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Red de acciones urgentes

AU: 98/26: 98/26 | Índice: AMR 37/1675/2026 | Fecha: | Honduras

Acción Urgente

Honduras: Garifuna defenders still criminalized in Honduras.

La Fiscalía ha dictado un acta de acusación formal por seis cargos diferentes contra once defensores y defensoras garífunas que protestan contra la filmación de un reality show televisivo en sus tierras ancestrales de Cayos Cochinos, un pequeño archipiélago situado en el Caribe. El hostigamiento judicial contra miembros de la comunidad continúa a pesar de una sentencia de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró al Estado de Honduras responsable de violar los derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Pedimos a la Fiscalía hondureña que ponga fin a la criminalización, y que garantice que el Estado cumple la sentencia de la Corte Interamericana.

Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo

Fiscal General 

Pablo Emilio Reyes Theodore

Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, Honduras

Correo-e: fiscaliageneralhnd@gmail.com

 

Señor Fiscal General:

 

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la situación de 11 miembros de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos que están siendo criminalizados por protestar para defender sus derechos humanos. 

 

El 4 de noviembre de 2026, la Fiscalía de Honduras dictó acta de acusación formal por cargos de usurpación agravada, daños a la propiedad privada, alteración de linderos marítimos, amenazas, asociación para delinquir y desórdenes públicos contra Ana Mabel Ávila Robledo, Jimmy Javier Arzú Flores, Kelvin Adony Flores Aranda, José Luis Lalín Palacios, José Wilman Arzú Fernández, José Francisco González Martínez, Carolina Castillo García, Oscar Orlando López Castillo, Jorge Luis Lalín Palacios, Jorge Manuel Lalín Ávila y Nelson Arturo Arzú Fernández. Esta acusación está relacionada con el campamento de protesta pacífica instalado en septiembre por la comunidad garífuna en Playa Uva para oponerse a la filmación de un reality show en sus tierras ancestrales y con otras actividades emprendidas para defender sus derechos. Los defensores y defensoras corren peligro inminente de detención. La causa judicial está en manos del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, que se centra en delitos graves. 

 

En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que, desde 1993, el gobierno de Honduras había implementado ciertas medidas, incluidas la designación de un área protegida y la autorización de reality shows televisivos en una zona de Cayos Cochinos, que violaban el derecho de la comunidad garífuna al consentimiento libre, previo e informado y a los derechos culturales y a la propiedad. La Corte ordenó varias medidas vinculantes destinadas a poner fin a estas violaciones de derechos y reparar los daños causados, entre ellas obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad antes de permitir cualquier nueva filmación. Según OFRANEH, Honduras no ha cumplido con sus obligaciones.

 

Estos nuevos hechos se suman a un contexto de amenazas, intimidación, discriminación racial, estigmatización y acoso judicial contra el pueblo garífuna por defender sus derechos sobre su territorio ancestral.

 

Lo insto a poner fin de inmediato a la criminalización contra los defensores y defensoras garífunas de Cayos Cochinos y a tomar todas las medidas necesarias para cumplir plenamente la sentencia de la Corte Interamericana a favor de la comunidad garífuna, una sentencia que es vinculante para todas las autoridades hondureñas.

 

Atentamente, 

[NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en tu país

Paseo de la Castellana nº 134 -1º Izquierda. - 28046-MADRID
Teléfono: 913595150.-. Fax: 91 345 92 10
E-mail: honduras.info@embahn.es

Información adicional

En septiembre de 2026, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) denunció públicamente que la comunidad garífuna de Cayos Cochinos no había podido acceder a partes de su territorio en el archipiélago del Caribe porque se estaba filmando en la zona un reality show televisivo, a pesar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad. 

El 14 de septiembre de 2026, los miembros de la comunidad instalaron un campamento de protesta pacífico en Playa Uva, donde tenía lugar la filmación. Dos días después, decenas de policías llegaron en embarcaciones para ejecutar una orden de “desalojo preventivo”, y las autoridades señalaron que 11 defensores y defensoras se enfrentaban a cargos de usurpación agravada. La Policía Nacional no ejecutó la orden de desalojo, y unos días después la zona de filmación se trasladó a la laguna de Cacao, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, en el norte de Honduras. El campamento de protesta continúa todavía en su lugar. El 4 de noviembre de 2026, la Fiscalía dictó acta de acusación formal por seis cargos penales contra los 11 defensores y defensoras garífunas de Cayos Cochinos. 

Al mismo tiempo, a final de octubre, en otra causa penal infundada contra cinco líderes de San Juan, otra comunidad garífuna, el mismo juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada suspendió a los dos abogados de OFRANEH de la práctica profesional durante dos meses por presunta conducta indebida. Esta suspensión afecta negativamente a todas las comunidades a las que los abogados de OFRANEH proporcionan asistencia letrada.

OFRANEH y las comunidades garífunas han denunciado públicamente que Honduras no ha cumplido las cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana en favor de las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos. Además, han denunciado repetidamente amenazas, intimidación, discriminación racial, estigmatización y acoso judicial como represalia por defender sus derechos sobre su territorio ancestral y exigir que se cumplan las cuatro sentencias.

En su sentencia sobre la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, dictada el 20 de noviembre de 2025, la Corte Interamericana determinó que Honduras había implementado ciertas medidas, incluida la construcción del Monumento Natural Marino del Archipiélago de Cayos Cochinos y sus planes de gestión, y había autorizado filmaciones televisivas sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Asimismo, la Corte señaló que todo ello había afectado a la capacidad de la comunidad de practicar y preservar su forma de vida tradicional y, por tanto, mantener su conexión cultural y espiritual con el mar y los recursos naturales de la zona, incluida la pesca en pequeña escala, que constituye su principal sustento. La Corte ordenó al Estado de Honduras que implementara varias medidas para prevenir la repetición de estos hechos y otorgar reparación; esas medidas incluían garantizar la participación efectiva de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos en el plan de gestión del Monumento Natural Marino y obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad antes de continuar con la producción de reality shows. Además, la Corte ordenó al Estado que investigara las denuncias penales presentadas entre 2007 y 2024 sobre actos de violencia perpetrados contra miembros de la comunidad.

El Decreto 93-2021 introdujo en la legislación hondureña la práctica de los desalojos preventivos y sumarios sin supervisión judicial ni salvaguardias del debido proceso, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por el país. En agosto de 2026, especialistas de procedimientos especiales de las Naciones Unidas pidieron a las autoridades de Honduras que suspendieran aproximadamente un millar de desalojos forzosos que estaban pendientes, en el contexto de disputas de tierras.

 

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