Primera AU: 026/21 | Índice: MDE 13/3743/2021 | Fecha: 23 de febrero de 2021 | Irán

Acción Urgente

IRÁN: RECLUIDO ACTIVISTA DE DERECHOS LABORALES BRITÁNICO-IRANÍ

Mehran Raoof, ciudadano británico-iraní y activista de los derechos laborales se encuentra arbitrariamente recluido en la prisión de Evin, en Teherán. Agentes de la Guardia Revolucionaria lo detuvieron el 16 de octubre de 2020. Se encuentra recluido en régimen de aislamiento prolongado, lo que contraviene la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Es preso de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.

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Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary, Ebrahim Raisi
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,
1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Raisi:

Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la prolongada reclusión arbitraria del activista de los derechos laborales Mehran Raoof, de 64 años, que se encuentra en la Sección 2A de la prisión de Evin, desde su detención, el 16 de octubre de 2020. Agentes de la unidad de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria irrumpieron en su domicilio, en Teherán, lo registraron y confiscaron artículos personales, entre ellos su ordenador. Tras su detención, fue recluido durante un mes en régimen de incomunicación, y sólo después le dejaron hacer una breve llamada telefónica a un familiar lejano en Irán. No le han permitido llamar a su familia más cercana, que vive fuera de Irán, y le han negado, también, el derecho a acceder a asistencia letrada contratada por su familia, aunque se trate de abogados aprobados por la magistratura. Lleva meses recluido en régimen de aislamiento. Amnistía Internacional teme que corra peligro grave de sufrir nuevas torturas y otras violaciones de derechos humanos, habida cuenta, sobre todo, de la práctica habitual de la Guardia Revolucionaria de torturar a las personas detenidas para extraer “confesiones”, que más tarde utilizan para promover sentencias condenatorias en juicios injustos.

Mehran Raoof tiene doble nacionalidad, británica e iraní, y vive entre Irán y Reino Unido. Amnistía Internacional tiene entendido que sus amistades han intentado contratar para él un abogado independiente de su elección, pero las autoridades se han negado a concederle acceso a su expediente hasta el juicio. Mehran Raoof fue detenido, aproximadamente, al mismo tiempo que otros activistas de los derechos laborales en todo el país, en octubre de 2020, en el marco de una operación de represión coordinada para ahogar la defensa de los derechos laborales. Una de las personas detenidas ha sido ya condenada a 16 años de cárcel por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional, lo que hace temer que todas ellas reciban largas penas de prisión. Amnistía Internacional considera a Mehran Raoof preso de conciencia, recluido exclusivamente por haber defendido, por medios pacíficos, los derechos laborales en Irán, y haber apoyado los sindicatos sin recurrir a la violencia.

Mehran Raoof es una de las decenas de personas con doble nacionalidad que han sido detenidas y recluidas durante los últimos años en Irán. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán se ha mostrado preocupado por la detención arbitraria y continuada de las personas de doble nacionalidad, y ha afirmado que las autoridades las han sometido a “simulacros de juicio”, las han declarado culpables “basándose en pruebas falsas o sin ninguna prueba”, y han “intentado utilizarlas como instrumento diplomático”. Asimismo, ha señalado que varios familiares de personas con doble nacionalidad detenidas consideran la detención de sus seres queridos “una toma de rehenes”.

Le insto a dejar en libertad, de inmediato e incondicionalmente, a Mehran Raoof, ya que es preso de conciencia, recluido sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, mediante el activismo de derechos laborales. Hasta que sea puesto en libertad, le pido que garantice su acceso regular a sus familiares residentes fuera de Irán, a asistencia letrada de su elección y a la atención médica que necesite. Le insto a poner fin de inmediato a su prolongada reclusión en régimen de aislamiento y a protegerlo de nuevas torturas y otros malos tratos, garantizando que se le permita acceder a asistencia consular de las autoridades de Reino Unido.

Atentamente,

Envía copia a la representación diplomática de Irán acreditada en tu país

Excmo. Sr. Hassan GHASHGHAVI
Embajador Extraordinario yyPlenipotenciario
C/ Jerez 5, “Villa El Altozano" 28016 - MADRID
Fax: 91 345 11 90
E-mail: iranemb.mad@mfa.gov.ir

Información adicional

Las iniciativas de los trabajadores y trabajadoras, sindicalistas y activistas de los derechos laborales para llamar la atención sobre el impago de salarios, la precariedad de las condiciones laborales, la abrumadora inflación y el deficiente nivel de vida han sido respondidas una y otra vez por las autoridades iraníes con medidas de represión. Pese a las restricciones indebidas que pesan sobre el derecho a la libertad de asociación y a pesar de que los sindicatos independientes están prohibidos en Irán, numerosos trabajadores y trabajadoras, junto con las fuerzas que los apoyan, han seguido teniendo la valentía de constituir ese tipo de sindicatos y organizaciones de derechos laborales. Sin embargo, esas acciones han desembocado, con frecuencia, en despidos injustificados, jubilación anticipada obligatoria, agresiones y golpes de las fuerzas de seguridad que vigilaban protestas laborales, represalias por la organización de protestas o la participación en ellas, detenciones y reclusiones arbitrarias, torturas y otros malos tratos y largas penas de prisión por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional. Al menos un activista de los derechos laboras detenido durante la oleada de represión de octubre de 2020, Arash Johari, ha sido condenado a 16 años de prisión por su activismo de derechos laborales, lo que ha despertado el temor de que otras personas, como Mehran Raoof, reciban también duras penas de cárcel.

Amnistía Internacional ha documentado un patrón sistemático de violación del derecho a un juicio justo en Irán, que empieza en el momento de la detención y se prolonga hasta el enjuiciamiento. Las personas detenidas, investigadas y procesadas, en especial las que son de doble nacionalidad o son detenidas por motivos políticos, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos, son sometidas a procedimientos judiciales manifiestamente injustos. La mayoría son detenidas sin orden judicial y, a continuación, recluidas en lugares que no se dan a conocer, sin acceso a sus familias ni a asistencia letrada. Las fiscalía y los interrogadores de los servicios seguridad e inteligencia, incluida la Guardia Revolucionaria, les niegan sistemáticamente el derecho a comunicarse con un abogado desde el momento de la detención —incluso con los abogados supervisados y aprobados por la judicatura—, durante la fase investigación de su caso. La tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas por motivos políticos son práctica generaliza y sistemática, sobre todo durante los interrogatorios, y las autoridades penitenciarias y fiscales niegan también deliberadamente a los presos y presas de conciencia y a otras personas recluidas por motivos políticos el acceso a servicios médicos adecuados, incluida la medicación. A menudo, los agentes de inteligencia y de seguridad las mantienen recluidas en régimen de aislamiento, en condiciones deficientes y poco higiénicas —por ejemplo, en el Sección 2A de la prisión de Evin, controlada por la Guardia Revolucionaria—, a veces las 24 horas del día, durante semanas o meses, y sólo las dejan salir para los interrogatorios. Quienes se encuentran en régimen de aislamiento carecen de luz natural y aire fresco, y sus celdas están, con frecuencia, sumamente sucias e infestadas de insectos. En dichas celdas no hay, a menudo, instalaciones sanitarias adecuadas ni productos de higiene personal, y en ellas las personas detenidas tienen que dormir en el suelo, normalmente con una manta, y reciben exiguas raciones de comida de mala calidad. Todos los ex detenidos y ex detenidas con los que ha hablado Amnistía Internacional han afirmado que la reclusión prolongada en régimen de aislamiento les provocó inmenso dolor y sufrimiento psicológico, y sostienen que ésta se utilizó para obligarlos a “confesar”. En las circunstancias descritas, el régimen de aislamiento prolongado es constitutivo de tortura. Los tribunales utilizan habitualmente como prueba para dictar sentencia "confesiones" forzadas, obtenidas por medio de tortura y otros malos tratos y sin la presencia de un abogado.

El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la privación arbitraria de libertad. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha concluido que una detención puede ser arbitraria, aunque se ajuste a la legislación nacional, si contraviene las normas internacionales o es incompatible con otros derechos humanos, como los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las personas detenidas tienen derecho a comunicarse con el mundo exterior y a recibir visitas. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento, es decir, la impuesta durante periodos superiores a 15 días y 22 horas o más al día viola la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. La tortura es un delito de derecho internacional, y su está prohibido en todas las circunstancias. Las declaraciones obtenidas por medio de tortura, malos tratos u otras formas de coacción no deben admitirse como prueba en los procedimientos penales, excepto cuando se presenten contra los presuntos autores de tales abusos. El derecho a un juicio justo es jurídicamente vinculante para los Estados como parte del derecho internacional consuetudinario. Las personas sometidas a procedimientos penales deben tener derecho a contar con asistencia letrada de su elección desde el momento de su detención, a lo largo de los procedimientos previos al juicio y durante éste; a no ser obligadas a declarar contra sí mismas ni a declararse culpables; a no ser recluidas por cargos imprecisos; a comparecer en una vista justa y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y a recibir una sentencia pública y razonada.

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