IRÁN: HOMBRE EN GRAVE RIESGO DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN CON PROTESTAS EN IRÁN

Reza (Gholamreza) Rasaei, kurdo iraní, se encuentra en peligro inminente de ejecución en relación con las protestas acontecidas entre septiembre y diciembre de 2022 en todo el país. El 16 de diciembre de 2023, la Sección 17 del Tribunal Supremo confirmó su sentencia condenatoria y la pena de muerte por “asesinato”, dictadas por un tribunal penal tras un juicio manifiestamente injusto en el que se admitieron como “pruebas” sus confesiones forzadas y obtenidas mediante tortura. La sentencia se despachó oficialmente el 31 de diciembre para que fuese ejecutada, en medio de un aumento alarmante de las ejecuciones en todo el país.

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Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles (Bélgica)

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Reza (Gholamreza) Rasaei, de 34 años, perteneciente a las oprimidas minoría étnica kurda y minoría religiosa yaresana, se encuentra en peligro inminente de ejecución en la prisión de Dizel Abad en relación con las protestas “Mujer Vida Libertad” que tuvieron lugar en todo el país entre septiembre y diciembre de 2022. En una sentencia fechada el 16 de diciembre de 2023, la Sección 17 del Tribunal Supremo confirmó su sentencia condenatoria por “asesinato” y su pena de muerte. Según fuentes informadas, el 31 de diciembre de 2023 se remitió su sentencia a la Oficina de Aplicación de Condenas del tribunal penal de la provincia de Kermanshah, lo que hace temer que su ejecución pueda llevarse a cabo en cualquier momento. El 7 de octubre de 2023, la Sección Segunda del Tribunal Penal 1 de la provincia de Kermanshah condenó a muerte a Reza Rasaei en relación con el homicidio de un agente, identificado como miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica por los medios de comunicación estatales iraníes, el 18 de noviembre de 2022 durante una protesta en Sahneh, en la provincia de Kermanshah. Reza Rasaei ha negado reiteradamente su implicación en los hecho y ha declarado, incluso durante el juicio, que sus “confesiones” forzadas se hicieron bajo tortura y otros malos tratos. Pese a ello, tanto el tribunal penal como el Tribunal Supremo admitieron como “prueba” sus confesiones forzadas. No se tiene constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura.

Reza Rasaei fue arrestado el 24 de noviembre de 2022 en Shahriar, en la provincia de Teherán, por la Unidad de Investigación de la Policía de Irán (Agahi) y posteriormente trasladado a un centro de detención de esta Unidad en Sahneh. Según fuentes bien informadas, durante su interrogatorio en ese lugar, los agentes infligieron a Reza Rasaei tortura y otros malos tratos, tales como descargas eléctricas, asfixia colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y palizas brutales, para obligarlo a “confesar”. El primer encuentro de Reza Rasaei con su abogado fue durante el juicio, que se celebró en tres sesiones y cuya vista final tuvo lugar el 21 de setiembre de 2023. Se violó de manera flagrante su derecho a un juicio con las debidas garantías, incluido el acceso a un abogado de su elección desde el momento de la detención, a impugnar de forma significativa la legalidad de su detención, a no autoinculparse y a ser juzgado por un tribunal independiente, competente e imparcial.

Lo insto a que detenga de inmediato cualquier plan para llevar a cabo la ejecución de Reza (Gholamreza) Rasaei y a que anule su sentencia y condena a muerte. Si es acusado de delitos comunes reconocibles, el juicio debe cumplir las normas internacionales de justicia procesal, y deberán quedar excluidas la posibilidad de recurrir a la pena de muerte y las confesiones obtenidas mediante tortura. Lo insto a que conceda inmediatamente a Reza Rasaei acceso a su familia, a un abogado elegido de forma independiente y a atención médica adecuada. Lo insto a protegerlo de nuevos actos de tortura y otros malos tratos, a investigar sus denuncias de tortura y a hacer comparecer a los responsables ante la justicia para que sean juzgados con las debidas garantías. Por último, lo exhorto a conceder acceso a observadores independientes a los juicios de casos de pena capital relacionados con las protestas y a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

Atentamente,

[NOMBRE]

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Embajada de Irán en Madrid, España
Villa El Altozano
Jerez, 5
Chamartín
28016 Madrid
España
Fax: (+34) 91 345 11 90
Email: iranemb.mad@mfa.gov.ir
embajadadeiran@gmail.com

Información adicional

Entre septiembre y diciembre de 2022 tuvo lugar en todo Irán un levantamiento popular sin precedentes contra el sistema de la República Islámica a raíz de la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022, días después de su detención arbitraria por la “policía de la moral” iraní. Las autoridades dispararon de forma generalizada e ilegítima munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos, y sometieron a palizas brutales a quienes protestaban. Cientos de manifestantes y transeúntes fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos decenas de niños y niñas, y miles de personas resultaron heridas pero no acudieron a recibir atención médica por temor a ser detenidas. Más de la mitad de las víctimas de homicidio pertenecían a las oprimidas minoría baluchi en la provincia de Sistán y Baluchistán y minoría kurda en las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental. Desde principios de noviembre de 2022, grupos kurdos de derechos humanos denunciaron un “clima de fuertes medidas de seguridad” en la provincia de Kermanshah marcado por el amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Esta situación puso de relieve el aumento de la represión por parte de las autoridades en anticipación a las protestas de los días 15 a 19 de noviembre de 2022 para conmemorar los homicidios perpetrados durante las manifestaciones de noviembre de 2019.

Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a ocho personas en relación con las protestas de 2022 tras juicios manifiestamente injustos y plagados de acusaciones de tortura. El 23 de noviembre de 2023, las autoridades ejecutaron a Milad Zohrevand, diez días después de que el Tribunal Supremo confirmara su sentencia condenatoria y su condena a muerte por “asesinato” en relación con la muerte de un agente de la Guardia Revolucionaria durante las protestas. Según activistas de derechos humanos residentes fuera de Irán, tras su detención en relación con una protesta en Malayer (provincia de Hamadán), se le negó el acceso a asistencia letrada.

La tortura constituye una violación del derecho internacional y su uso está prohibido en todas las circunstancias. Las declaraciones obtenidas por medio de tortura, malos tratos u otras formas de coacción no deben admitirse como prueba en los procedimientos penales, excepto cuando se presenten contra los presuntos autores de tales abusos. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, los procedimientos en los que pueda imponerse deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo. Toda persona detenida por cargos penales debe ser tratada de manera que se cumplan plenamente las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo. Este derecho incluye los derechos de la persona a elegir representación letrada, a recibir asistencia jurídica efectiva desde el momento de su detención, durante el juicio y en las actuaciones preliminares, a comparecer con prontitud ante un juez, a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente e imparcial, a ser considerada inocente, a guardar silencio y no ser obligada a inculparse o declararse culpable, a tener acceso pleno a las pruebas pertinentes, a no permanecer detenida por cargos imprecisos, a interrogar y contrainterrogar a testigos, a ser sometida a una vista justa y pública ante un tribunal competente que sea independiente e imparcial y a recibir una sentencia pública y fundamentada. Amnistía Internacional ha documentado invariablemente una constante de violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo en Irán, que empieza en el momento de la detención y se prolonga durante la investigación, el juicio y el procedimiento de apelación. Los tribunales habitualmente hacen caso omiso de las denuncias de tortura y otros malos tratos, sin ordenar una investigación, y se basan en “confesiones” empañadas por tortura para dictar sentencias condenatorias e imponer condenas, incluso en causas punibles con la pena de muerte. Según el derecho internacional, la imposición de la pena de muerte tras un juicio sin garantías constituye una privación arbitraria de la vida.

En Irán, las minorías étnicas y religiosas sufren una arraigada discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades iraníes limitan el acceso de las minorías étnicas a la educación, el empleo y a cargos políticos. Las minorías religiosas —como la yaresana— sufren discriminación en la legislación y en la práctica, que afecta a su acceso a la educación, el empleo, la adopción infantil, los cargos públicos y los lugares de culto.

Las autoridades iraníes se han embarcado recientemente en otra alarmante oleada de ejecuciones que han acabado con la vida de al menos a 115 personas solamente en noviembre de 2023, es decir, casi el doble de las ejecuciones llevadas a cabo en noviembre de 2022. Este repunte se produce en un contexto en el que las autoridades iraníes están intensificando el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política, especialmente contra manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas oprimidas. Por ejemplo, el 2 de enero de 2024, las autoridades ejecutaron arbitrariamente al kurdo iraní Davoud Abdollahi, condenado a muerte por “corrupción en la tierra” tras un juicio manifiestamente injusto y plagado de denuncias de torturas. Las autoridades utilizan esta forma extrema de castigo cruel e inhumano para atormentar y aterrorizar a la población de Irán e imponer el silencio y la sumisión mediante la fuerza bruta. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.

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