Irán: AUMENTAN LAS EJECUCIONES RELACIONADAS CON DROGAS EN IRÁN

En el contexto de un atroz aumento de las ejecuciones en Irán, crecen los temores de que miles de personas hayan sido condenadas a muerte y corran peligro de ejecución o estén siendo investigadas o procesadas por delitos de drogas penados con la muerte. En 2023, al menos 481 personas fueron ejecutadas por delitos de drogas, más de la mitad de las al menos 853 ejecuciones realizadas en total. Los miembros de la oprimida minoría baluchi sufrían desproporcionadamente los efectos de su uso, ya que representaban el 29% de todas las ejecuciones relacionadas con drogas, a pesar de que sólo constituían alrededor del 5% de la población.

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Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union,

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:
Me preocupa profundamente el aumento de las ejecuciones arbitrarias relacionadas con drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios, con al menos 481 de estas ejecuciones registradas en 2023, que representaban más de la mitad de todas las ejecuciones en ese año y un aumento del 89% desde 2022. Las autoridades iraníes se niegan a publicar estadísticas sobre la pena capital, por lo que se desconoce el número exacto de personas condenadas a muerte o sometidas a un proceso penal por delitos de drogas penados con la muerte. Sin embargo, declaraciones oficiales —incluidos anuncios sobre arrestos relacionados con drogas en todo el país— hacen temer que miles de personas hayan sido condenadas a muerte y corran peligro de ejecución o estén siendo investigadas o procesadas por delitos de drogas que acarrean la pena de muerte. Crecen los temores de nuevas ejecuciones por delitos de drogas en el contexto de una alarmante trayectoria ascendente de tales ejecuciones desde que Ebrahim Raisi asumió la presidencia en 2021, sumada a las declaraciones recientes de altos cargos públicos que critican la reforma de la Ley Antidroga en 2017 que dio lugar a un descenso de las ejecuciones relacionadas con drogas de 2018 a 2020. En enero de 2024, una comisión parlamentaria aprobó un nuevo proyecto de reforma de esta ley que, de aprobarse, ampliará la lista de delitos de drogas penados con la muerte. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos relacionados con drogas y de otra índole que no alcancen el umbral de “los más graves delitos”, que conllevan el homicidio intencional.
El uso de la pena capital por las autoridades para castigar delitos relacionados con drogas afecta de manera desproporcionada a las comunidades pobres y marginadas, y contribuye a crear un círculo vicioso de pobreza e injusticia y afianzar la discriminación. En 2023, la oprimida minoría étnica baluchi representaba el 29% de todas las ejecuciones relacionadas con drogas, a pesar de que sólo constituía alrededor del 5% de la población iraní y sus miembros normalmente eran ejecutados en secreto y sin notificar a familiares y abogados. Los Tribunales Revolucionarios, que tienen las competencias para enjuiciar los delitos relacionados con drogas, carecen de independencia y actúan influidos por organismos de seguridad e inteligencia. Las personas juzgadas ante tales tribunales son sistemáticamente privadas de su derecho a un juicio justo, que incluye una defensa adecuada, la capacidad de impugnar la legalidad de la detención, la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse, a una revisión significativa y a una vista pública e imparcial. Además, los Tribunales Revolucionarios se basan persistentemente en “confesiones” empañadas por tortura para dictar fallos condenatorios y condenas de muerte.
Le pido que suspenda inmediatamente todas las ejecuciones relacionadas con drogas, que anule los fallos condenatorios y las condenas a muerte dictadas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios, y que declare la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena de muerte. Y mientras, le pido que tome medidas para poner la legislación nacional en consonancia con las leyes y normas internacionales, entre ellas eliminar la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas y derogar las condenas a muerte preceptivas.

Atentamente, [NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Irán acreditada en tu país

Embajada de Irán en España

C/ Jerez, 5. Madrid
Villa El Altozano (Chamartín)
Fax: 91 345 11 90

Email: iranemb.mad@mfa.gov.ir
embajadadeiran@gmail.com

Información adicional

En 2023, Amnistía Internacional documentó al menos 853 ejecuciones en Irán, donde muchas cárceles se transformaron en lugares de ejecuciones masivas y más de la mitad de las ejecuciones (481) fueron por delitos relacionados con drogas. El uso de la pena de muerte afectaba de manera desproporcionada a la oprimida minoría étnica baluchi de Irán. De las al menos 172 personas baluchis ejecutadas (hombres y mujeres), 138 estaban condenadas por delitos de drogas y sus ejecuciones representaron el 29% de todas las ejecuciones por drogas en Irán. La minoría baluchi reside principalmente en Sistán y Baluchistán, una de las provincias más pobres y subdesarrolladas de Irán, debido a la persistente falta de inversiones del gobierno central. Las autoridades iraníes han desatendido sistemáticamente las causas profundas de la participación en delitos de drogas, como la privación económica y la marginación sistémica. Las personas ejecutadas por delitos de drogas en 2023, especialmente las de la minoría baluchi, a menudo lo fueron en secreto y sin que se les permitiera una última visita de familiares. Normalmente la familia se enteraba de la ejecución de su ser querido cuando las autoridades penitenciarias la llamaban para que recogiera el cadáver. Según activistas de derechos humanos baluchis, en el curso de dos días, 30 de julio y 1 de agosto de 2023, las autoridades ejecutaron en secreto a al menos 11 varones baluchis por delitos relacionados con drogas sin previa notificación a sus familias ni visitas de despedida.
Antes de 2017, las autoridades iraníes ejecutaban a cientos de personas anualmente por delitos relacionados con drogas. El clamor global de condena de las ejecuciones de 638 personas en 2015 y 328 en 2016 por delitos relacionados con drogas dio lugar a una reforma legislativa de la Ley Antidroga de Irán en octubre de 2017 que exigía cantidades superiores de drogas incautadas para la imposición preceptiva de la pena de muerte. En enero de 2018, el entonces presidente de la magistratura suspendió las ejecuciones relacionadas con drogas y ordenó la revisión de casos para la posible conmutación de la pena en aplicación de la reforma. A partir de ahí, el número de ejecuciones relacionadas con drogas descendió a 25 en 2018, 30 en 2019 y 23 en 2020. Estas mejoras duraron poco tras el ascenso de Ebrahim Raisi a la presidencia en agosto de 2021 y el posterior nombramiento de Gholamhossein Ejei para el cargo de presidente de la magistratura. Desde entonces, altas instancias judiciales y altos cargos de la Jefatura de la Lucha Antidroga han criticado públicamente la reforma de 2017. Estas críticas se suman a los esfuerzos de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo para promulgar una nueva ley antidroga que, de aprobarse, ampliará la lista de drogas incautadas que acarrean la pena de muerte. En abril de 2022, Mohammad Tarahomi, director de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Lucha Antidroga, anunció que un decreto para la “actualización y reforma de la legislación antidroga en el Parlamento” del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, había impulsado a la magistratura y la Jefatura de Lucha Antidroga a colaborar en la redacción de un nuevo proyecto de ley antidroga que contendría 115 artículos. En diciembre de 2022, el gobierno presentó un borrador de la ley con cinco artículos ante el Parlamento, basado en las instrucciones del presidente Raisi de priorizar algunos apartados del proyecto de ley, y a raíz de sus llamamientos públicos a intensificar la “lucha implacable contra las drogas”. A principios de enero de 2024, la Comisión Jurídica y Judicial del Parlamento ya había aprobado los principios generales del proyecto de ley. Tras la sublevación “Mujer Vida Libertad”, las autoridades iraníes intensificaron el uso de la pena de muerte como instrumento de represión política para afligir y aterrorizar a la población, e imponer el silencio y el sometimiento mediante la fuerza bruta. El número de ejecuciones en 2023 fue el más alto registrado desde 2015 y supone un aumento del 48% respecto a 2022 y del 172% respecto a 2021.
El uso de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas y la imposición preceptiva de condenas a muerte contravienen el derecho y las normas internacionales. El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Irán, y la salvaguardia núm. 1 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1984/50, disponen que, en el caso de los países que aún no han abolido la pena de muerte, su imposición debe restringirse a “los más graves delitos”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que “'los más graves delitos' debe interpretarse de forma restrictiva y limitarse exclusivamente a delitos de extrema gravedad, que entrañen un homicidio intencional. Los delitos que no resultan directa e intencionalmente en la muerte, como los delitos relacionados con las drogas [...], aunque de carácter grave, nunca pueden justificar, en el marco del artículo 6, la imposición de la pena de muerte”. La imposición preceptiva de la pena de muerte también está prohibida por el derecho internacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que “la imposición automática y obligatoria de la pena de muerte constituye privación arbitraria de la vida [...] cuando se impone dicha pena sin posibilidad alguna de tener en cuenta las circunstancias personales del acusado o las circunstancias del delito concreto”. Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido repetidamente al Consejo Económico y Social y a sus órganos subsidiarios, entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que la abolición de la pena de muerte sea parte integrante de todos los programas dirigidos a promover la reforma de las políticas sobre drogas, prevenir la delincuencia y mejorar los sistemas de justicia penal en todo el mundo. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.

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