Cierre de AU: 022/24 | Índice: AMR 51/7860/2024 | Fecha: 26 de marzo de 2024 | Estados Unidos

Estados Unidos: GEORGIA LLEVA A CABO SU PRIMERA EJECUCIÓN DESDE 2020

Willie Pye, un hombre negro de 58 años, fue ejecutado en Georgia el 20 de marzo de 2024. Había estado condenado a muerte durante más de un cuarto de siglo. Los abogados encargados de su apelación declararon que sufría discapacidad intelectual, lo que convertiría su ejecución en inconstitucional. Tres de los miembros del jurado que aún viven pidieron el indulto. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia denegó el indulto el 19 de marzo, y las apelaciones judiciales finales fueron rechazadas.

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Willie Pye fue detenido en 1993 y acusado del asesinato, cometido en 1992, de su exnovia. En su juicio de 1996, después de que el jurado votara a favor de declararlo culpable, el juicio pasó a la fase de determinación de la pena. Ésta duró una mañana y concluyó con una condena a muerte. El abogado que defendió a Pye durante el juicio no investigó ni presentó pruebas atenuantes convincentes que estaban disponibles, incluidas las relativas a la infancia de abusos, privación y abandono de Willie Pye, y las relativas a su posible discapacidad intelectual.
En 2021, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, concluyó por unanimidad que este era uno de los casos excepcionales en virtud de la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz (AEDPA) de 1996 —una ley federal destinada en parte a facilitar las ejecuciones— en los que estaba justificado someter a revisión federal una alegación de representación inefectiva denegada por cuestiones de fondo por un tribunal estatal. Los jueces concluyeron que era bastante evidente que el abogado que había defendido al acusado en el juicio no había proporcionado una representación constitucionalmente adecuada, y se había limitado a llevar a cabo la “más superficial” de las investigaciones sobre las pruebas atenuantes, incluido el hecho de no obtener una evaluación de la salud mental. A consecuencia de esta “mísera” investigación, el jurado no había escuchado “prácticamente ninguna de las pruebas atenuantes de peso” presentadas en la apelación, que incluían el deficiente funcionamiento intelectual de Willie Pye, sus daños en el lóbulo frontal del cerebro, su grave depresión o su traumática infancia. Willie Pye tenía derecho a una nueva vista de determinación de la pena. Sin embargo, la fiscalía apeló para que se celebrara una nueva vista ante el pleno de la Corte del Undécimo Circuito, que en 2022, pese a una enérgica discrepancia, anuló la decisión de la sala. El pleno no puso en duda la conclusión de la sala de que el abogado no había preparado el juicio, pero resolvió que Willie Pye no había demostrado que el suyo fuera uno de los casos excepcionales que permiten la revisión federal en virtud del elevado nivel de deferencia a las decisiones de los tribunales estatales establecida por la AEDPA.
El 19 de marzo de 2024, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia examinó la petición de indulto del ejecutivo presentada por Willie Pye. La petición de indulto presentaba una serie de datos, como por ejemplo: testimonio experto de que Willie Pye cumplía los criterios diagnósticos de discapacidad intelectual; las terribles condiciones de la infancia de Pye y su impacto en su desarrollo, con testimonio experto sobre el “abrumador número de factores de riesgo durante la infancia” que había soportado; el hecho de que el jurado no tuvo conocimiento de esas pruebas atenuantes a causa de la ineficacia del abogado que representó a Pye durante el juicio y del sistema de abogacía de oficio más en general en aquella época; pruebas de que el abogado que defendió a Pye durante el juicio tenía opiniones racistas respecto a sus clientes negros; los obstáculos que la AEDPA pone a la reparación; y el historial no violento de Willie Pye en prisión y su constructiva función allí, contraria a lo que la fiscalía había alegado durante el juicio. En la petición se incluían cartas de tres de los miembros del jurado que aún viven y que apoyaban el indulto. Uno escribió: “Quiero que la Junta sepa que no quiero que el Sr. Pye sea ejecutado”; otro escribió: “No quiero que Willie Pye muera”; y un tercero: “Me gustaría que el Sr. Pye viva lo que le reste de vida en prisión”. Uno de ellos recordó que, por aquel entonces, “muchos de los miembros del jurado” habían pensado que el abogado defensor “realizó un trabajo inadecuado a la hora de defenderlo” y “le tenía sin cuidado su cliente”. Uno declaró que “durante la fase de determinación de la pena, no supimos nada sobre la salud mental del Sr. Pye y sus deficiencias” y deseaba que “todo el mundo hubiera escuchado que el Sr. Pye no obtuvo ninguna de estas oportunidades antes de que decidiéramos su condena”. Otro escribió: “Ahora que sé que el Sr. Pye sufría una discapacidad intelectual, y que la gente con esta discapacidad no puede ser condenada a muerte, y que sé que creció en un entorno de pobreza extrema y conozco el racismo [del abogado defensor], no estoy a gusto con mi decisión de condenar al Sr. Pye a muerte”.
Tras la vista, la Junta emitió una declaración en la que anunciaba que había denegado el indulto. Las apelaciones finales a los tribunales no prosperaron, y la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intervenir al atardecer el 20 de marzo. La ejecución —mediante una dosis letal del sedante pentobarbital— se llevó a cabo. La muerte de Willie Pye se certificó a las 11:03 de la noche. Según el Departamento de Prisiones, “Pye aceptó una oración final y no realizó una última declaración”.
En Estados Unidos se han llevado a cabo tres ejecuciones este año, con lo que asciende ya a 1.585 el total de presos ejecutados en el país desde 1976.Georgia ha sido responsable de 77 de estas ejecuciones. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todas las circunstancias