRE]
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Carrera de San Jerónimo, 46. 28014 - MADRID
Teléfono: 91 369 28 14 Fax: 91 420 22 92
E-mail: comunicacionesesp@sre.gob.mx
Información adicional
San Fernando es un municipio del estado de Tamaulipas situado en la frontera norte de México, donde están presentes, según se ha informado, los grupos criminales conocidos como Los Zetas y el Cártel del Golfo, y donde las personas migrantes, solicitantes de asilo y víctimas de desplazamiento forzado transitan de camino a Estados Unidos. En agosto de 2010 se hallaron los cadáveres de 72 migrantes, principalmente de América Central y del Sur, en un campo abierto en las cercanías de este municipio. Según las autoridades mexicanas, las víctimas habían sido secuestradas por el cártel de Los Zetas y recluidas en un rancho. Cuando se negaron a trabajar para el grupo, las mataron, ataron sus cadáveres por las manos y las dejaron a la intemperie. En la misma localidad, en abril de 2011, unos miembros del ejército encontraron en 48 fosas clandestinas los cadáveres de 196 personas de diversas nacionalidades que, según una investigación oficial, habían desaparecido y habían sido asesinadas y enterradas en fosas clandestinas, posiblemente por el mismo cártel de Los Zetas en connivencia con la policía municipal.
Ana Lorena Delgadillo es fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), una organización que proporciona asistencia letrada a las familias afectadas por la masacre, Marcela Turati es una de los principales periodistas que informaron sobre los hechos, y Mercedes Doretti era la experta independiente y fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense que analizó los restos hallados en las fosas clandestinas. Las tres fueron procesadas por la SEIDO, perteneciente a la PGR. Dentro de la investigación penal de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, las tres fueron investigadas y puestas bajo vigilancia para obtener su información personal, incluidos sus registros telefónicos y otra información privada.
La criminalización de estas tres defensoras de los derechos humanos ha tenido un efecto disuasorio que desalienta a la gente a la hora de defender los derechos humanos.
En el informe Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México, publicado en mayo de 2024, Amnistía Internacional documentó de qué manera el personal de la SEIDO, perteneciente a la PGR, desvió recursos de la investigación sobre una de las violaciones más graves de derechos humanos, conocida como “las fosas de San Fernando” o “San Fernando II”, para someter a vigilancia selectiva a Ana Lorena, Marcela y Mercedes. Al hacerlo, el Estado mexicano violó los derechos de las tres mujeres a la privacidad, la libertad de expresión, la no discriminación y el debido proceso, así como su derecho a defender los derechos humanos.
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