Undécima AU 38/17: 38/17 | Índice: MDE 13/0334/2025 | Fecha: 26 de septiembre de 2025 | Irán

Acción Urgente

Irán: En peligro de ejecución hombre iranosueco sometido a desaparición forzada

Las autoridades iraníes están sometiendo al profesor universitario iranosueco Ahmadreza Djalali, condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto, a desaparición forzada, crimen de derecho internacional, desde el 24 de junio de 2025. Las autoridades niegan información sobre su suerte y paradero a sus familiares y abogados, lo que hace temer que esté en grave peligro de ejecución secreta en plena crisis actual de ejecuciones en Irán. Tampoco han permitido a Ahmadreza Djalali el acceso oportuno y adecuado a asistencia médica, ni siquiera después de que sufriera un infarto en mayo de 2025, lo que aumenta los temores por su salud y su vida mientras siga sometido a desaparición forzada.

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Presidente de la Magistratura

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei

c/o Embassy of Iran to the United Nations in Geneva

Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Suiza

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

El profesor universitario y médico iranosueco Ahmadreza Djalali, en detención arbitraria en Irán desde abril de 2016 y condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto, está sometido a desaparición forzada, que es un crimen de derecho internacional. Desde el 24 de junio de 2025, sus familiares y abogados no han recibido de las autoridades iraníes información sobre su suerte y paradero a pesar de sus reiterados intentos de obtenerla. Esto hace pensar que corre grave peligro de ejecución secreta en plena crisis actual de ejecuciones, y dado que las autoridades han intensificado el uso de la pena capital con el pretexto de la seguridad nacional tras la escalada de las hostilidades entre Israel e Irán en junio de 2025. Ahmadreza Djalali se comunicó por última vez con su familia el 23 de junio de 2025, en una breve llamada que realizó tras los ataques aéreos deliberados de las fuerzas armadas israelíes contra la prisión de Evín, en Teherán, ese mismo día. Tras los ataques aéreos, las autoridades trasladaron a unos 180 reclusos de esta prisión a la penitenciaría central del área metropolitana de Teherán. Según información recibida por la familia de Ahmadreza Djalali de una fuente informada, él estaba entre los trasladados, pero el 24 de junio de 2025 se lo llevaron de repente a un lugar desconocido.

A lo largo de 2025, el estado de salud de Ahmadreza Djalali continuó deteriorándose y, entre otras cosas, sufrió un ataque al corazón a principios de mayo de 2025, pero las autoridades le negaron acceso a una asistencia médica adecuada, por lo que han aumentado los temores por su salud y su vida mientras siga sometido a desaparición forzada. En octubre de 2017, el Tribunal Revolucionario condenó a muerte a Ahmadreza Djalali por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) tras un juicio manifiestamente injusto por acusaciones infundadas de colaboración y comunicación con Israel, lo cual él ha negado repetidamente. La detención de Ahmadreza Djalali es arbitraria debido a la gravedad de las violaciones de sus derechos relacionados con un juicio justo: derecho a la presunción de inocencia; derecho a no autoinculparse; derecho a un juicio ante un tribunal independiente, competente e imparcial; derecho a un abogado desde el momento de la detención; derecho a una defensa adecuada; derecho a ser protegido contra la tortura y otros malos tratos, y derecho a impugnar por medios válidos la legalidad de su detención.

Le pido que revele inmediatamente la suerte y paradero de Ahmadreza Djalali, detenga cualquier plan para ejecutarlo, anule su sentencia condenatoria y pena de muerte y lo ponga en libertad sin demora, ya que su detención es arbitraria debido al grave incumplimiento de sus derechos relativos a un juicio justo. Hasta entonces, se le debe proporcionar acceso inmediato y continuo a su familia, representación letrada y asistencia médica adecuada, así como protección frente a la tortura y otros malos tratos. Deben llevarse a cabo sin demora investigaciones independientes, imparciales y eficaces sobre los presuntos responsables de ordenar, cometer o ayudar a cometer actos ilícitos, y las personas sospechosas de tales delitos deben ser procesadas en juicios justos. Asimismo, debe declararse una suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Atentamente,

[NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Irán acreditada en tu país

C/ Jerez 5, “Villa El Altozano" 28016 - MADRID
Teléfono: 91 345 01 12 // 91 345 01 16 // 91 345 01 13
Fax: 91 345 11 90
E-mail: iranemb.mad@mfa.gov.ir

Información adicional

Desde que comenzó la desaparición forzada de Ahmadreza Djalali a manos de las autoridades iraníes, sus familiares y abogados han intentado repetidamente obtener información sobre su suerte y paradero en múltiples oficinas, de la fiscalía y la prisión de Evín entre otras, pero les dicen que acudan a otra oficina o que no hay información disponible. A mediados de septiembre de 2025, según una fuente informada, funcionarios de la prisión de Evín dijeron que Djalali no estaba recluido allí y que sólo el fiscal (dadsetan) encargado de su caso podía tomar decisiones relativas al acceso a él.

En una carta redactada en prisión en agosto de 2017, Ahmadreza Djalali decía que, tras el arresto, lo habían sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” que era un espía, incluidas amenazas de ejecutarlo, matar o causar cualquier otro daño a sus hijos, que viven en Suecia, y a su madre, que vivía en Irán y murió en 2021. En la misma carta, Ahmadreza Djalali escribió que estaba recluido únicamente por haberse negado a utilizar sus contactos académicos en instituciones europeas para espiar al servicio de las autoridades de Irán. Ahmadreza Djalali fue condenado a muerte por “corrupción en la tierra" (efsad-e fel-arz) en octubre de 2017 tras un juicio manifiestamente injusto ante un Tribunal Revolucionario que se basó principalmente en "confesiones" que, según Ahmadreza Djalali, se obtuvieron bajo tortura y otros malos tratos mientras permanecía recluido en régimen de aislamiento prolongado y se le negaba el acceso a asistencia letrada. Amnistía Internacional ha sostenido en repetidas ocasiones que la "corrupción en la tierra" no cumple los requisitos de claridad y precisión necesarios en el derecho penal. El 9 de diciembre de 2018, su equipo de defensa se enteró de que el Tribunal Supremo había confirmado su condena a muerte sin concederles la oportunidad de presentar alegatos de defensa. En mayo de 2022, los abogados de Ahmadreza Djalali presentaron una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal Supremo y, por separado, un recurso ante el presidente de la Magistratura en virtud del artículo 477 del Código de Procedimiento Penal para que ordenara la revisión del caso; más de tres años después no se ha recibido ninguna respuesta. Durante toda la detención arbitraria de Ahmadreza Djalali, las autoridades iraníes le negaron el acceso a una atención médica oportuna y adecuada. En 2025, el estado de salud de Ahmadreza Djalali empeoró y, el 9 de mayo, sufrió un infarto y no recibió asistencia médica hasta que la clínica del centro penitenciario abrió cinco horas más tarde; después se vio privado del tratamiento especializado que necesitaba hasta el 10 de mayo, y fue gracias a varias intervenciones internacionales, incluidos llamamientos públicos de activistas y organizaciones de derechos humanos y la intervención de la ministra sueca de Asuntos Exteriores. Posteriormente, las autoridades volvieron a negarle el acceso a atención médica adecuada y oportuna, incluidos exámenes de seguimiento de su corazón. Amnistía Internacional ya ha advertido anteriormente de que las autoridades iraníes tomaron como rehén a Ahmadreza Djalali y amenazaron con ejecutarlo para obligar a terceros a intercambiarlo por exfuncionarios iraníes condenados o enjuiciados en el extranjero, y para que se abstengan de procesar en el futuro a funcionarios iraníes.Las circunstancias del indulto que el gobierno sueco concedió a Hamid Nouri, exoficial iraní declarado culpable y condenado a cadena perpetua en 2022 por su participación en las masacres penitenciarias de 1988 en Irán, y su retorno a Irán desde Suecia el 15 de junio de 2024, confirmaron la preocupación expresada por Amnistía Internacional de que las autoridades iraníes estaban usando como rehenes a nacionales suecos para canjearlos por Hamid Nouri.

Ahmadreza Djalali es médico y profesor universitario residente en Suecia, y también profesor de Medicina de Catástrofes visitante en la Universidad Libre de Bruselas. Tras su arresto estuvo recluido en la sección 209 de la prisión de Evín, controlada por Ministerio de Inteligencia, durante siete meses, tres de ellos en régimen de aislamiento prolongado, sin acceso a asistencia letrada. En noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a Irán que lo pusiera en libertad de inmediato y le reconociera el derecho jurídicamente exigible a una indemnización y otras formas de reparación. El Grupo de Trabajo determinó que la violación de su derecho a un juicio justo era de una gravedad tal “que confiere a la privación de libertad del Sr. Djalali [...] carácter arbitrario”. Desde finales de noviembre de 2020 hasta principios de abril de 2021, agentes del Ministerio de Inteligencia sometieron a Ahmadreza Djalali a tortura y otros malos tratos mientras estaba incomunicado en régimen de aislamiento prolongado en la sección 209. Durante este tiempo, los agentes mantuvieron encendida una luz brillante en su celda las 24 horas, lo que, según él, le causó una gran angustia mental, y lo obligaron a dormir en el suelo sobre una delgada manta durante más de cinco meses.

Desde el levantamiento Mujer Vida Libertad en 2022, las autoridades han utilizado la pena de muerte para infundir miedo a la población. Tras la escalada de las hostilidades entre Israel e Irán en junio de 2025, cargos públicos iraníes como Gholamhossein Mohseni Ejei, presidente de la Magistratura, pidieron la aceleración de los juicios y ejecuciones por “apoyar” a Estados hostiles, incluido Israel, o “colaborar” con ellos. Desde el 13 de junio de 2025, al menos 10 hombres han sido ejecutados arbitrariamente por cargos de motivación política y/o acusaciones de espiar para Israel, entre ellos Babak Shahbazi, condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario tras un juicio manifiestamente injusto en mayo de 2025 y ejecutado el 17 de septiembre. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

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