Segunda AU: 023/21 | Índice: ASA 21/3903/2021 | Fecha: | Indonesia
Acción UrgenteINDONESIA: CAMPESINOS QUE REALIZAN LABORES AMBIENTALES SERÁN JUZGADOS
Syamsul Bahri y Samsir, padre e hijo, pertenecientes a una comunidad campesina de la provincia de Sumatra Septentrional, van a ser juzgados por una acusación que se teme que es falsa y está relacionada con su labor como defensores de los derechos humanos ambientales. El 24 de febrero, la policía los dejó en libertad bajo fianza tras mantenerlos 14 días detenidos, y el tribunal ha fijado el inicio de su juicio para el 29 de marzo. Dadas las sospechas de que se intenta criminalizarlos, es preciso asegurarse de que Syamsul Bahri y Samsir gozan de las debidas garantías en su juicio y que éste es imparcial y está basado en pruebas suficientes y creíbles.
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Dr. H. ST. Burhanuddin, SH., MH
Fiscal General de la República de Indonesia /
Attorney General of the Republic of Indonesia
Attorney General’s Office (AGO)
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru,
South Jakarta, Jakarta, Indonesia (12160)
Correo-e: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id y
subbidhumas@gmail.com
Señor Fiscal General:
Le escribo para expresarle mi preocupación por Syamsul Bahri y Samsir, miembros de la comunidad campesina de Nipah, en Sumatra Septentrional, que desarrollan una labor de conservación del medioambiente y defensa de su acceso a la tierra y se enfrentan a un juicio penal. Syamsul Bahri y Samsir van a ser juzgados por lo que muchos se temen que son cargos falsos, que parecen estar utilizándose para limitar su labor de recuperación de un manglar de la zona y de defensa de sus derechos a un medioambiente saludable y sostenible.
Syamsul Bahri y Samsir están acusados de actos violentos por un hombre que, según testigos, se inventó el incidente. Aunque es un alivio que el padre y el hijo hayan quedado en libertad bajo fianza, me preocupan las afirmaciones hechas contra ellos teniendo en cuenta el contexto de su labor como defensores de los derechos ambientales, cada vez más sometidos a criminalización, amenazas e intimidación cuando desarrollan su labor de promoción y protección de los derechos humanos.
Como sin duda sabe, el artículo 66 de la Ley 32/2009 sobre Protección y Gestión Ambiental dispone que “ninguna persona que defienda el derecho a un medioambiente adecuado y saludable debe ser perseguida por delito ni por infracción civil”. Por consiguiente, la criminalización de Syamsul Bahri y Samsir no sólo viola sus derechos protegidos por ley, sino que coloca en una situación de mayor riesgo los derechos y el trabajo de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los que exigen pacíficamente su acceso a la tierra.
Por consiguiente, le pido que se asegure de que se garantizan los derechos de Syamsul Bahri y Samsir a un juicio justo con arreglo a las normas internacionales. Solo deben interponerse acciones judiciales cuando sirven al interés de la justicia y se basan en la imparcialidad y en pruebas suficientes, creíbles y admisibles.
De lo contrario, le pido que suspenda las acciones si no hay pruebas suficientes. También solicito a las autoridades que se aseguren de que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus familias pueden llevar a cabo sus actividades pacíficas sin temor a ser perseguidos, como dispone el artículo 66 de la Ley 32/2009.
Atentamente,
[NOMBRE]
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Embajada de Indonesia en Madrid
Calle de Agastia No. 65
28043 Madrid
España
EMAIL madrid.kbri@kemlu.go.id
Información adicional
Syamsul Bahri y Samsir fueron detenidos el 10 de febrero de 2021 y pasaron 14 días en la cárcel hasta que la policía los puso en libertad bajo fianza el 24 del mismo mes. A principios de marzo, la policía entregó su expediente de investigación a la fiscalía de la regencia de Langkat. Ésta lo remitió al Tribunal de Distrito de Langkat, que ha fijado el 29 de marzo para el comienzo del juicio. Es de esperar que la fiscalía lea el acta de acusación formal en la primera vista. Si son declarados culpables en virtud del artículo 170 del Código Penal, pueden ser condenados a hasta 5 años y 6 meses de cárcel.
A finales de 2017, el gobierno otorgó a la comunidad campesina de Nipah el derecho de gestionar un terreno de 242 hectáreas en el pueblo de in Kwala Serapuh, provincia de Sumatra Septentrional, para su uso sostenible con arreglo a una autorización de explotación forestal social. Desde entonces, la comunidad viene trabajando para recuperar los manglares de la zona. La comunidad se queja de la actividad de una empresa de aceite de palma que posee una plantación en tierras cuya gestión la comunidad reclama.
La acusación presentada contra Syamsul Bahri y Samsir se remonta a un suceso ocurrido en diciembre de 2020, cuando miembros de la comunidad campesina de Nipah trabajaban en un proyecto de recuperación ambiental en las tierras que gestionan en régimen de explotación forestal social. Según testimonios recogidos por ONG locales, como la organización ecologista WALHI North Sumatra (Amigos de la Tierra - Sumatra Septentrional), la de asistencia jurídica LBH-Medan y Srikandi Lestari, el 18 de diciembre llegaron al lugar dos hombres que tomaron fotos de sus actividades.
Syamsul Bahri, presidente de la comunidad, los interrogó sobre el objetivo de su visita. Después, una de los hombres se alejó y llamó a su amigo gritándole que le estaban “pegando una paliza” para que los demás pudieran oírlo, y a continuación se tiró al río. La comunidad campesina de Nipah lo rescató rápidamente con una lancha y lo puso a salvo. Después le pidió que aclarara lo que había dicho en la llamada. El hombre dijo entonces que no lo había golpeado ninguno de los miembros de la comunidad, una declaración que uno de ellos grabó en vídeo. Su amigo llegó a recogerlo poco después.
Casi dos meses más tarde, el 8 de febrero de 2021, Syamsul Bahri y Samsir recibieron una carta de la policía de Tanjung Pura, que los convocaba para un interrogatorio el 10 de febrero, pues uno de los hombres había presentado una denuncia en la que afirmaba que Syamsul y otros campesinos lo habían agredido el 18 de diciembre de 2020. Syamsul Bahri y Samsir fueron acusados de violencia grupal en aplicación del artículo 170.1 del Código Penal. Los dudosos cargos presentados contra ellos han sido cuestionados, ya que no habían sido interrogados como testigos, ni se les había pedido que hicieran comentarios sobre la denuncia.
ONG locales que siguen el caso creen que la detención se basa en acusaciones falsas contra Syamsul Bahri y Samsir y constituye una forma criminalización cuyo objetivo es suprimir la labor de la comunidad para conservar los manglares y reclamar sus derechos relacionados con el acceso a la tierra. En una declaración dirigida a la coalición de ONG, el jefe superior de policía adjunto de la regencia de Langkat Edi Suranta Sinulingga negó las sospechas de criminalización y afirmó que la policía ha recogido pruebas sobre la agresión.
Los defensores y defensoras de los derechos ambientales en Indonesia que trabajan para proteger y promover estos derechos y los relacionados con el acceso a la tierra cada vez son más hostigados y criminalizados al percibir el Estado y los agentes económicos sus actividades como un obstáculo a la aplicación de políticas de desarrollo. Uno de los casos más notables de criminalización sucedió en 2017, cuando el activista ambiental Heri Budiawan, alias Budi Pego, fue condenado a cuatro años de cárcel por difundir el comunismo en relación con su labor de oposición a la explotación aurífera en Tumpang Pitu, Banyuwangi, provincia de Java Oriental.
En 2020, Amnistía Internacional registró la detención, el ataque y la intimidación de al menos 202 defensores y defensoras de los derechos humanos en Indonesia, incluidos activistas ambientales que defendían sus derechos a la tierra y a un medioambiente saludable.
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