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Red de acciones urgentes

Cierre de AU: 093/22 | Índice: AMR 51/6265/2022 | Fecha: | Estados Unidos

Acción Urgente

Estados Unidos de América: SE DENIEGA EL INDULTO Y SE LLEVA A CABO UNA EJECUCIÓN EN MISURI

Kevin Johnson fue ejecutado en Misuri al atardecer del 29 de noviembre de 2022. Había sido condenado a muerte en 2007 por el asesinato de un policía, cometido en 2005. Los tribunales se negaron a detener la ejecución, el gobernador denegó el indulto y el proceso de inyección letal siguió adelante.

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El primer juicio de Kevin Johnson a principios de 2007 por el asesinato del policía terminó con un jurado en desacuerdo que, por 10 votos contra 2, votó a favor de asesinato en segundo grado. El 23 de noviembre de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó que se suspendiera la ejecución para examinar la cuestión de si el segundo juicio a finales de 2007 (en el que Kevin Johnson fue condenado a muerte por asesinato en primer grado) había remediado la violación constitucional del primer juicio, en el que dos miembros del jurado blancos, repitiendo argumentos racistas, habían impedido un veredicto unánime de asesinato en segundo grado (no punible con la pena de muerte). Los abogados de Kevin Johnson también habían pedido a la Corte Suprema que considerara si la Constitución prohíbe la pena de muerte para delitos cometidos por personas que fueran menores de 21 años en el momento del crimen, o al menos, como en este caso, por un individuo que tenía 19 años y sufría discapacidades psicosociales (mentales) considerables.
Mientras tanto, la hija de Kevin Johnson, de 19 años, había presentado una demanda para que le permitieran presenciar la ejecución de su padre. Según la legislación de Misuri, los condenados a muerte pueden elegir a cinco personas que estén presentes en su ejecución. Kevin Johnson eligió a su hija, con quien había mantenido una relación muy estrecha. La fiscalía denegó la petición de que la joven acudiera como testigo, ya que la ley prohíbe que las personas menores de 21 años estén presentes en las ejecuciones. El 25 de noviembre de 2022, el juez federal rechazó la demanda.
En 2021, la cámara de representantes de Misuri aprobó una ley que permite a un fiscal de la jurisdicción donde se celebró el juicio original presentar una moción para que se anule la declaración de culpabilidad basándose en información de que la persona puede ser inocente o que en su juicio hubo una violación constitucional que socava la confianza en el resultado del proceso. En octubre de 2022 se designó un fiscal especial para examinar el caso de Kevin Johnson, y el 15 de noviembre dicho fiscal presentó una moción para que se anulara la declaración de culpabilidad basándose en pruebas de discriminación racial en la toma de decisiones de la fiscalía tanto en la formulación de cargos como durante la selección del jurado. Tras una vista acelerada celebrada el 28 de noviembre, la Corte Suprema de Misuri, por cinco votos contra dos, denegó la concesión de una suspensión. Los jueces discrepantes alegaron que la ejecución debía detenerse basándose en la probabilidad de que “el fiscal especial tenga éxito en determinar que se produjo un error constitucional que socava la confianza en la sentencia”.
El 28 de noviembre de 2022, el gobernador Mike Parson anunció que no concedería el indulto y que el estado llevaría a cabo la ejecución. El gobernador declaró: “El Sr. Johnson ha recibido todas las protecciones que otorgan las constituciones de Misuri y de Estados Unidos [...] No cabe y nunca ha cabido duda de su culpabilidad”. El 29 de noviembre, la Corte Suprema de Estados unidos denegó una petición final de que se suspendiera la ejecución. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson habrían concedido la suspensión. La jueza Jackson publicó su opinión discrepante el 30 de noviembre.
En lo que va de año ha habido 17 ejecuciones en Estados Unidos, dos de ellas en Misuri. Esto eleva a 1.557 la cifra total de ejecuciones llevadas a cabo en el país desde que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos de pena capital en 1976. Misuri ha sido responsable de 93 de estos homicidios autorizados por el Estado, y ocupa el quinto puesto en número de ejecuciones, por detrás de Texas, Oklahoma, Virginia (abolicionista desde 2021) y Florida. Entre ellos, estos cinco estados suman casi dos tercios (el 64%) de todas las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976.