Primera AU 96/24: 96/24 | Índice: AMR 51/8710/2024 | Fecha: 6 de noviembre de 2024 | Estados Unidos

Acción Urgente

Estados Unidos: Alabama programa su sexta ejecución del año

Alabama ha programado la ejecución de Carey Grayson para el 21 de noviembre de 2024. En 1996, fue el último de cuatro jóvenes en ser declarado culpable de un asesinato cometido en 1994. En los cuatro juicios independientes, la fiscalía hizo uso de teorías incompatibles entre sí, que sostenían que cada uno de los acusados era el más culpable. En 2004, Alabama comunicó a la Corte Suprema de Estados Unidos que Carey Grayson no era el más culpable. Su condena a muerte es la única que ha perdurado en apelación. Carey Grayson tenía 19 años en el momento del delito y estaba saliendo de una infancia marcada por abusos, abandono y trastorno bipolar. Instamos a la gobernadora a conmutar su condena.

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Oficina de la Gobernadora Kay Ivey / The Office of Governor Kay Ivey
State Capitol, 600 Dexter Avenue
Montgomery, AL 36130, Estados Unidos
Correo-e: contact.governor.alabama.gov/contact.aspx
Fax: +1 334 353 0004

Señora Gobernadora:

Le escribo para instarla a que conceda el indulto a Carey Grayson, cuya ejecución está prevista para el 21 de noviembre de 2024 en Alabama. No pretendo en modo alguno restar importancia al violento crimen ni a sus devastadoras consecuencias.
Carey Grayson, que ahora tiene 50 años, fue uno de los cuatro jóvenes acusados que fueron declarados culpables de un asesinato cometido en febrero de 1994. En el momento del delito tenía 19 años y fue el último de los cuatro en ser enjuiciado. El fiscal afirmó que él era el “jefe de la manada”, aunque había formulado la misma afirmación en cada uno de los tres juicios previos de los otros acusados más jóvenes. Este uso de afirmaciones contradictorias contra los cuatro acusados infringió las Directrices de la ONU sobre la Función de los Fiscales y el derecho de Carey Grayson a presentar una defensa efectiva había sido menoscabado al haber impedido a sus abogados conocer el empleo de esta táctica en los tres primeros juicios. En 2004, el estado de Alabama sostuvo en la Corte Suprema de Estados Unidos que dos de los acusados más jóvenes, que también fueron condenados a muerte pero cuyas condenas fueron anuladas debido a su edad, eran “claramente tan culpables” como Carey Grayson, “si no más”.
En 1982, la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó que “la juventud no es simplemente un hecho cronológico. Es una época y un estado de la vida en que la persona puede ser especialmente susceptible a las influencias y a los daños psicológicos”. Al prohibir en 2005 la ejecución de personas menores de 18 años, la Corte señaló que las “cualidades que distinguen a los menores de los adultos no desaparecen cuando la persona cumple los 18 años”. Desde entonces, la investigación neurocientífica ha proporcionado pruebas adicionales concluyentes de que el desarrollo cerebral continúa hasta que la persona se adentra en la veintena, incluidas las partes del cerebro que permiten el control de los impulsos y el juicio razonado.
Carey Grayson padeció trastorno bipolar en su infancia y adolescencia, al igual que otros miembros de su familia, y aprendió a automedicarse con fármacos y alcohol para controlar sus síntomas. Tras la muerte violenta de su madre cuando él tenía 11 años, vivió con su padre maltratador, que lo expulsó de la casa cuando tenía 15 años. Sus últimos años de adolescencia se caracterizaron por el abandono, la carencia de hogar y el hambre, además de los síntomas y las consecuencias de su discapacidad mental. Uno de sus profesores en esa época recordó en 2008 que era “como un animal callejero” que “parecía necesitar cuidados y crianza básicos”. El psicólogo que llevó cabo una evaluación previa al juicio por orden del tribunal en 1995 consideró que, en el momento del delito, “debido a los efectos combinados de un episodio hipomaniaco y la ingestión de distintas sustancias”, Carey Grayson “habría tenido dificultades para ajustar su conducta a los requisitos de la ley”.
La insto a conceder el indulto a Carey Grayson y a conmutar su condena a muerte.
Atentamente,

(NOMBRE)

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C/ Serrano, 75 28006 – MADRID
Teléfono: 91 587 22 00 Fax: 91 587 23 03

Información adicional

El 21 de febrero de 1994, una mujer de 37 años fue asesinada cuando viajaba de Tennessee a la casa de su madre en Luisiana. Cuatro adolescentes la vieron haciendo autostop en una carretera del condado de Jefferson, cerca de Birmingham, Alabama, y se ofrecieron a llevarla a Luisiana. Los cuatro habían bebido alcohol y consumido drogas. Con el pretexto de tomar otro vehículo, llevaron a la mujer a una zona arbolada donde se le quitó la vida.
Los cuatro fueron juzgados por separado. Uno de ellos (LM), que tenía 16 años en el momento del delito, fue condenado a cadena perpetua. Los dos que tenían 17 años (KL y TD) fueron condenados a muerte, al igual que Carey Grayson, que en el momento del delito tenía 19 años. Las condenas a muerte de KL y TD quedaron reducidas a cadena perpetua tras prohibir la Corte Suprema de Estados Unidos la pena de muerte contra las personas menores de 18 años en el momento del delito (Roper vs. Simmons, 2005). La sentencia en el caso Roper reconoció la inmadurez, la impulsividad, la falta de criterio y la susceptibilidad de las personas jóvenes a “influencias negativas y presiones externas, incluida la presión de pares”. La Corte señaló que las “cualidades que distinguen a los menores de los adultos no desaparecen cuando la persona cumple los 18 años”. En la actualidad, como se detalla en una reseña de personas expertas de 2021, “la ciencia indica de forma inequívoca que las personas de 18, 19 y 20 años tienen más semejanzas que diferencias con las de 17 años en muchos aspectos importantes de la madurez conductual y cerebral, una conclusión a la que el sistema jurídico de Estados Unidos ya ha llegado en otros ámbitos”.
La sentencia en el caso Roper armonizó tardíamente la normativa de Estados Unidos con la prohibición de la pena de muerte contra personas menores de 18 años que establece el derecho internacional, un principio muy anterior en el tiempo a este caso. En una demostración de su desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos, Alabama fue uno de los estados que instaron a la Corte Suprema a no declarar ilegal esta práctica. El estado adjuntó un informe jurídico a la Corte en 2004 en el que planteaba los casos de los tres adolescentes condenados a muerte por el asesinato de 1994 en el condado de Jefferson. Alabama sostenía que “el corte arbitrario en los 18 años daría lugar, de forma absurda, a una norma constitucional que permitiría la pena capital para Grayson, que tenía 19 años en ese momento, pero no para [KL] y [TD], lo cuales tenían 17 pero claramente son tan culpables —si no más— de la muerte [de la víctima]”.
Carey Grayson fue el último de los cuatro acusados en ser juzgado. Antes de cualquiera de los juicios, sus abogados habían solicitado que se les facilitaran transcripciones de los otros juicios. El juez denegó la solicitud y sugirió que podían asistir en persona a los otros juicios, una alternativa que no podían permitirse, ni por tiempo ni por dinero. Esta denegación afectó al derecho a un juicio con garantías en virtud del derecho internacional para presentar una defensa eficaz y permitió que la fiscalía siguiera la táctica de promover teorías contradictorias sin que fueran impugnadas. El fiscal dijo a los miembros del jurado que Carey Grayson era el cabecilla de los cuatro, “el jefe de la manada”, que fue “el responsable de meter a los demás en esto”, y que era “indudable que estuvo a la cabeza señalando el camino”. Sin embargo, el mismo fiscal había dicho a los jurados en los otros tres juicios prácticamente lo mismo, que el acusado que estaba en su presencia era el cabecilla. En el juicio de KL, por ejemplo, dijo que KL era el “jefe de la manada”, “impulsando directamente todo esto”. En el juicio de LM, el fiscal dijo que la “única” prueba del papel desempeñado por Carey Grayson era que “manejó el automóvil”, y en el juicio de TD el fiscal dijo que era una “quimera” calificar a Carey Grayson de líder y que TD era “la única persona” contra la cual “tenemos alguna prueba” de asestar “el golpe que causó la muerte [de la víctima]”.
Las Directrices de la ONU sobre la Función de los Fiscales establecen que los fiscales deben “cumplir sus funciones con imparcialidad [y] firmeza” y “respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”. Las facultades discrecionales de los fiscales deben emplearse “para promover la equidad y coherencia de los criterios que se adopten al tomar decisiones en el proceso de acusación”. El uso por la fiscalía de teorías contradictorias contra los cuatro acusados infringió estas normas. En apelación, la corte federal de primera instancia falló en 2009 que esta cuestión había adolecido de errores de procedimiento por no haber sido planteada con anterioridad. La corte sostuvo que, aun en el caso de que no hubiera concurrido error, era una afirmación sin fundamento, ya que el uso de teorías contradictorias no violaba el debido proceso en virtud del derecho constitucional de Estados Unidos, y “las teorías sobre la condición de cabecilla en el caso Grayson no eran imposiblemente contradictorias” porque existía incertidumbre en cuanto cuál de los cuatro actuó como cabecilla y “procedía” dejarlo a la consideración del jurado.
El comportamiento del fiscal sugiere que su objetivo era conseguir el mayor número posible de condenas a muerte entre los cuatro jóvenes, con independencia de cuál fuera la verdad en o relativo cuanto a culpabilidad individualizada. Actualmente, la idea de que el único acusado que en este caso podrá ser ejecutado es el más culpable, en virtud de la norma constitucional estadounidense, que limita la pena capital a aquellas personas “cuya extrema culpabilidad las convierte en las más merecedores de ejecución”, ha sido menoscabada por la actuación de Alabama. Incluso en los propios términos de la acusación, formulados ante la Corte Suprema en 2004 —que la ejecución únicamente de Carey Grayson sería constitucionalmente “absurda”—, debería hacer reflexionar. Aun en el caso de que Carey Grayson no pudiera beneficiarse de la prohibición derivada del caso Roper, la prerrogativa del indulto del poder ejecutivo existe precisamente para que se tengan en cuentas cuestiones más amplias, que en este caso incluyen pruebas científicas “inequívocas” de que el desarrollo del cerebro continúa después de los 20 años.
Hasta el 31 de octubre de 2024, Alabama era responsable de 77 de las 1.602 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976. Esta ejecución sería la sexta de Alabama en 2024, el mayor total en el estado desde 2011, y sólo el tercer año desde 1976 en el que Alabama ha alcanzado este número (el otro año fue 2009). Esta ejecución sería la tercera por hipoxia de gas nitrógeno, todas llevadas a cabo en 2024. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente.

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