93/24 Primera AU: 93/24 | Índice: MDE 13/8673/2024 Iran | Fecha: 25 de octubre de 2024 | Irán

Acción Urgente

Irán: Joven detenido cuando tenía 17 años corre peligro inminente de ejecución

Mohammad Reza Azizi, de 21 años, corre peligro inminente de ejecución por un delito que sucedió cuando tenía sólo 17, lo que constituye una violación del derecho internacional en relación con la prohibición de uso de la pena de muerte contra personas menores de edad. Su juicio fue manifiestamente injusto, y el tribunal lo declaró culpable basándose en unas “confesiones” suyas obtenidas en interrogatorios llevados a cabo sin la presencia de representación letrada. Las autoridades iraníes ya han programado anteriormente su ejecución en al menos dos ocasiones, una de ellas para el 21 de octubre de 2024.Pese a que la ejecución se suspendió gracias a la indignación de la opinión pública, Mohammad Reza Azizi sigue condenado a muerte y en peligro de ser ejecutado.

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Presidente de la magistratura
Head of judiciary
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles - Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Mohammad Reza Azizi, que ahora tiene 21 años, corre peligro inminente de ser ejecutado en la prisión Adel Abad de Shiraz (provincia de Fars), tras haber sido declarado culpable de un delito que sucedió cuando tenía sólo 17. La ejecución ya había sido programada en dos ocasiones anteriores, una de ellas para el 21 de octubre de 2024. Esta última vez, la ejecución se suspendió gracias a la indignación de la opinión pública, pero el riesgo de que Mohammad Reza Azizi sea ejecutado persiste.
Mohammad Reza Azizi fue detenido en septiembre de 2020, e interrogado sin la presencia de asistencia letrada. El 15 de agosto de 2021, cuando aún tenía 17 años, la sala primera del Tribunal Penal núm. 1 de la provincia de Fars lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a muerte en virtud del principio del qesas (castigo equivalente al delito cometido). El tribunal dictó sentencia basándose en unas “confesiones” suyas realizadas en los interrogatorios, según los documentos jurídicos examinados por Amnistía Internacional. A Amnistía Internacional le preocupa que estas “confesiones” se hubieran obtenido en circunstancias coercitivas. La organización lleva tiempo documentando la práctica de los cuerpos de seguridad e inteligencia iraníes consistente en mantener a las personas detenidas en régimen de aislamiento durante la fase de instrucción, interrogándolas sin la presencia de asistencia letrada, y someterlas a tortura y otros malos tratos para forzarlas a inculparse. El tribunal también hizo caso omiso de pruebas clave, como las declaraciones de los testigos de la defensa. La sala 26 del Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria y la pena de muerte de Mohammad Reza Azizi en noviembre de 2021. En sus sentencias, examinadas por Amnistía Internacional, ambos tribunales reconocían que Mohammad Reza Azizi era menor de 18 años en el momento del delito, pero aceptaban la conclusión de la Organización de Medicina Legal de Irán —institución forense estatal bajo supervisión de la magistratura—, de que éste ya había alcanzado “desarrollo mental y madurez” en el momento del delito. El Tribunal Supremo rechazó al menos una solicitud de revisión judicial. Antes de que se programara su ejecución para el 21 de octubre se presentó otra solicitud, que sigue pendiente.
Irán sigue condenando a muerte y ejecutando a personas menores de 18 años en el momento del delito del que son declaradas culpables, con lo que incumple las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional.
Lo insto a detener de inmediato la ejecución prevista de Mohammad Reza Azizi, a anular tanto su sentencia condenatoria como su condena a muerte, y a concederle la repetición del juicio con las debidas garantías y de plena conformidad con el derecho internacional y los principios de la justicia juvenil, sin admitir confesiones forzadas y sin recurrir a la pena capital. Asimismo, le pido que establezca de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones y suprima por completo la pena de muerte para personas menores de 18 años en el momento del presunto delito, de conformidad con las obligaciones de Irán en virtud del derecho internacional y en espera de la abolición total de la pena capital.
Atentamente,

[NOMBRE]

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C/ Jerez 5, “Villa El Altozano" 28016 - MADRID
Teléfono: 91 345 01 12 // 91 345 01 16 // 91 345 01 13
Fax: 91 345 11 90
E-mail: iranemb.mad@mfa.gov.ir
Sección Consular: mad.consular@mfa.gov.ir
Diplomacia Pública – Prensa: mad.media@mfa.gov.ir

Información adicional

Las autoridades iraníes detuvieron a Mohammad Reza Azizi el 18 de septiembre de 2020 y le negaron el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios. Según los documentos jurídicos, el joven “confesó” haber actuado en defensa propia durante un altercado en el que él resultó herido y otra persona murió. Los documentos médicos examinados por Amnistía Internacional muestran que Mohammad Reza Azizi necesitó asistencia hospitalaria el día después del incidente. Según los documentos jurídicos examinados por Amnistía Internacional, la Organización de Medicina Legal de Irán determinó que Mohammad Reza Azizi ya había alcanzado “desarrollo mental y madurez” en el momento del delito, sin explicar cómo había llegado a esta conclusión más allá de que el joven podía indicar su nombre y apellido. Amnistía Internacional tiene entendido que el equipo jurídico de Mohammad Reza Azizi expresó su preocupación de que se habían extraído conclusiones sin “una investigación detallada”.

Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades iraníes, incluidos los jueces y el personal médico de la Organización de Medicina Legal de Irán, a suspender los procesos de “evaluación de madurez” —que son inherentemente conculcatorios de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y podrían acarrearles la pena muerte— y, en lugar de ello, adoptar la postura de tratar a toda persona menor de 18 años como menos madura y culpable que si fuera adulta, de acuerdo a las normas y principios internacionales de la justicia juvenil. Si bien el artículo 91 del Código Penal Islámico deja a discreción de los jueces la sustitución de la pena de muerte por una pena alternativa si consideran que hay dudas sobre la plena “madurez” de la persona acusada en el momento del delito, en la práctica no existen políticas ni directrices sobre qué tipos de pruebas y normas que regulan la carga de la prueba son necesarios para refutar la presunción de madurez. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades iraníes, en concreto a los diputados y diputadas, que modifiquen el artículo 91 para abolir por completo la pena de muerte por cualquier delito cometido por personas menores de edad, sin excepciones ni discrecionalidad de los jueces.

El sistema de justicia penal iraní también facilita la privación del derecho a la vida, perpetúa el ciclo de la violencia y trata de atribuir la responsabilidad de la muerte de un ser humano sancionada por el Estado a quienes han perdido un familiar por asesinato. La legislación iraní establece el sistema del qesas (castigo equivalente al delito cometido), que consiste en someter a las personas declaradas culpables de asesinato a la suerte sufrida por la víctima del asesinato, es decir, la muerte. La ley confiere esa facultad a la familia de la persona asesinada, que puede exigir y ejecutar el homicidio de la persona acusada o indultarla a cambio de “dinero de sangre” (diyah). En los casos de pena de muerte que afectan a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y se basan en el sistema del qesas, las autoridades iraníes suelen confundir a la opinión pública y a la comunidad internacional al afirmar que la decisión final de llevar a cabo o suspender la ejecución no está en sus manos, y que lo único que pueden hacer es mediar y animar a la familia de la víctima a conceder el indulto a cambio de “dinero de sangre”. Amnistía Internacional insiste reiteradamente en que esas declaraciones son falsas y reflejan una completa falta de respeto hacia los derechos de la infancia por parte de las autoridades iraníes. Los tribunales iraníes condenan a muerte por delitos cometidos cuando la persona en cuestión era menor de edad —lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional—, y después desestiman una y otra vez las solicitudes de conmutación de la pena.

Tras el movimiento de sublevación “Mujer Vida Libertad”, que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022, las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y afianzarse en el poder. En 2023, las autoridades llevaron a cabo al menos 853 ejecuciones. Amnistía Internacional registró ese año la ejecución de 5 personas que eran menores de edad en el momento del delito: Adel Damani, Ali Najafi, Abdolsamad Shahuzehi, Hamidreza Azari y Mahmoud Rigi. En 2024, la organización ha registrado en septiembre la ejecución de al menos una persona que era menor de edad en el momento del presunto delito: Mehdi Jahanpour.

La prohibición absoluta del empleo de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito del que son declaradas culpables está recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos ratificados por Irán. También se reconoce como norma imperativa del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados como vinculante para todos los Estados y no puede ser derogada. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

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