Cuarta AU: 133/20 | Índice: AMR 37/4617/2021 | Fecha: 19 de agosto de 2021 | Honduras

Honduras: LOS DEFENSORES DEL AGUA CONTINÚAN EN PRISIÓN

Ocho miembros del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) continúan en prisión preventiva en Yoro (norte de Honduras) desde hace años por defender fuentes de agua protegidas que están en peligro a causa de un proyecto minero. El pasado 29 de julio de 2021, la Fiscalía General solicitó a la Corte Suprema la ampliación de esta medida preventiva, a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que esta detención era arbitraria y pidió su liberación inmediata. Pedimos a las autoridades que revisen la detención preventiva de los ocho defensores y tomen todas las medidas necesarias para ponerlos de inmediato en libertad.

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El Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, en el norte de Honduras, es una agrupación de organizaciones que defienden los derechos a la tierra y el medioambiente. Se opone a la concesión otorgada a la empresa minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras (anteriormente conocido como Montaña de Botaderos), situado en el municipio de Tocoa. El 1 de agosto de 2018, residentes locales establecieron el “campamento de Guapinol” para protestar pacíficamente por la concesión y explotación minera de la zona núcleo del área protegida donde se encuentran las fuentes de agua de las que depende su supervivencia. Se presentaron varias denuncias penales ante tribunales locales que siguen pendientes.
Los miembros del CMDBCP se han enfrentado al menos a dos procesos penales desde 2018 por defender los ríos Guapinol y San Pedro. En marzo de 2019, un juez desestimó los cargos contra 12 de ellos acusados de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, pero el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. El 13 de agosto de 2020, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán anuló la desestimación ordenada en marzo a favor de 5 de los 12 defensores, lo que significa que estos hombres podrían enfrentarse a un nuevo juicio y ser enviados de nuevo a prisión preventiva.
El 26 de agosto de 2019, las autoridades detuvieron a José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz. Una semana después, el 1 de septiembre, un tribunal los acusó y un juez ordenó su prisión preventiva. El 29 de noviembre de 2019, tras haber pasado más de dos meses en una prisión de alta seguridad, las autoridades los trasladaron al Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro (norte), donde permanecen desde entonces. Jeremías Martínez Díaz permanece recluido en el Centro Penal La Ceiba, departamento de Atlántida (norte), desde el 5 de diciembre de 2018. Hasta el momento, los diversos recursos contra su detención y de hábeas corpus presentados para solicitar una medida alternativa tanto por la ilegalidad de la detención como por el riesgo de COVID-19 han sido declarados inadmisibles o están pendientes de resolución.
Tras una visita realizada el 16 de abril de 2020 al Centro Penal de Olanchito, el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) solicitó una revisión de la prisión preventiva de los siete defensores del Guapinol (véase la Acción Urgente). En su Opinión núm. 85/2020, emitida durante su 89º periodo de sesiones, del 23 al 27 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria subrayó que no hay motivo legal para utilizar la prisión preventiva en el caso de los defensores José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz, e hizo hincapié en el peligro que corren en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Grupo de Trabajo pidió la libertad inmediata y una reparación para los ocho defensores, así como la investigación de los presuntos autores de su detención ilegal. El 12 de marzo de 2021, organizaciones locales confirmaron que José Daniel Márquez Márquez había dado positivo en la prueba de COVID-19. Fue puesto en aislamiento, y ahora ya está de nuevo en la prisión de Olanchito.
Honduras lleva años enfrentándose a un grave problema de hacinamiento en las cárceles. Según el informe anual de 2020 de MNP-CONAPREV, las prisiones de Honduras están masificadas al 166% de su capacidad instalada, y sólo el 45% de la población reclusa cuenta con una sentencia firme sobre los fundamentos de su caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado periódicamente su preocupación por las condiciones de detención existentes en Honduras, que —debido a las deficientes infraestructuras, la falta de higiene, la carencia de instalaciones de aseo y lugares dignos para dormir, la deficiente atención médica, la escasez de alimentos y su falta de valor nutricional, y el deficiente e insuficiente acceso al agua— suponen un riesgo para la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad. En septiembre de 2020, las autoridades penitenciarias de Honduras informaron de que un total de 1.749 personas detenidas habían dado positivo en COVID-19; en 2021 han informado de 108 casos. En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha alertado continuamente sobre numerosos homicidios y otros ataques contra activistas en Honduras, uno de los países más mortales del mundo para quienes defienden los derechos humanos.
 

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