Primera AU: 89/26: 89/26 | Índice: AMR 37/1427/2026 | Fecha: | Honduras
Acción UrgenteHonduras: Poner fin a la criminalización de personas garífunas que defienden la tierra
Cinco integrantes (cuatro hombres y una mujer) de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se enfrentan a procedimientos penales tras haber sido detenidos durante una operación policial en la comunidad garífuna de San Juan, Tela. Se les acusa de usurpación agravada por defender su territorio ancestral. Su acusación se produce en un contexto de retórica racista de ataque a las comunidades garífunas y de falta de cumplimiento total, por parte de las autoridades hondureñas, de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protegen los derechos territoriales del pueblo garífuna. Pedimos a la Fiscalía General de Honduras que ponga fin a la criminalización de estas cinco personas defensoras y garantice que el pueblo garífuna puede defender sus territorios ancestrales sin temor a sufrir acoso.
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Fiscal General
Pablo Emilio Reyes Theodore
Lomas del Guijarro
Tegucigalpa (Honduras)
Correo-e: fiscaliageneralhnd@gmail.com
Señor Fiscal General:
Me preocupa profundamente la persecución criminal que se está llevando a cabo contra Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta, cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) detenidos tras una operación policial en julio de 2026. Según los informes, más de 200 policías llegaron a la comunidad para llevar a cabo un desalojo, durante el cual las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y dispararon munición real, según los testimonios. Aunque las cinco personas defensoras fueron puestas en libertad horas después, siguen enfrentándose a procedimientos penales por usurpación agravada por defender su territorio ancestral, y podrían ser condenadas a penas de prisión. Además, OFRANEH ha informado de campañas de estigmatización y discriminación racial dirigidas a minar la legitimidad de su trabajo y sus demandas de que se protejan los derechos del pueblo garífuna.
El procesamiento de estas cinco personas parece formar parte de un patrón de criminalización más amplio que afecta a las comunidades garífuna que buscan protección para sus derechos colectivos a la tierra. Esta situación resulta especialmente alarmante habida cuenta de que Honduras ha sido condenado reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos de las comunidades garífunas, especialmente los derechos a la tierra y los derechos económicos, sociales y culturales, y sigue teniendo la obligación de cumplir esas sentencias.
Lo insto a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la criminalización de estas cinco personas defensoras y para garantizar que el pueblo garífuna puede llevar a cabo libremente sus actividades legítimas de derechos humanos sin intimidación, discriminación ni acoso judicial.
Atentamente,
[NOMBRE]
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Paseo de la Castellana nº 134 -1º Izquierda. - 28046-MADRID
Teléfono: 913595150.-. Fax: 91 345 92 10
E-mail: honduras.info@embahn.es
Información adicional
El 6 de julio de 2026, más de 200 policías llegaron a la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, departamento de Atlántida, para llevar a cabo un desalojo. Según los testimonios, durante la operación las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y dispararon munición real. Además, las autoridades detuvieron a las cinco personas defensoras de los derechos humanos, a quienes dejaron en libertad horas después. Sin embargo, estas personas siguen enfrentándose a procedimientos penales por usurpación agravada de su propio territorio ancestral, unos procedimientos que podrían dar lugar a penas de prisión.
OFRANEH ha denunciado también campañas de estigmatización y discriminación racial a consecuencia de su labor y sus reclamaciones en este caso; esas campañas tienen como finalidad socavar la legitimidad del trabajo y las reclamaciones de la organización.
Este es el segundo desalojo que se lleva a cabo desde la entrada en vigor de la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, aprobada por el Congreso Nacional en mayo de 2026. Entre otras cosas, la ley prohíbe las manifestaciones y las huelgas en una amplia diversidad de territorios y autoriza los desalojos sin control judicial y sin un juicio justo, lo que pone en peligro los derechos a la alimentación, la vivienda, la reunión pacífica y la libertad de expresión. También agrava el riesgo de criminalización de las personas campesinas, indígenas y afrodescendientes. En septiembre de 2026, varios procedimientos especiales de la ONU y personas expertas en derechos humanos han expresado su preocupación por esta ley.
Antes de eso, algunos órganos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y organizaciones de la sociedad civil ya habían planteado su preocupación por la ambigua definición del delito de usurpación en el Código Penal, que puede dar lugar a un uso arbitrario y discrecional de este delito que conduzca a una mayor criminalización de las personas que defienden los derechos humanos.
Para el pueblo garífuna, su territorio es el fundamento de su identidad colectiva, su cultura, su espiritualidad, su forma de vida, su soberanía alimentaria y su supervivencia misma como pueblo.
Entre 2015 y 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias contra Honduras por violar el derecho al territorio ancestral y otros derechos de cuatro comunidades garífunas del norte de Honduras: la comunidad garífuna de Punta Piedra (2015), la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz (2015), la comunidad garífuna de San Juan (2023) y la comunidad garífuna de Cayos Cochinos (2026). A lo largo de los últimos años, OFRANEH ha denunciado repetidamente que el gobierno hondureño ha incumplido las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar de que se trata de sentencias vinculantes según el derecho internacional.
Desde el 10 de agosto de 2026, OFRANEH mantiene un campamento de protesta pacífica ante la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para pedir el fin de la criminalización, el cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el cese de las campañas de estigmatización y discriminación racial contra el pueblo garífuna.
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