Tercera AU 19/20: 19/20 | Índice: ASA 35/0758/2026 | Fecha: | Filipinas
Acción UrgenteFilipinas: Periodista y trabajadora comunitaria condenadas
El 22 de enero, la periodista Frenchie Mae Cumpio y la trabajadora comunitaria Marielle Domequil fueron declaradas culpables de cargos falsos de financiación del terrorismo y condenadas a entre 12 y 18 años de prisión. Llevan detenidas más de seis años, desde el 7 de febrero de 2020, tras las redadas efectuadas por el gobierno en sus oficinas de la ciudad de Tacloban, Filipinas. Al recurrir contra su sentencia condenatoria, su solicitud de libertad bajo fianza fue denegada el 16 de febrero. Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil forman parte de los “Cinco de Tacloban”, junto con otras tres personas detenidas en operaciones simultáneas. El defensor de los derechos humanos Alexander Philip “Chakoy” Abinguna también está detenido desde 2020 y su causa continúan en espera de juicio. Marissa Cabaljao y Mira Legion quedaron en libertad bajo fianza en 2020. Pedimos a las autoridades de Filipinas que pongan en libertad de forma inmediata y sin condiciones a Alexander Philip “Chakoy” Abinguna, Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil y que se ponga fin de inmediato a la persecución de los “Cinco de Tacloban”.
Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo
Señor Presidente
His Excellency Ferdinand Marcos Jr.
President, Republic of the Philippines
Malacañang Palace, JP Laurel Street
Filipinas
Señor Presidente Marcos:
Me dirijo a usted en relación con la persistente y prolongada detención arbitraria de la periodista Frenchie Mae Cumpio, la trabajadora comunitaria Marielle Domequil y el defensor de los derechos humanos Alexander Philip “Chakoy” Abinguna. Alexander Philip “Chakoy” Abinguna, Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil, que forman parte de los denominados “Cinco de Tacloban”, arrestados en redadas presuntamente ilegales en sus oficinas de la ciudad de Tacloban en febrero de 2020, están detenidos desde entonces. El 22 de enero, Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil fueron declaradas culpables de cargos falsos de financiación del terrorismo y condenadas a entre 12 y 18 años de prisión, pero fueron absueltas del cargo de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. En espera de la resolución del recurso interpuesto contra su sentencia condenatoria, las dos solicitaron la libertad bajo fianza, pero les fue denegada el 16 de febrero. No se han registrado avances dignos de mención en la causa que se sigue contra Alexander Philip “Chakoy” Abinguna en relación con los cargos de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos.
Seis años de detención arbitraria es una parodia de la justicia, aunque los “Cinco de Tacloban” no deberían haber sido encarcelados en ningún momento. Se denunciaron irregularidades durante las redadas policiales de 2020 que dieron lugar a su detención, incluida la ausencia de testigos cuando se registraron sus habitaciones y se colocaron en su contra pruebas como armas de fuego y explosivos. No se ha efectuado ninguna investigación efectiva sobre estas denuncias de la que yo tenga conocimiento.
Además, al anular la causa de confiscación contra Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil en noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Filipinas afirmó que no existen pruebas suficientes de que sean miembros del grupo armado Nuevo Ejército del Pueblo, como sostuvo la policía como parte de su peligrosa práctica de “etiquetar como rojos”. El tribunal incluso calificó causa de “etiquetado precipitado de defensores de los derechos humanos como terroristas”.
Por consiguiente, le pido que, como presidente de Filipinas, usted y su gobierno:
Pongan fin a la persecución de los “Cinco de Tacloban” retirando de inmediato los cargos formulados en su contra los cinco y garantizando que Abinguna, Cumpio y Domequil sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones;
Pongan fin a la práctica peligrosa y en ocasiones mortífera de “etiquetar como rojos” y garanticen un entorno seguro y propicio para que periodistas, activistas y trabajadores y trabajadoras humanitarios y de derechos humanos lleven a cabo su importante labor sin temor a sufrir hostigamiento, intimidación y criminalización.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Filipinas acreditada en tu país
C/ Eresma, 2 28002 - MADRID
Teléfono: 91 782 38 30 .-. Fax: 91 411 66 06
E-mail: madrid.pe@dfa.gov.ph
Información adicional
La periodista comunitaria Frenchie Mae Cumpio; la trabajadora comunitaria Mariel Domequil, de los Misioneros Rurales de Filipinas; Marissa Cabaljao, portavoz de la red People Surge; Mira Legion, de la alianza Bagong Alyansang Makabayan-Visayas Orientales, y Alexander Philip “Chakoy” Abinguna, miembro del Consejo Nacional de la organización Karapatan, fueron detenidos el 7 de febrero de 2020 en redadas que se llevaron a cabo simultáneamente en la ciudad de Tacloban. A estas personas se las conoce colectivamente con el nombre de los “Cinco de Tacloban”.
Se formularon denuncias de irregularidades en torno a las circunstancias de las redadas de 2020. Agentes de la policía y el ejército irrumpieron en sus oficinas aproximadamente a la 1 de la madrugada del 7 de febrero de 2020. Según los informes, el equipo que llevó a cabo la operación apuntó a los cinco con sus armas y luego les dijo que abandonaran las dependencias para, a continuación, llevar a cabo el registro sin testigos. Los cinco también afirmaron que el equipo que llevó a cabo la operación colocó las pruebas, incluidas armas de fuego y explosivos, que presuntamente se hallaron en sus camas, una práctica de las fuerzas de seguridad que ha sido ampliamente documentada en Filipinas para detener a activistas por cargos que no admiten fianza y dificultar sus actividades.
Desde 2016, durante el mandato del expresidente Rodrigo Duterte y hasta ahora con el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos son objeto cada vez más de reiterados actos de hostigamiento, amenazas y ataques, incluso homicidios ilícitos. Muchos de estos activistas y defensores y defensoras pertenecen a organizaciones que el gobierno o individuos desconocidos han etiquetado como “rojas”, o han acusado de ser la fachada de grupos comunistas, acusación que esas personas han negado reiteradamente. En un comunicado de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmó que “los defensores de los derechos humanos han sido víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas y acoso legal durante casi 20 años”. También se señalaba que la acción de etiquetar como rojos –señalar a individuos o grupos (incluyendo a defensores de los derechos humanos y a ONG) como comunistas o terroristas– “[ha] sido una amenaza persistente y poderosa para la sociedad civil y la libertad de expresión”.
La práctica de etiquetar como rojos ha continuado con el gobierno de Marcos, a pesar de los reiterados llamamientos de Estados miembros de la ONU para que se ponga fin a esa práctica durante el examen del historial de derechos humanos de Filipinas en noviembre de 2022. En diversos foros escolares a los que asistieron miembros de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, se advertía al alumnado que no debía unirse a organizaciones juveniles a las que las fuerzas de seguridad habían acusado de ser “organización de fachada” del Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo. Otros grupos e individuos atacados —como periodistas, cooperantes, profesionales de la abogacía, activistas y pueblos indígenas— también han seguido siendo etiquetados como rojos o enjuiciados utilizando dos leyes gemelas, la Ley Antiterrorista y la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo.
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