Segunda AU: 146/20 | Índice: MDE 13/4697/2021 | Fecha: 10 de septiembre de 2021 | Irán

Acción Urgente

IRÁN: KURDO IRANÍ EN RIESGO DE SER EJECUTADO

Heidar Ghorbani, preso kurdo iraní, corre riesgo de ejecución por “rebelión armada contra el Estado” (baghi), a pesar de que en su juicio se cometieron graves violaciones del derecho a un juicio justo y de que el tribunal que lo juzgó confirmó que jamás estuvo armado. En agosto de 2021, el Tribunal Supremo rechazó su segunda petición de una revisión judicial. Su sentencia condenatoria está basada en “confesiones” obtenidas por medio de tortura cuanto estuvo sometido a desaparición forzada.

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Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Mohseni Ejei:

Heidar Ghorbani, miembro de la minoría kurda de irán condenado a muerte y recluido en la prisión de Sanandaj, provincia de Kurdistán, corre riesgo inminente de ejecución. A principios de agosto de 2021, una sección del Tribunal Supremo rechazó su solicitud de revisión judicial presentada en virtud del artículo 477 del Código de Procedimiento Penal de Irán. Poco después, a principios de agosto de 2021, las autoridades judiciales informaron a la familia de Heidar Ghorbani de que su caso había sido enviado a la Oficina de Aplicación de Condenas, lo que hace temer que su ejecución pueda llevarse a cabo en cualquier momento. Ha presentado otra solicitud de revisión judicial en virtud del artículo 477, que sigue pendiente.

El 21 de enero de 2020, tras un juicio manifiestamente injusto, un tribunal revolucionario de Sanandaj lo había declarado culpable de “rebelión armada contra el Estado” y condenado a muerte en relación con los homicidios de tres hombres pertenecientes, según informes, a la fuerzas paramilitares Basihj, cometidos en septiembre y octubre de 2016 por parte de individuos afiliados al Partido Democrático Kurdo de Irán. En su sentencia, el tribunal reconoció que Heidar Ghorbani nunca estuvo armado y que se basó en sus “confesiones” —que según Heidar Ghorbani se obtuvieron bajo tortura y otros malos tratos—, en las que aseguró haber prestado apoyo a los autores de los homicidios mediante, entre otras cosas, su traslado y regreso a los lugares en que se perpetraron. En agosto de 2020, la Sección 27 del Tribunal Supremo confirmó su condena a muerte sin abordar las numerosas violaciones de las garantías procesales y las cuestiones probatorias. El mes siguiente, el Tribunal Supremo rechazó su primera petición de revisión judicial. Amnistía Internacional ha concluido que la sentencia dictada conculca las obligaciones contraídas por Irán en virtud del derecho internacional, que limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos” , es decir, los que comportan homicidio intencional. Además, infringe la legislación iraní, según la cual, para determinar la comisión del delito de “rebelión armada contra el Estado”, la persona acusada debe ser miembro de un grupo armado y haber recurrido ella misma a las armas.

Tras su detención por agentes del Ministerio de Inteligencia el 11 de octubre de 2016, Heidar Ghobani fue recluido en régimen de aislamiento prolongado y sometido a desaparición forzada. Heidar Ghorbani ha dicho que, durante ese periodo, lo torturaron reiteradamente para que hiciera una “confesión” en vídeo, que posteriormente se emitió por la cadena estatal Press TV antes de su juicio en marzo de 2017, violando así su presunción de inocencia. Durante la fase de investigación le negaron el acceso a asistencia letrada, y en el juicio se negó a sus abogados acceso pleno al sumario.

Le insto a que detenga inmediatamente la ejecución de Heidar Ghorbani. Le exhorto a que anule su declaración de culpabilidad y condena a muerte y a que le conceda un nuevo juicio justo en el que se excluyan “confesiones” obtenidas bajo tortura y otros malos tratos, que no se celebre sin la presencia de un abogado y en el que no se recurra a la pena de muerte. Asimismo, le ruego que se asegure de que se investigan sus denuncias de desaparición forzada y tortura, con el fin de garantizar que a las personas sospechosas de ser responsables de esas prácticas se las pondrá a disposición de la justicia y se las someterá a juicios justos.

Atentamente,

(Nombre)

Envía copia a la representación diplomática de Irán acreditada en tu país

Excmo. Sr. Hassan GHASHGHAVI
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
C/ Jerez 5, “Villa El Altozano" 28016 - MADRID
Fax: 91 345 11 90
E-mail: iranemb.mad@mfa.gov.ir

Información adicional

El 12 de septiembre de 2020, los abogados de Heidar Ghorbani apelaron al presidente de la Magistratura iraní para que ejerciera las facultades que le confiere el artículo 477 del Código de Procedimiento Penal de Irán y ordenara una revisión de la causa por contravenir claramente la sentencia dictada la legislación iraní y la sharia (ley islámica). Sus abogados informaron de que el presidente de la Magistratura envió la solicitud a una sección del Tribunal Supremo y que éste rechazó posteriormente la solicitud de revisión judicial a principios de agosto de 2021. El artículo 287 del Código Penal Islámico establece: “Todo grupo que tome las armas en contra de los fundamentos de la República Islámica de Irán será considerado baghi, y en caso de hacer uso de las armas, sus miembros serán condenados a muerte”. Según la información contenida en el sumario de la causa de Heidar Ghorbani, que Amnistía Internacional ha podido consultar, el investigador del caso —que trabaja en la fiscalía de la provincia de Kurdistán— sostuvo en un escrito del 1 de febrero de 2017 que no había pruebas para acusar a Heidar Ghorbani de “rebelión armada contra el Estado” (baghi). Sin embargo, el fiscal insistió en que el acta de acusación incluyera este cargo. Heidar Ghorbani ha negado ser miembro del Partido Democrático Kurdo de Irán, grupo armado de oposición kurdo.

Heidar Ghorbani fue detenido el 12 de octubre de 2016 por alrededor de 10 agentes del Ministerio de Inteligencia, que irrumpieron en su casa y no mostraron ninguna orden judicial de detención. Durante casi tres meses se negó a su familia toda información sobre su suerte y su paradero, por lo que ni siquiera sabían si estaba muerto o vivo. El 5 de enero de 2017, le permitieron hacer una breve llamada a su familia, pero se siguió ocultando su paradero. Después de esta llamada telefónica, siguió sin comunicarse a la familia su suerte y su paradero hasta abril de 2017, cuando lo trasladaron a la prisión central de Sanandaj. Tras su traslado allí, Heidar Ghorbani reveló que, estando sometido a desaparición forzada, había pasado varios días recluido en un centro de detención de Kamyaran, provincia de Kurdistán, administrado por la Unidad de Investigación de la policía de Irán (Agahi), y había sido trasladado luego a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj, donde durante varios meses estuvo recluido en régimen de aislamiento prolongado, en violación de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Asimismo, ha afirmado que durante ese tiempo sus interrogadores le propinaron patadas y puñetazos, le impidieron dormir y lo obligaron a permanecer tendido en el suelo mientras le pisaban el pecho hasta causarle sensación de ahogo. El 8 de marzo de 2017, Press TV, cadena estatal iraní que emite en inglés, difundió un vídeo propagandístico, titulado “El conductor de la muerte”, en el que se mostraron las “confesiones” forzadas de Heidar Ghorbani sin su consentimiento. Además de violar el derecho a la presunción de inocencia y a guardar silencio durante los interrogatorios y el juicio, dada la angustia mental que causan a las personas detenidas y a sus familias, este tipo de vídeos de “confesión”, que deshumanizan y demonizan a las víctimas y pretenden demostrar que son “culpables” de graves delitos, violan la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes según el derecho internacional. Además de ser juzgado ante un tribunal revolucionario, Heidar Ghorbani compareció también en juicio ante la Sección 1 del Tribunal Penal 1 de la provincia de Kurdistán por complicidad en asesinato, intento de secuestro y apoyo a los perpetradores directos para que escaparan. En este juicio, el 6 de octubre de 2019 fue condenado a un total de 118 años y 6 meses de prisión y a recibir 200 latigazos.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los procedimientos en los casos de pena capital deben respetar escrupulosamente las normas para la celebración de juicios con garantías, especialmente teniendo en cuenta el carácter irreversible de la pena de muerte. Todas las personas que se expongan a la pena capital deben contar con un abogado defensor competente en todas las etapas del proceso. Se las debe considerar inocentes hasta que se haya demostrado su culpabilidad con pruebas claras y convincentes y sin que quepa ninguna otra explicación de los hechos, en estricta aplicación de las más rigurosas normas de reunión y valoración de pruebas. Deben tenerse en cuenta, además, todas las circunstancias atenuantes. Los procedimientos deben garantizar el derecho de revisión de los elementos de hecho y jurídicos del caso ante un tribunal superior. La imposición de la pena de muerte tras un proceso penal que haya incumplido gravemente las normas sobre juicios justos constituye privación arbitraria del derecho a la vida y puede representar incluso ejecución extrajudicial. En una declaración realizada del 3 de septiembre de 2021, varios expertos en derechos humanos de la ONU afirmaron que “en el caso de Heidar Ghorbani, parece que se han violado muchas de las garantías fundamentales de un juicio justo y del debido proceso consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los países que aún utilizan la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir por completo esta pena.

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