Primera AU 12/26: 12/26 | Índice: AMR 51/0713/2026 | Fecha: | Estados Unidos
Acción UrgenteEstados Unidos: Detengan ejecución en Florida
Está previsto que Billy Kearse, un hombre negro de 53 años, sea ejecutado en Florida, Estados Unidos, el 3 de marzo de 2026. Fue declarado culpable y condenado a la pena capital por la muerte por arma de fuego de un policía blanco en 1991. Los hechos tuvieron lugar 84 días después de que Billy Kearse cumpliera 18 años, cuando salía de una infancia de pobreza, abusos y abandono. Un experto ha concluido que Billy Kearse sufre una discapacidad intelectual, que convertiría su ejecución en inconstitucional. Pedimos al gobernador que detenga esta ejecución y garantice la conmutación de la condena a muerte.
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Oficina Ejecutiva del gobernador Ron DeSantis
Executive Office of Governor Ron DeSantis
400 S. Monroe St.
Tallahassee, FL 32399
Estados Unidos
Correo-e: GovernorRon.DeSantis@eog.myflorida.com
Correo-e vía web: https://www.flgov.com/eog/leadership/people/ron-desantis/contact
Señor Gobernador:
Lo insto a impedir la ejecución de Billy Leon Kearse, prevista para el 3 de marzo de 2026. No pretendo en absoluto minimizar la gravedad del delito por el que fue condenado a muerte ni restar importancia a sus consecuencias.
El bajo funcionamiento intelectual de Billy Kearse y su inmadurez en cuanto al desarrollo neurológico probablemente afectaron a sus procedimientos desde el momento de su detención. Tras examinar sus historiales médicos y de otro tipo y realizar a Billy Kearse pruebas a principios de 2026, un neuropsicólogo ha concluido que “el Sr. Kearse sufre inequívocamente una deficiencia intelectual de por vida (es decir, un cociente de inteligencia que se ha mantenido constantemente en el rango de la discapacidad intelectual) y deficiencias cognitivas afines que han estado presentes desde su infancia”. El experto también señaló que, en el momento del delito, Billy Kearse tenía “18 años y era inmaduro en cuanto al desarrollo neurológico. Un cerebro humano sano no alcanza la madurez total hasta una edad de aproximadamente 23 o 25 años”, y eso incluye las áreas de control de los impulsos, criterio y razonamiento. Billy Kearse “no había alcanzado la madurez total en cuanto a desarrollo neurológico, lo que comprometía aún más sus acciones en presencia de un intelecto disminuido”.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos prohíben la imposición de la pena de muerte a las personas que se enfrenten a obstáculos especiales para defenderse en condiciones de igualdad con el resto de la población: por ejemplo, las personas cuya discapacidad psicosocial o intelectual grave impida su defensa efectiva.
En 2022, un juez federal del Undécimo Circuito, discrepando de esta condena a muerte, escribió que los tres jueces de la Corte Suprema de Florida que se opusieron a la condena a muerte lo habían “expresado de la mejor manera” cuando escribieron: “La cuestión fundamental es que este claramente no es un caso de pena de muerte”. Dos de esos jueces reiteraron esta conclusión en cartas a la junta de indultos en 2025.
Lo insto a detener la ejecución de Billy Kearse y garantizar que se conmuta su condena a muerte.
Atentamente,
[NOMBRE]
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Teléfono: 91 587 22 00 Fax: 91 587 23 03
Información adicional
El 18 de enero de 1991, un agente blanco de 29 años del Departamento de Policía de Fort Pierce dio el alto a un automóvil que conducía en sentido contrario en una calle de una sola dirección. El conductor no pudo mostrar un carnet de conducir y dio un nombre falso, por lo que el agente le ordenó que saliera del vehículo. A continuación se produjo un forcejeo entre los dos, y el conductor agarró el arma del policía y disparó. El agente fue llevado al hospital, donde murió. El auto estaba registrado en una dirección de Fort Pierce, Florida, donde Billy Kearse fue detenido esa misma noche. En el bolsillo tenía dos balas del arma del agente, que más tarde se encontró enterrada en el patio trasero de la casa. Billy Kearse renunció a su derecho a un abogado y dijo a la policía que había disparado al agente durante un forcejeo.
En el juicio, el jurado declaró a Billy Kearse culpable y recomendó la pena de muerte por 11 votos contra uno. El juez concluyó que el asesinato se había cometido mientras el acusado estaba bajo la influencia de una alteración mental o emocional extrema, y que la capacidad de éste de apreciar la criminalidad de su conducta o adecuarla a los requisitos de la ley estaba sustancialmente disminuida. También concluyó que el acusado había soportado una infancia de pobreza y privaciones, durante la cual había sufrido graves alteraciones emocionales, y que su cociente de inteligencia estaba justo por encima del nivel de discapacidad intelectual. El juez, que no consideró que la edad de Kearse fuera un factor atenuante, aceptó la recomendación del jurado. En 1995, la Corte Suprema de Florida concedió a Billy Kearse una nueva vista de determinación de la pena a causa de los errores cometidos por el juez.
En la nueva vista de determinación de la pena, celebrada en 1996, el nuevo juez concluyó que la edad de Billy Kearse en el momento del delito era un factor atenuante de “cierto peso, pero no mucho”. No encontró ningún atenuante jurídico por estado mental, pero sí apreció el factor no jurídico de que Kearse había sufrido una infancia difícil que le había causado problemas psicológicos y emocionales. El juez aceptó la recomendación del jurado e impuso la pena de muerte.
En el año 2000, la Corte Suprema de Florida confirmó la condena a muerte por cuatro votos contra tres. Tres jueces discrepantes señalaron: “El homicidio fue consecuencia del acto impulsivo de un joven de 18 años con un nivel de inteligencia media en el límite de la discapacidad y con un historial documentado de problemas emocionales. Y, lo más importante, no existen pruebas de que Kearse saliera esa noche con intención de cometer un delito, no digamos ya un asesinato. De hecho, acababa de recoger una a pizza y volvía a su casa a comérsela con unos amigos cuando tuvo lugar el trágico incidente [...] La cuestión fundamental es que este claramente no es un caso de pena de muerte. No se encuentra entre los que más factores agravantes y menos atenuantes tienen ni entre los peores de los peores delitos para los que reservamos la pena capital” en el derecho constitucional estadounidense. Los tres criticaron el hecho de que el juez no hubiera dado más que un poco de peso a la edad de Billy Kearse en el momento del delito: “Durante su infancia, acudió a escuelas para menores con discapacidades emocionales. En 1991, después de cometerse el crimen, Kearse se sometió a una serie de pruebas neuropsicológicas para determinar su funcionamiento intelectual. Estas pruebas revelaron un cociente intelectual verbal de 75 […] Según un experto, esta puntuación sitúa a Kearse en el rango límite de inteligencia y significa que tiene dificultades para recibir, integrar y secuenciar información. Este experto señaló que la puntuación de Kearse es similar a la que el propio Kearse recibió cuando se le realizó la prueba en 1981, lo que significa que su funcionamiento intelectual no aumentó de forma significativa con la edad [...] El experto del estado estuvo de acuerdo en que los resultados sugieren que Kearse tiene déficits intelectuales y un cociente intelectual por debajo de lo normal”. El examen determinó que “Kearse funcionaba en un nivel intelectual muy inferior a su edad cronológica”.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en Atkins v. Virginia (2002) que la ejecución de una persona con discapacidad intelectual viola la prohibición constitucional de los “castigos crueles e insólitos”. En Hall v. Florida (2014), la Corte detalló que “la discapacidad intelectual es una enfermedad, no una cifra” y que “los tribunales deben reconocer, al igual que lo hace la comunidad médica, que la prueba de cociente intelectual es imprecisa” y deben tener en cuenta otros datos que demuestren limitaciones en las facultades mentales de una persona.
Florida ha llevado a cabo 126 ejecuciones desde 1976, fecha en que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos de pena capital. En el país se llevaron a cabo 47 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde 2009, impulsada por las 19 llevadas a cabo en Florida, la cifra más alta en el estado desde que, en 1923, todas las ejecuciones se pusieron bajo jurisdicción estatal (en lugar de bajo la jurisdicción local de los condados). Florida ha llevado a cabo una ejecución hasta ahora en 2026. Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte en todos los casos.
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