Segunda AU: 90/25: 90/25 | Índice: AFR 55/1270/2026 | Fecha: | Suazilandia
Acción UrgenteESUATINI: CONTINÚAN LAS DEPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS A ESUATINI
El pasado 16 de julio se cumplió un año desde que Roberto Mosquera Del Peral, Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone Chomsavanh y Orville Etoria fueran deportados de Estados Unidos a Esuatini y recluidos en el Complejo Penitenciario de Matsapha. Un año después, sigue sin ponerse fin al acuerdo secreto de expulsión a terceros países que, por el contrario, ha sido ampliado. Según informes, al menos 25 personas más han sido expulsadas de Estados Unidos y trasladadas a Esuatini en virtud de ese acuerdo, con lo que —de conformidad con la información recibida— el número total de personas trasladadas asciende al menos a 30, incluidas las 11 que, según consta, llegaron el pasado 8 de julio.
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Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales
Minister of Justice & Constitutional Affairs
Hon. HRH Prince Simelane
P.O. Box 924
Mbabane, Esuatini
Correo-e: simelanedlamini4@gmail.comdlaminidorcasn@gmail.com
X: @MOJCAEswatini
Señor Ministro:
El pasado 16 de julio se cumplió un año desde que —en virtud de un acuerdo secreto de expulsión a terceros países— Roberto Mosquera Del Peral (originario de Cuba), Kassim Saleh Wasil (de Yemen), Dung TienNguyen (de Vietnam), Phone Chomsavanh (de Laos) y Orville Etoria (de Jamaica) fueron deportados de Estados Unidos a Esuatini y recluidos en el Complejo Penitenciario de Matsapha. Más tarde, Orville Etoria fue devuelto a Jamaica, mientras se cree los otros cuatro continúan detenidos en Esuatini.
Un año después, el acuerdo sigue en vigor y ha sido ampliado. Según informes, al menos 30 personas han sido trasladadas de Estados Unidos a Esuatini, incluidas las 11 que llegaron el pasado 8 de julio. Dos de las personas trasladadas en virtud de este acuerdo han abandonado ya Esuatini: Orville Etoria, que fue repatriado a Jamaica; y Pheap Rom , que regresó a Camboya.
El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo de Esuatini confirmó una resolución del Tribunal Superior, por la que se concedía a abogados y abogadas acceso a las personas expulsadas de Estados Unidos y recluidas en el Complejo Penitenciario de Matsapha. Pese a este paso en la buena dirección, me sigue preocupando que las personas trasladadas en virtud de ese acuerdo continúen expuestas a detención arbitraria, separación familiar, malos tratos y ulteriores traslados a países en los que puedan sufrir persecución, tortura, detención arbitraria y otras violaciones graves de los derechos humanos. Asimismo, se ha sabido que —en virtud de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas— se había concedido con anterioridad protección a varias de las personas trasladadas, lo que ha dado lugar a serios motivos de preocupación sobre la compatibilidad de las expulsiones con el principio de no devolución (non-refoulement), y a la idoneidad de la evaluación realizada por Estados Unidos sobre los peligros a los que se estas personas puedan enfrentarse. A pesar de todo lo expuesto, las autoridades de Esuatini no han aclarado públicamente quién permanece en detención y quién ha quedado en libertad o sido objeto de traslado, ni cuál es el fundamento legal de estas detenciones y qué salvaguardias se aplican para impedir ulteriores devoluciones.
Lo insto a informar públicamente sobre todas las personas trasladadas de Estados Unidos a Esuatini y sobre el fundamento legal de su detención, y a especificar si alguna de ellas ha recibido anteriormente protección en virtud de la Convención contra la Tortura. Además, lo insto a garantizar que todas las personas detenidas comparezcan sin demora ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención y que, en caso de que no exista ningún fundamento legal, las deje en libertad de inmediato. Entretanto, lo insto a garantizar acceso confidencial a asistencia letrada, familias, autoridades consulares, intérpretes, atención médica y supervisión independiente, y a impedir ulteriores traslados a países donde la persona pueda correr peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Suazilandia acreditada en tu país
Rua Damião de Góis, 347, Maputo, Mozambique.
Teléfonos: (+258) 21 49 20 25, 21 49 20 27 y 21 49 20 30.
Correo electrónico: emb.maputo@maec.es.
Información adicional
El 16 de julio de 2025, Roberto Mosquera Del Peral, Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone Chomsavanh y Orville Etoria fueron expulsados de Estados Unidos a Esuatini, y recluidos en el Complejo Penitenciario de Matsapha. Desde entonces, el acuerdo conexo ha continuado en vigor y ha sido ampliado. Amnistía internacional ha informado sobre 10 personas más que fueron trasladadas de Estados Unidos a Esuatini en octubre de 2025, y 4 hombres más en marzo de 2026. El pasado 8 de julio, habían llegado a Esuatini 11 personas más deportadas de Estados Unidos, con lo que el número total de personas trasladadas en virtud del acuerdo ascendía, al menos, a 30.
Los medios de información pública han identificado las nacionalidades de procedencia de algunas de las personas trasladadas en virtud aplicación acuerdo en cuestión, entre ellas las de Camboya, Cuba, Filipinas, Jamaica, Laos, Somalia, Sudán, Tanzania, Vietnam y Yemen. Sin embargo, las autoridades de Esuatini siguen sin informar detalladamente sobre los nombres, nacionalidades, situación legal y paradero actual o necesidades de protección de todas las personas trasladadas en virtud del acuerdo.
El pasado mes de abril, Amnistía internacional acogió con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Esuatini de confirmar una resolución judicial del Tribunal Superior, por la que se concedía a abogadas y abogados acceso a las personas expulsadas de Estados Unidos y recluidas en el Complejo Penitenciario de Matsapha. Sin embargo, Amnistía Internacional recalcó que dicho fallo ofrecía sólo una solución limitada, ya que el acceso a asistencia letrada no resolvía otros motivos de preocupación más amplios sobre el secretismo del acuerdo, la legalidad y la necesidad de la reclusión, la necesidad de una revisión judicial, el peligro de ulteriores devoluciones y la necesidad de recursos efectivos.
Los acuerdos de expulsión a terceros países suscitan graves motivos de preocupación en materia de derechos humanos cuando eluden el debido proceso, separan a las personas de sus familias, las exponen a detención arbitraria o crean el riesgo de que sean trasladadas ulteriormente a países donde podrían sufrir persecución, tortura, detención arbitraria u otras violaciones graves de los derechos humanos. La iniciativa ‶Third Country Deportation Watch″ de Human Rights First y Refugees International ha documentado la escala y el secretismo de los acuerdos de traslado a terceros países de Estados Unidos con más de 30 países.
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha afirmado que las iniciativas de cooperación en materia de migración de los Estados africanos deben respetar el principio de no devolución y el debido proceso, así como la necesidad de acceso a asistencia letrada, de protección frente a la detención arbitraria y de recursos efectivos. Su Resolución 645 (2025) sobre las obligaciones de los Estados africanos en el contexto de la externalización del control migratorio aborda directamente la participación de Estados africanos en acuerdos de expulsión a terceros países. Asimismo, la Comisión ha instado a respetar el principio de no devolución y ha condenado las expulsiones que exponen a las personas a peligros tales como detención, desaparición forzada y violaciones del derecho a la vida.
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