Primera AU: 084/23 | Índice: AMR 34/7151/2023 | Fecha: 29 de agosto de 2023 | Guatemala

GUATEMALA: ABOGADA Y DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ENCARCELADA

El 28 de agosto de 2023, la abogada y defensora de los derechos humanos guatemalteca Claudia González Orellana fue arrestada en su domicilio después de que un juez dictara una cuestionable orden de captura contra ella. Claudia es exfuncionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mecanismo de la ONU contra la corrupción que funcionó en Guatemala hasta 2019 y cuyos exfuncionarios/as se han enfrentado a una persecución generalizada. Claudia es también representante legal de varios abogados y abogadas que luchan contra la corrupción y que han sufrido criminalización como represalia por su trabajo. El arresto de Claudia constituye un claro intento de silenciarla, a ella y a todas las personas que luchan por la justicia y los derechos humanos en Guatemala. Amnistía Internacional pide al Ministerio Público de Guatemala que revise de forma inmediata e imparcial los cargos contra Claudia y garantice que ésta goza de sus derechos humanos en todas las etapas de este proceso.

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Claudia González Orellana, de 55 años, es exfuncionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), perteneciente a la ONU y que funcionó en el país hasta 2019. En ese año, el gobierno se negó a renovar el mandato de esta institución, y desde entonces sus exfuncionarios y exfuncionarias —incluidos los que trabajan para la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que colaboraron estrechamente con la CICIG— se han enfrentado a una grave persecución y criminalización como represalia por su trabajo. Mientras la CICIG estuvo en funcionamiento, se sacaron a la luz numerosos escándalos de corrupción y se enjuiciaron destacados casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Además de ser exfuncionaria de la CICIG, Claudia también es representante legal de varios exfuncionarios y exfuncionarias de la CICIG y la FECI que se enfrentan a cargos penales injustos como represalia por su trabajo. Entre otras personas, representa a la exfuncionaria de la FECI Virginia Laparra, que actualmente cumple prisión por presentar una denuncia contra un juez en el ejercicio de sus funciones como fiscal, y a Juan Francisco Sandoval, exdirector de la FECI, actualmente exiliado de Guatemala. En mayo de 2023, Claudia recibió el Premio Abogados para Abogados (Lawyers for Lawyers Award), que reconoce a los y las profesionales del derecho que corren graves riesgos a consecuencia de su trabajo.

El proceso penal contra Claudia constituye un claro intento de castigarla tanto por su trabajo en la CICIG como por su intento de buscar justicia para las personas de su profesión injustamente criminalizadas. Además, deja a las personas a las que representa, como Virginia Laparra y Juan Francisco Sandoval, desprotegidas en los procesos legales contra ellas, y transmite un intimidatorio mensaje a todas las personas que se pronuncian a favor de la justicia y de los derechos humanos en Guatemala.

Desde 2019 hasta el momento actual, más de 50 defensores y defensoras de los derechos humanos, ex trabajadores/as de la CICIG, jueces y periodistas se han visto obligados a huir del país a causa de los procedimientos penales infundados iniciados por el Ministerio Público guatemalteco contra ellos, y a causa de la absoluta falta de imparcialidad y garantías de sus derechos que existe en Guatemala en estos momentos. La detención de Claudia ha tenido lugar en este contexto. Figuras internacionales expertas en derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por la criminalización de quienes participan en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
Antes de su arresto, Claudia acudió repetidamente al Ministerio Público para pedir información sobre posibles procedimientos contra ella, pero le negaron dicha información. El 28 de agosto de 2023, unos agentes del Ministerio Público ejecutaron varias órdenes de captura dictadas contra extrabajadores/as de la CICIG y la FECI, incluida la de Claudia. A Claudia a continuación la pusieron bajo custodia. El arresto fue autorizado por cargos de “abuso de autoridad”, pese a que Claudia nunca ha ocupado un cargo público en el gobierno de Guatemala. Los cargos, por tanto, suscitan serias dudas sobre la imparcialidad y los motivos de la causa contra ella. El día que fue arrestada, el juez inicialmente se negó a celebrar una audiencia. Cuando finalmente se celebró dicha audiencia, el Ministerio Público no se presentó, por lo que Claudia no fue informada debidamente de los cargos en su contra, lo cual viola sus derechos. A pesar de ello, Claudia fue puesta en prisión preventiva hasta su próxima audiencia y, según los informes, permanece recluida en régimen de aislamiento. La próxima audiencia está prevista para el 6 de septiembre de 2023, pese a que la legislación guatemalteca establece que debe celebrarse en un plazo de 24 horas a partir del arresto.

Algunos casos recientes documentados por Amnistía Internacional demuestran que las autoridades de Guatemala no garantizan el derecho a un juicio justo y otros derechos humanos de personas que se enfrentan a procedimientos penales infundados.

Amnistía Internacional pide a las autoridades guatemaltecas que revisen de forma inmediata e imparcial los cargos contra Claudia González y garanticen que se respetan los derechos humanos de la detenida.
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Nombre y género gramatical: Claudia González Orellana (femenino)