Undécima AU: 132/19 | Índice: MDE 12/6195/2022 | Fecha: 10 de noviembre de 2022 | Egipto

Acción Urgente

Egipto: TEMOR POR PRESO EN HUELGA DE HAMBRE EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN

El preso de conciencia egipcio-británico y destacado activista Alaa Abdel Fattah está recluido en régimen de incomunicación, y las autoridades se niegan a permitir que su familia o su abogado lo vean o se pongan en contacto con él. En la última carta que envió a su familia el 31 de octubre, anunció que iba a intensificar su prolongada huelga de hambre dejando de ingerir calorías a partir del 1 de noviembre y de consumir agua desde el 6 del mismo mes. El 10 de noviembre, tras días de agonía esperando una carta suya a las puertas de la prisión de Wadi al Natrun, un agente de seguridad comunicó a su madre que estaba siendo sometido a una “intervención médica”. No dio más detalles sobre su ubicación y bienestar y le indicó que no siguiera viniendo. Ese mismo día, agentes de seguridad denegaron al abogado de Alaa la autorización con que contaba para visitarlo, a pesar haberla emitido la fiscalía.

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Presidente Abdel Fattah al Sisi
President Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President Al Ittihadia Palace
Cairo, República Árabe de Egipto
Correo-e: p.spokesman@op.gov.eg
Twitter: @AlsisiOfficial
Señor Presidente:

Le escribo para expresarle mi profunda preocupación por la suerte del activista egipcio-británico detenido arbitrariamente Alaa Abdel Fattah y le insto a que lo ponga en libertad inmediatamente. Durante más de 200 días ha estado ingiriendo sólo 100 calorías al día para protestar por su encarcelamiento injusto y por la denegación de visitas consulares. El 31 de octubre, en una carta dirigida a su familia, anunció que iba a intensificar su huelga de hambre dejando de ingerir calorías el 1 de noviembre y dejando de consumir agua el 6 de noviembre. Las autoridades se han negado a permitir que la familia o el abogado de Alaa lo vean o se pongan en contacto con él, así como a proporcionar información detallada sobre su salud, su suerte y su paradero. Las autoridades han prohibido cualquier contacto con la familia desde el 31 de octubre. Entre el 7 y el 9 de noviembre, Laila Soueif —madre de Alaa— acudió diariamente a la prisión de Wadi al Natrun para entregar correspondencia y recoger una carta de su hijo y se marchó sin recibir ninguna noticia. El 10 de noviembre, un agente de seguridad le dijo que se había producido una “intervención médica” con conocimiento de las autoridades judiciales, pero no le dio más detalles y le indicó que no volviera a acudir a la prisión. Ese mismo día, agentes de seguridad negaron al abogado de Alaa poder visitarlo, haciendo caso omiso de una autorización de la fiscalía emitida en la noche del 9 de noviembre. Teniendo en cuenta la bien documentada práctica de denegación de asistencia sanitaria adecuada en la cárcel, me preocupa que las decisiones médicas sobre la asistencia sanitaria de Alaa no sean tomadas por profesionales médicos independientes con arreglo a la ética médica y sin coacción ni injerencia de las autoridades.

Alaa Abdel Fattah fue arrestado por última vez en septiembre de 2019, fue sometido a tortura y otros malos tratos, y fue declarado culpable por un tribunal de excepción en diciembre de 2021 por cargos falsos derivados únicamente del ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Es preso de conciencia y nunca debió ser detenido. Las autoridades encargadas de su custodia son en, última instancia, responsables de su vida.

Lo insto a dejar en libertad, de inmediato y sin condiciones, a Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker, pues se hallan recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Mientras tanto, las autoridades egipcias deben revelar inmediatamente información sobre el estado de salud de Alaa y su paradero, y permitir que su familia, sus abogados y los funcionarios consulares del Reino Unido lo visiten de inmediato y permitan llamadas telefónicas periódicas. Las autoridades deben protegerlo de la tortura y otros malos tratos y concederle urgentemente acceso a una atención médica adecuada, en un centro de elección de su familia donde pueda ser tratado por profesionales médicos cualificados en cumplimiento de la ética médica, incluidos los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento informado.

Atentamente,

[NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Egipto acreditada en tu país

Embajada de Egipto en Madrid, España
C/ Velazquez, 69
28006 Madrid
España
Fax(+34) 91 578 17 32
Email: embajadaegiptomadrid@gmail.com

Información adicional

Alaa Abdel Fattah, conocido activista político muy crítico con el gobierno, ha sido detenido en repetidas ocasiones en la última década, especialmente por su participación en el levantamiento de 2011. Mohamed Baker es abogado de derechos humanos y director del Centro Adalah de Derechos y Libertades, que fundó en 2014. Ambos llevan detenidos desde el 29 de septiembre de 2019 a la espera de investigaciones por los cargos de “ingresar en un grupo terrorista”, “financiar un grupo terrorista”, “difundir noticias falsas que menoscaban la seguridad nacional” y “utilizar las redes sociales para cometer un delito de publicación”, en la causa núm. 1356/2019 de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, una sección de la Fiscalía General especializada en la investigación de amenazas contra la seguridad nacional. La Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado abrió investigaciones contra ellos por cargos similares en una nueva causa, la núm. 1228/2021, en una estrategia que las autoridades cada vez utilizan más, denominada “rotación”, para eludir el límite máximo de prisión en espera de juicio que permite la ley egipcia (dos años) y prolongar indefinidamente la detención de activistas. El juicio de Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker en la causa núm. 1228/2021 comenzó el 28 de octubre de 2021. Junto con ellos había otro acusado, el bloguero y activista Mohamed Ibrahim Radwan “Oxygen”, que también fue declarado culpable del cargo de “difusión de noticias falsas” en relación con unas publicaciones en redes sociales y condenado a cuatro años de encarcelamiento. Las actuaciones ante los tribunales de excepción son inherentemente injustas porque sus sentencias no están sujetas a apelación ante un tribunal superior. Los acusados también se vieron privados del derecho a una defensa adecuada porque se impidió que sus abogados mantuvieran comunicaciones privadas con ellos y fotocopiaran los expedientes, las actas de acusación formal y las sentencias. El 3 de enero de 2022, el presidente Abdel Fattah al Sisi ratificó la sentencia dictada contra los tres. Un documento que ha visto Amnistía Internacional indicaba que la condena comenzaba a partir de la fecha de ratificación y no en la fecha de su detención.

Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker permanecieron recluidos en condiciones inhumanas en la Prisión 2 de Máxima Seguridad de Tora, en El Cairo, hasta mayo de 2022. Las autoridades penitenciarias los mantuvieron recluidos en celdas pequeñas y mal ventiladas, privándoles de camas y colchones. A diferencia de otros presos, no tenían permiso para hacer ejercicio en el patio de la prisión ni para utilizar la biblioteca o recibir libros o periódicos del exterior de la cárcel pagándolos de su bolsillo. Además, les negaron ropa adecuada, así como la posibilidad de tener radio, reloj, acceso a agua caliente y cualquier objeto personal, incluidas fotos familiares. El 12 de mayo, Alaa Abdel Fattah dijo a su madre que el subdirector de la Prisión 2 de Máxima Seguridad de Tora lo había golpeado mientras estaba esposado. El 18 de mayo de 2022 fue trasladado a la prisión de Wadi al Natrun a raíz de la importante presión de la opinión pública. El 2 de octubre, Mohamed Baker fue trasladado a la prisión de Badr 1. A su esposa le permitieron visitarlo sin barrotes entremedias por primera vez en dos años, y a él, acceder a la luz del sol por primera vez en tres años. Las autoridades penitenciarias que les prohíben realizar llamadas telefónicas en la cárcel están actuando en contra del artículo 38 de la Ley 38 396/1956 de Prisiones y de las obligaciones de Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática que las autoridades egipcias niegan una atención sanitaria adecuada a las personas presas y ha planteado en anteriores ocasiones su preocupación por la independencia del personal médico —que depende del Ministerio del Interior— en las cárceles egipcias. Esto incluye la preocupación por las injerencias de agentes de prisiones y de las fuerzas de seguridad en las evaluaciones médicas de las personas presas y en las decisiones sobre su atención médica, además de los retrasos o la negativa a trasladar a los presos gravemente enfermos a centros externos para su tratamiento. Así las cosas, hay buenos motivos para creer que las decisiones sobre la atención a la salud de Alaa no serán tomadas por profesionales médicos independientes con arreglo a la ética médica y sin coacción ni injerencia de las autoridades.

Desde que el presidente reactivó el Comité de Indultos Presidenciales en abril de 2022, las autoridades egipcias han excarcelado a destacados presos de conciencia y otros cientos de personas recluidas por motivos políticos. No obstante, miles de personas permanecen detenidas arbitrariamente sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos o tras juicios manifiestamente injustos o sin fundamento jurídico. Desde el 25 de octubre, decenas de personas han sido arrestadas, interrogadas por la fiscalía, y se ha ordenado su prisión preventiva a la espera de investigaciones relacionadas con sus llamamientos a protestar pacíficamente durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que se celebra en en Sharm el-Sheij del 6 al 18 de noviembre. Desde el comienzo de la COP27, una multitud de voces ha pedido a las autoridades egipcias que liberen a Alaa. El 8 de noviembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su profundo pesar por el hecho de que siguiera detenido y pidió su inmediata liberación, además de instar a las autoridades a proporcionarle la atención sanitaria necesaria.

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