Primera AU: 96/26: 96/26 | Índice: AMR 51/1472/2026 | Fecha: | Estados Unidos
Acción UrgenteEstados Unidos: Libertad para solicitante de asilo con problemas de salud
El 25 de febrero, unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Anabell, solicitante de asilo, tras un control rutinario. Poco después, Anabell descubrió que estaba embarazada. No le proporcionaron atención prenatal, y la obligaron a cargar objetos pesados, a consecuencia de lo cual tuvieron que llevarla al hospital con un fuerte dolor y hemorragia. Ahora, el ICE se niega a entregar a Anabell su historial médico y la ha recluido en régimen de aislamiento múltiples veces. La última vez que el abogado de Anabell habló con ella fue el 9 de septiembre. La salud física y mental de esta mujer se está deteriorando seriamente. Anabell no debería haber sido detenida, y debe ser puesta en libertad de inmediato y recibir todo su historial médico.
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Director de la Oficina de Campo del ICE
Sam Olson
ICE Field Office Director, Enforcement and Removal Operations (ERO)
Chicago Field Office
101 W Ida B Wells Drive, Suite 4000
Chicago, IL 60605
Estados Unidos
Correo-e: Chicago.Outreach@ice.dhs.gov
Señor Director de la Oficina de Campo Sam Olson:
Me dirijo a usted para instarlo enérgicamente a poner de inmediato en libertad a Anabell, solicitante de asilo nicaragüense. Me preocupa profundamente la noticia de que sufrió un aborto mientras estaba bajo custodia, que sigue sufriendo problemas de salud y que ve cómo le niegan la atención médica adecuada o incluso el acceso a su historial médico en el Centro de Detención del Condado de Campbell (CCDC, por sus siglas en ingles), donde permanece recluida desde el 25 de febrero de 2026.
Anabell descubrió que estaba embarazada después de haber sido detenida, tras realizarse dos pruebas de embarazo con resultado positivo, pero no le prestaron ninguna atención prenatal ni le dieron vitaminas prenatales a pesar de la política federal que así lo dispone. Como sin duda usted sabe, el embarazo exige atención médica constante, gestión de la medicación y seguimiento. Desde que fue puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE), Anabell no ha recibido prácticamente ningún tratamiento de salud prenatal. La obligaron a cargar objetos pesados a pesar de que sufría un fuerte dolor y hemorragia vaginal. Ella informó repetidamente al personal del CCDC de sus problemas de salud, pero fue en vano. A finales de marzo presentó una solicitud urgente de atención médica en la que describía una hemorragia vaginal severa y fuertes dolores. Tras exponer con detalle estos síntomas potencialmente mortales y suplicar ayuda, Anabell fue llevada finalmente a un hospital fuera del centro de detención, por una sospecha de aborto.
Lo más angustioso es que el centro de detención no ha tomado ninguna medida para proporcionarle atención prenatal o posnatal o tratamiento obstétrico. Desde que regresó al CCDC, Anabell ha sufrido dolor, aturdimiento, vómitos y pérdida de cabello, pero apenas ha recibido atención médica de seguimiento. Además, pese a que sus abogados pidieron el historial médico de su cliente en dos ocasiones en abril y en otra ocasión en junio, y en julio lo pidieron miembros del Congreso, el centro se ha negado a facilitarlo. Anabell ha sido recluida en régimen de aislamiento dos veces desde que regresó del hospital. Necesita atención médica y obstétrica urgente que sólo puede recibir estando en libertad. Sin una atención adecuada, la salud y la vida de Anabell corren peligro.
La última vez que el abogado de Anabell habló con ella fue el 9 de septiembre de 2026. La salud física y mental de esta mujer se está deteriorando. Sin acceso a atención médica, su estado sigue siendo crítico. Le imploro que garantice que Anabell es puesta en libertad de inmediato y recibe su historial médico para que pueda acceder a la atención obstétrica urgente que tan desesperadamente necesita.
Atentamente,
[NOMBRE]
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C/ Serrano, 75 28006 – MADRID
Teléfono: 91 587 22 00 Fax: 91 587 23 03
Spain.ACS@gdit-gss.com
Información adicional
Las autoridades de inmigración estadounidenses están deteniendo y deportando a personas embarazadas, que han dado a luz recientemente y que están amamantando. Los datos e informes disponibles indican que, en la práctica, esta política no se aplica de manera sistemática. Las personas embarazadas a menudo carecen de atención prenatal adecuada mientras están bajo custodia del ICE. Entre el 1 de enero de 2025 y el 16 de febrero de 2026, el ICE deportó al menos a 363 mujeres embarazadas, que habían dado a luz recientemente o que estaban amamantando, según datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional tras una pregunta del Senado. A mediados de febrero de 2026, había 2.686 mujeres embarazadas bajo custodia del ICE, nueve de ellas en el trimestre final del embarazo. Para finales de septiembre de 2025 se habían producido, según los informes, al menos 16 abortos en centros de detención para inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional también reconoció que no hacía un seguimiento completo de las madres lactantes que estaban bajo su custodia. En otros 498 casos relativos a mujeres embarazadas o lactantes, el ICE no pudo confirmar el resultado, por lo que no quedó claro si las mujeres habían sido deportadas o puestas en libertad o habían recibido atención médica. La ausencia de historiales completos sobre la custodia, el tratamiento médico y el resultado de cientos de mujeres embarazadas y lactantes socavó aún más la transparencia y la rendición de cuentas.
Los datos disponibles suscitan honda preocupación respecto a la idoneidad de la atención médica proporcionada bajo custodia por motivos migratorios a las mujeres embarazadas, que han dado a luz recientemente o que están amamantando. La investigación y la documentación procedentes de diversos grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han identificado deficiencias en el acceso a una atención prenatal, obstétrica y posparto oportuna y adecuada. La detención de personas embarazadas en centros que no pueden proporcionar servicios médicos adecuados y continuos pone a estas mujeres en riesgos mayores y potencialmente evitables a su salud y, cuando procede, la de sus fetos y sus bebés recién nacidos. El uso continuado de la detención resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta la existencia de alternativas que permitirían a las personas permanecer en sus comunidades mientras estén pendientes los procedimientos de inmigración. En muchos casos, las personas embarazadas, que han dado a luz recientemente o que están amamantando podrían haber sido puestas en libertad con medidas menos restrictivas. Sin embargo, las autoridades de inmigración siguen dependiendo de la detención y, en algunos casos, la expulsión, incluida la deportación de personas durante el embarazo o poco después del parto.
Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han concluido que la detención y deportación de personas embarazadas, que han dado a luz recientemente o que están amamantando deben evaluarse no simplemente como una deficiencia administrativa aislada, sino en el contexto de políticas más generales de cumplimiento de la ley que dan cada vez más prioridad a la detención y expulsión por encima de las evaluaciones individualizadas de salud, vulnerabilidad y unidad familiar. Los datos indican que los daños previsibles se ven agravados por un seguimiento inadecuado, un acceso insuficiente a atención médica y la falta de aplicación sistemática de las salvaguardias existentes destinadas a limitar la detención de personas especialmente vulnerables. La detención, en circunstancias que pueden comprometer el acceso a atención médica adecuada, de personas embarazadas, que han dado a luz recientemente o que están amamantando, la separación de bebés de sus progenitores y la expulsión de personas en etapas avanzadas del embarazo suscitan honda preocupación en virtud de las salvaguardias establecidas en la Constitución y la legislación estadounidenses, así como en el derecho internacional de los derechos humanos. Estas prácticas pueden afectar, entre otros, al derecho a la salud, el derecho a la libertad y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la unidad familiar y la obligación de garantizar que todas las personas privadas de libertad son tratadas con humanidad y respeto por su dignidad inherente.
Las autoridades estadounidenses deben garantizar que la privación de libertad por motivos migratorios está claramente prescrita por ley y estrictamente justificada por un propósito legítimo que sea necesario, proporcionado y no discriminatorio. La detención sin ese propósito se considera arbitraria. El número de propósitos específicos reconocidos como legítimos para la detención por motivos migratorios en virtud del derecho y las normas internacionales es reducido, e incluye la verificación de la identidad tras la llegada de una persona a un país y la prevención de que una persona se fugue, tras la realización de una evaluación objetiva del riesgo de fuga en relación con un procedimiento de transferencia, expulsión o deportación que se haya iniciado, esté en curso y tenga unas perspectivas razonables de ser ejecutado en un plazo razonable. Además debe garantizarse el acceso ininterrumpido a atención prenatal, obstétrica, posparto y pediátrica adecuada, deben prohibirse las prácticas que den lugar a una separación innecesaria de bebés y niños y niñas de corta edad de sus progenitores, y deben establecerse sistemas transparentes para documentar y rendir cuentas públicamente por la detención, la transferencia, la puesta en libertad, el tratamiento médico y la expulsión de todas las personas embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que estén amamantando y estén bajo custodia por motivos migratorios. Si no se implementan esas salvaguardias se corre el riesgo de perpetuar violaciones de derechos con consecuencias graves y, en algunos casos, irreversibles.
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