Cierre de AU: 105/24: 105/24 | Índice: AMR 51/8874/2024 | Fecha: | Estados Unidos
Acción UrgenteINDIANA LLEVA A CABO SU PRIMERA EJECUCIÓN DESDE 2009
Joseph Corcoran fue ejecutado en Indiana en la madrugada del 18 de diciembre de 2024. Corcoran fue declarado culpable y condenado a muerte en 1999 por el asesinato de cuatro hombres cometido en 1997. Hace tiempo se le había diagnosticado esquizofrenia paranoide, con síntomas que incluyen alucinaciones y delirios. Los últimos recursos fueron rechazados y el gobernador se negó a intervenir.
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En 1997, Joseph Corcoran, de 22 años, vivía en casa de su hermana cuando disparó contra su hermano, su futuro cuñado y otros dos hombres que se encontraban allí. La discapacidad mental de Joseph Corcoran fue el foco de los esfuerzos para detener la ejecución. Sus abogados intentaron que se le permitiera volver al tribunal alegando que la discapacidad mental que padecía impedía su ejecución. Por su parte, Joseph Corcoran presentó ante los tribunales una declaración jurada manuscrita en la que afirmaba que no deseaba seguir litigando por su caso y que entendía que, si se desestimaban las peticiones, sería ejecutado, y que “la ejecución acabará con mi vida”.
El 10 de diciembre de 2024, Día de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de Indiana falló por 3 votos a 2 en contra de los abogados. La opinión disidente decía: “No hay pena más severa —más irrevocable— que la muerte. Por ello, al revisar casos en los que se impone esta pena, la justicia no requiere rapidez, sino precisión y cuidado. Garantizar este requisito constitucionalmente exige asegurarse de que la persona presa es competente para ser ejecutada... Las pruebas presentadas por los abogados de Corcoran revelan un historial documentado de enfermedad mental grave, incapacidad para cooperar con la defensa y el deseo de ser ejecutado para escapar de la cárcel, todo lo cual plantea dudas sustanciales sobre su capacidad mental actual... [C]omo mínimo, deberíamos suspender la ejecución de Corcoran y ordenar un examen psiquiátrico”.
El 11 de diciembre de 2024 se presentó ante un tribunal federal una petición en nombre de la esposa de Joseph Corcoran, que actuaba como “amiga íntima” de su marido, en la que se alegaba que éste no era competente para ser ejecutado y que, como tal, su ejecución sería inconstitucional en virtud de las sentencias del Tribunal Supremo Ford v. Wainwright (1986), Panetti v. Quarterman (2007) y Madison v. Alabama (2019). Entre las pruebas presentadas se encontraba el informe de una psiquiatra, fechado el 10 de diciembre (demasiado tarde para el Tribunal Supremo de Indiana). Dicho informe detallaba que los registros penitenciarios de 2023 a 2024 de Joseph Corcoran indicaban lo siguiente: “sigue delirando mucho y no tiene ninguna percepción de su enfermedad... Debido a sus fuertes convicciones paranoides y a su creencia de que los profesionales de la salud mental le diagnosticarán una enfermedad psiquiátrica debido a que desconocen el sistema de vigilancia electrónica que existe, no cooperará con una evaluación de psiquiatras u otros profesionales de la salud mental. Minimiza y encubre sus síntomas”. A este respecto, la psiquiatra señaló que la declaración jurada de Joseph Corcoran “hace pensar que su decisión de renunciar a seguir litigando es lógica”. El 13 de diciembre, el Tribunal de Distrito de EE. UU. denegó la petición, dictaminando que la alegación de incompetencia para la ejecución tenía “errores de procedimiento y carecía de fundamento”. El 16 de diciembre, el Tribunal de Apelación de Estados Unidos confirmó esta decisión. Uno de los tres jueces disintió, señalando, entre otras cosas, las nuevas pruebas de que “los intensos delirios esquizofrénicos paranoides de Corcoran no sólo continúan, sino que le hacen ocultar su estado al mundo y fingir cordura”. El disidente también señaló que el Tribunal Supremo del estado se había basado en la declaración jurada de Joseph Corcoran, pero sin haber dado a sus abogados la oportunidad de responder a ella. Esto, dijo, constituía “precisamente la falta de garantías procesales” condenada anteriormente por el Tribunal Supremo de EE. UU. en Ford y Panetti, y era “particularmente preocupante” dadas las pruebas periciales que los abogados habían presentado previamente sobre los “esfuerzos de Joseph Corcoran por ocultar sus verdaderas motivaciones para solicitar la pena de muerte”.
A última hora del 17 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a intervenir, al igual que el gobernador, y la ejecución mediante inyección letal se llevó a cabo poco después de las doce y media de la noche del 18 de diciembre. En un comunicado, los abogados de Joseph Corcoran recordaron las pruebas periciales según las cuales Joseph Corcoran “prefería morir” antes que “reconocer su esquizofrenia”, y que así fue “como el gobierno pudo matarlo”. Afirmaron que “están firmemente convencidos de que permitir la ejecución de Joe ha menoscabado el Estado de derecho”.
En Indiana se han llevado a cabo 21 de las 1.607 ejecuciones que se han producido en Estados Unidos desde 1976. Este año ha habido 25 ejecuciones en Estados Unidos. Ésta ha sido la primera ejecución en Indiana desde el 11 de diciembre de 2009. Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte en todos los casos.
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