Cierre de AU: 06/24 | Índice: AMR 51/7766/2024 | Fecha: 4 de marzo de 2024 | Estados Unidos

Estados Unidos: TEXAS LLEVA A CABO LA SEGUNDA EJECUCIÓN EN ESTADOS UNIDOS DE ESTE AÑO

Iván Cantú, hispano de 50 años, fue ejecutado en Texas el 28 de febrero de 2024.Cantú había sido declarado culpable y condenado a muerte en 2001 por un doble asesinato cometido en noviembre de 2000. Una investigación independiente suscitó serias dudas sobre la fiabilidad de la causa de la fiscalía contra él. Las apelaciones finales fueron rechazadas, y el poder ejecutivo denegó el indulto.

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El 27 de febrero, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas rechazó un esfuerzo final de los abogados de Iván Cantú por persuadir al tribunal de que detuviera la ejecución de su cliente y considerara nuevas pruebas sobre el caso. Señalando que la petición alegaba que la fiscalía había presentado en el juicio “testimonio falso y engañoso” y que los abogados que defendieron a Iván Cantú en el juicio proporcionaron asistencia ineficaz, la Corte resolvió que “hemos examinado la solicitud y concluimos que el Solicitante no satisface los requisitos de [la ley estatutaria de Texas]” y, “por tanto, rechazamos la solicitud [...] sin examinar el fondo de las alegaciones planteadas”. También el 27 de febrero, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, corte federal, denegó una moción presentada por los abogados de Iván Cantú para que se autorizara la presentación de un recurso sucesivo de hábeas corpus en el tribunal de distrito federal. La Corte del Quinto Circuito describió esta iniciativa legal como una “estrategia de última hora”. Los abogados de Iván Cantú no apelaron a la Corte Suprema de Estados Unidos, declarando que la orden el Quinto Circuito no dejaba ninguna “vía factible”.

El 27 de febrero, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó unánimemente en contra de recomendar el indulto, o la suspensión de 120 días solicitada también por los abogados de Cantú. Esto significaba que, según el sistema de Texas, el gobernador era el único que quedaba con autoridad legal para conceder una suspensión de 30 días de la ejecución. Entre quienes pidieron al gobernador Greg Abbott que dictara una suspensión se encontraba el presidente del jurado del juicio capital celebrado en 2001 contra Iván Cantú. Este hombre publicó un artículo de opinión en el periódico Austin American-Statesman el 27 de febrero de 2024. En él escribió que, tras saber que el testimonio clave de cargo que escuchó el jurado era falso o engañoso, ahora sentía “que me engañaron”. Proseguía diciendo: “Este juicio tenía elementos falsos y, en mi opinión, el curso de la acción de investigación es incompleto”. Se describía a sí mismo como “partidario de la pena capital” y como “un texano orgulloso, conservador y que apoya firmemente la orientación que ha adoptado nuestro gobernador para defender las normas y libertades de las que disfrutamos los texanos”. Pidió al gobernador que “me devuelva el documento que firmé confirmando la decisión del jurado, y retrase la ejecución de Iván Cantú para que puedan realizarse más exámenes”.

La ejecución se llevó a cabo. A ella asistieron como testigos dos familiares de las víctimas del asesinato. En su declaración final, Iván Cantú se dirigió a las familias de las víctimas. Les dijo que quería que supieran que “yo no maté” a las dos víctimas; “y si lo hubiera hecho, o si supiera quién lo hizo, ustedes habrían sido las primeras en conocer cualquier información que yo tuviera que hubiera ayudado a hacerles justicia”. Iván Cantú había pedido que no hubiera presente ningún testigo en su favor, pero estuvo acompañado por su asesora espiritual, la hermana Helen Prejean.

La muerte de Cantú se certificó a las 18:47, hora local, unos 21 minutos después de comenzar el proceso de inyección letal. El fiscal del distrito del condado de Collins, la oficina que procesó a Iván Cantú, emitió una declaración en la que decía: “Iván Cantú se ha encontrado finalmente con la justicia esta noche. Mi esperanzada oración va dirigida a las familias, los amigos y los seres queridos de las víctimas, para que consigan la paz que tanto han aguardado”.

En Estados Unidos se han llevado a cabo dos ejecuciones este año, con lo que asciende ya a 1.584 el total de presos ejecutados en el país desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos sobre pena capital. Texas ha sido responsable de 587 de ellas. El 25 de enero de 2024, Alabama llevó a cabo la primera ejecución realizada en Estados Unidos mediante hipoxia por nitrógeno, la de Kenneth Smith, a quien el estado había intentado infructuosamente ejecutar por inyección letal en 2022 (https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/7633/2024/es/). En Idaho, la mañana del 28 de febrero de 2024 se intentó ejecutar a un hombre de 73 años, pero la ejecución se canceló porque el equipo de administración de la inyección letal no consiguió insertarle una vía intravenosa pese a los múltiples intentos que realizó. Después, el director del Departamento de Prisiones dijo que, en los próximos días, se decidirían los “siguientes pasos” del estado. Explicó que estaban “en curso” los esfuerzos por “readaptar” la cámara de ejecución para permitir las ejecuciones por fusilamiento como método secundario, después de que los intentos iniciales hubieran fracasado porque las personas con las que se habían puesto en contacto hasta el momento habían “expresado su falta de disposición a trabajar en un proyecto relacionado con ejecuciones”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método de ejecución empleado. La organización considera la pena de muerte una violación del derecho a la vida tal como lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.