Segunda AU: 055/22 | Índice: MDE 12/6564/2023 | Fecha: | Egipto
Acción UrgenteEgipto: IMPONEN DURAS PENAS DE PRISIÓN A UNA PAREJA ENCARCELADA INJUSTAMENTE
El 5 de marzo, un tribunal de excepción condenó a Aisha el Shater y a su esposo, el abogado Mohamed Abo Horeira, a 10 y 15 años de prisión, respectivamente. Tras un juicio manifiestamente injusto, fueron declarados culpables de cargos falsos por ejercer pacíficamente sus derechos humanos y por sus lazos familiares. Las autoridades egipcias han estado sometiendo a Aisha el Shater a tortura al mantenerla recluida en régimen de aislamiento prolongado y negarle el acceso a una atención médica adecuada para un grave problema de salud que padece. La pareja también tiene prohibidas desde hace más de cuatro años las visitas de familiares. También ha aumentado la preocupación por el bienestar de Mohamed Abo Horeira debido a las alarmantes denuncias de tortura y otros malos tratos en la prisión de Badr 3, donde está recluido.
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Presidente Abdel Fatah al Sisi
President Abdelfattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace, Cairo,
Egipto
Correo-e: p.spokesman@op.gov.eg
Twitter: @AlsisiOfficial
Señor Presidente:
El 5 de marzo, el Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción condenó a Aisha el Shater, de 42 años e hija del alto cargo de la Hermandad Musulmana Jairat el Shater, y a su esposo, el abogado Mohamed Abo Horeira, a 10 y 15 años de prisión, respectivamente, tras declararlos culpables de cargos falsos derivados de su labor de derechos humanos y su disidencia pacífica. El tribunal también condenó a Ezzat Ghoniem, fundador del grupo de derechos humanos Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades (ECRF, por sus siglas en inglés), a la abogada de derechos humanos Hoda Abdelmoniem y a otras 26 personas, a penas de cárcel de entre 5 años y cadena perpetua; una persona fue absuelta. El tribunal también resolvió añadir a las 30 personas condenadas a la "lista de terroristas”, lo que acarrea el bloqueo de activos, la prohibición de viajar y les impone la libertad condicional bajo vigilancia policial durante los 5 años posteriores a su salida de prisión. Su juicio, al que los medios de comunicación egipcios llamaron "causa ECRF” y que comenzó el 11 de septiembre de 2022, fue manifiestamente injusto ya que a las personas acusadas se les negaron los derechos a una defensa adecuada, a no inculparse y a una revisión auténtica por un tribunal superior. Tras pasar más de cuatro años en una detención preventiva de carácter abusivo, las personas objeto de procesamiento fueron acusadas en agosto de 2022 de diversos cargos, entre ellos unirse, financiar y apoyar a un grupo terrorista (la Hermandad Musulmana) y difundir, a través de la página de Facebook de la ECRF, “noticias falsas” sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Las sentencias dictadas por los Tribunales de Seguridad del Estado son firmes y contra ellas no cabe apelación.
Aisha el Shater, que padece anemia aplásica, un trastorno grave y poco común que afecta a la sangre, ha permanecido recluida en la clínica de la prisión de mujeres de Al Qanater desde diciembre de 2020, y las autoridades se han negado a trasladarla a un hospital externo adecuadamente equipado donde se garantice que recibe el tratamiento continuo y especializado que necesita. Mohamed Abo Horeira está recluido en la prisión de Badr 3, donde han aumentado los indicios de que la población reclusa sufre abusos. Desde que, en noviembre de 2018, Aisha el Shater y Mohamed Abo Horeira fueron arrestados, las autoridades les han prohibido recibir visitas, así como comunicaciones escritas o telefónicas, de sus familiares y abogados. Este trato vulnera la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
Lo instamos a que garantice que Aisha el Shater y Mohamed Abo Horeira, así como las demás personas condenadas en relación con la Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades, son puestos en libertad inmediata e incondicional y que se anulan sus sentencias condenatorias y las penas que se les han impuesto, ya que se deben únicamente al ejercicio pacífico de sus derechos humanos o de su disidencia. Le pedimos que, hasta que queden en libertad, se asegure de que ambos disponen de los medios necesarios para comunicarse periódicamente con su familia y sus abogados, y de acceso a atención médica adecuada, fuera de la cárcel si es preciso.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Egipto acreditada en tu país
Dirección: calle Velázquez, 69.
Fax: 915 781 732.
Telex: 42389-TALA-E.
embajadaegiptomadrid@gmail.com
Información adicional
El 1 de noviembre de 2018, Aisha el Shater y su esposo, Mohamed Abo Horeira, fueron detenidos en su domicilio de Ciudad Nasr, en El Cairo. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que Aisha el Shater fue sometida a desaparición forzada durante 20 días, periodo durante el cual permaneció recluida en la sede de la Agencia de Seguridad Nacional situada en el barrio de Abbasiya, en El Cairo, donde le propinaron palizas y le aplicaron descargas eléctricas. El 21 de noviembre de 2018, Aisha compareció ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, que ordenó su detención en espera de juicio por acusaciones relacionadas con el terrorismo. Antes de su detención, Aisha se había pronunciado en su cuenta de Facebook sobre las violaciones de derechos humanos que tenían lugar en Egipto, como desapariciones forzadas y actos de tortura y otros malos tratos. Antes de ser arrestado, el abogado Mohamed Abo Horeira representaba a personas detenidas sospechosas de pertenecer a la Hermandad Musulmana. Tras su detención, fue recluido durante casi cuatro meses en un lugar no revelado donde fue objeto de amenazas y donde recibió golpes en la cabeza mientras estaba esposado y con los ojos vendados. El 1 de noviembre de 2018, tras las detenciones de Aisha el Shater, de Mohamed Abo Horeira y de otros 29 activistas y abogados de derechos humanos, la Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades (ECRF, por sus siglas en inglés), entidad que documentaba las desapariciones forzadas y el uso de la pena de muerte y prestaba asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos, anunció la suspensión de su actividad.
Las autoridades de la prisión de mujeres de Al Qanater mantuvieron a Aisha el Shater recluida en régimen de aislamiento en una celda pequeña y mal ventilada, sin retrete, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2020. Aisha el Shater padece anemia aplásica, un trastorno grave y poco común que afecta a la sangre y aumenta el riesgo de infecciones y de hemorragias incontroladas. Pese a ello, las autoridades le niegan el acceso a atención médica especializada y adecuada en un hospital externo. Su salud se deterioró bajo custodia, y en octubre de 2019 ingresó —esposada— en dos ocasiones en el hospital de Al Qasr al Ainy, con sangrado abundante, y recibió una transfusión de plaquetas. Durante la vista del juicio celebrada el 15 de mayo de 2022, el Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción ordenó que Aisha el Shater fuera examinada por un comité de tres médicos para determinar si necesita someterse a tratamiento fuera de la prisión. Aisha tiene prohibido comunicarse con el exterior, por lo que su familia y sus abogados no tienen información alguna acerca de si ese examen se ha llevado a cabo.
Desde febrero de 2023 han aumentado los motivos de preocupación relativos a las condiciones de reclusión en la prisión de Badr 3, a unos 70 kilómetros al este de El Cairo, en un contexto en el que cartas filtradas de personas presas indican que hay una proliferación de intentos de suicidio entre la población reclusa, que ha estado siendo objeto de tortura y otros malos tratos, como la negación deliberada de atención médica, la exposición a frío extremo, videovigilancia permanente, y una exposición constante a luces brillantes las 24 horas del día. Las cartas de las personas presas describen un panorama aterrador de gente hambrienta recluida en régimen de aislamiento, cuya desesperación, provocada por las injusticias sufridas durante años, ha dado lugar a algunos intentos de suicidio y a huelgas de hambre. La preocupación aumentó aún más a raíz de que algunas personas recluidas en Badr 3 denunciaran durante una vista de prolongación de su detención, celebrada el 13 de marzo de 2023, haber sido desnudadas y golpeadas. Desde que el Complejo Penitenciario de Badr entró en funcionamiento a mediados de 2022, las autoridades han prohibido recibir visitas de familiares a todas las personas recluidas en Badr 3. Las autoridades penitenciarias también prohíben a la población reclusa mantener cualquier comunicación telefónica o escrita con sus familiares, con lo que en la práctica la están sometiendo a detención incomunicada. Al estar las personas detenidas aisladas del mundo exterior, se tiene poca información sobre su situación actual en un clima de preocupación por su bienestar y su salud mental, y de denuncias de que las autoridades penitenciarias están sometiendo a las personas presas a medidas punitivas por quejarse del trato que reciben, por ejemplo, trasladar a algunas de ellas a ubicaciones desconocidas y recluir en régimen de aislamiento a otras. Las autoridades penitenciarias también se niegan a aceptar la entrega de alimentos, ropa u otros productos esenciales enviados por familiares a las personas presas, a pesar de una constante bien documentada consistente en que las autoridades penitenciarias no proporcionan a las personas bajo su custodia suficiente comida, agua potable, productos básicos de higiene personal, ropa adecuada ni sábanas.
El 25 de octubre de 2021, el presidente Abdel Fatah al Sisi anunció que no ampliaría el estado de excepción, vigente desde 2017, que permitía la creación de Tribunales de Seguridad del Estado especiales para dicho estado. El artículo 19 de la ley que rige el estado de excepción dispone que los juicios en curso continuarán incluso cuando el estado de excepción ya no esté vigente. Los procedimientos en los Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción son intrínsecamente injustos. A las personas acusadas se les niega el derecho a apelar contra su sentencia y contra su condena ante un tribunal superior independiente. El presidente es el único que tiene la facultad de autorizar, anular o conmutar condenas u ordenar un nuevo juicio. Durante la investigación y los procedimientos judiciales, que comenzaron el 11 de septiembre de 2022, a las personas acusadas en la “causa ECRF” se les prohibió hablar con sus abogados en privado. Varias de ellas fueron interrogadas por la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado sin que estuvieran presentes sus abogados. Las vistas judiciales se celebraron en secreto en el Complejo Penitenciario de Badr. Se prohibió a observadores, miembros de la ciudadanía, y familiares de las personas encausadas asistir a las vistas. Los abogados también dijeron que no se les permitió acceder a los expedientes de caso de sus clientes durante la investigación. Asimismo, afirmaron que el tribunal se basó en testimonios presenciales de agentes de la Agencia de Seguridad Nacional, los cuales fueron aceptados sin que se efectuara un contrainterrogatorio adecuado, y que no se permitió a todas las personas encausadas hablar durante la vista.
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