Irán: RIESGO DE EJECUCIONES EN RELACIÓN CON LAS PROTESTAS TRAS JUCIOS INJUSTOS

En Irán, al menos ocho personas están condenadas a muerte en relación con el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de 2022, y otras nueve han sido ejecutadas arbitrariamente tras simulacros de juicio manifiestamente injustos. Las autoridades han vulnerado gravemente los derechos de estas personas a un juicio justo y han sometido a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos, tales como palizas, descargas eléctricas y violencia sexual. Aumenta la preocupación por la posibilidad de que haya más ejecuciones relacionadas con protestas debido a la oleada de ejecuciones en curso.

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Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Me preocupa enormemente el hecho de que al menos 15 personas corran el riesgo de que se les aplique la pena capital en relación con el levantamiento “Mujer Vida Libertad” entre septiembre y diciembre de 2022. Entre ellas figuran al menos ocho hombres —Fazel Bahramian, Mahmoud Mehrabi, Mamousta Mohammad Khazrnejad, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Bahramian, Mojahed (Abbas) Kourkouri, Reza (Gholamreza) Rasaei y Toomaj Salehi— condenados a muerte actualmente y en riesgo de ejecución tras juicios manifiestamente injustos en los que se dictaron sentencias condenatorias por cargos de “enemistad con Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi). El 23 de enero de 2024, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Mohammad Ghobadlou, joven con discapacidad mental, saltándose los procedimientos legales para negarle un nuevo juicio y ejecutar su condena a muerte, a pesar de que el Tribunal Supremo había anulado su sentencia condenatoria y su pena de muerte y había ordenado que se celebrara un nuevo juicio en julio de 2023. Amnistía Internacional sabe de otros dos hombres —Saeed Shirazi y Abolfazl Mehri Hossein Hajilou— como mínimo que han sido juzgados por cargos que conllevan la pena capital. Al menos cinco personas más están bajo investigación por delitos punibles con la pena capital relacionados con las protestas, y preocupa enormemente la posibilidad de que se impongan más condenas a muerte, dado que las autoridades han detenido y encausado a miles de personas en relación con el levantamiento.

Las personas antes mencionadas han sido sometidas a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o Tribunales de lo Penal en todo el país, incluidas las provincias de Alborz, Isfahán, Teherán, Kermanshah, Juzestán y Azerbaiyán Occidental. Las autoridades han violado, entre otros, los derechos a acceder a una defensa adecuada y a asistencia letrada de su elección, a la presunción de inocencia, a guardar silencio, a impugnar por medios válidos la legalidad de su detención y a una vista imparcial y pública. Los tribunales han utilizado confesiones forzadas mediante tortura, algunas de las cuales se retransmitieron a través de los medios de comunicación estatales antes de los juicios, para condenar a estas personas. Según ha documentado Amnistía Internacional, entre los métodos de tortura y otros malos tratos infligidos contra las personas antes mencionadas se incluyen palizas, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual y negación deliberada de atención médica.

Le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte derivadas de las protestas, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte. También le pido que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas declaradas culpables y condenadas a muerte, acusadas formalmente o sometidas a investigación sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Lo insto, además, a que proporcione a todas las personas privadas de libertad acceso a sus familiares y a asistencia letrada de su elección, a que las proteja de nuevas torturas y otros malos tratos, y a que investigue las denuncias de tortura, a fin de que los responsables comparezcan ante la justicia en juicios justos. Por último, lo exhorto a conceder acceso a observadores independientes a los juicios de casos de pena capital y a las personas condenadas en relación con las protestas y, en términos más generales, a que establezca de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Envía copia a la representación diplomática de Irán acreditada en tu país

Embajada de Irán en España
C/ Jerez, 5. Madrid
Villa El Altozano (Chamartín)
Fax: 91 345 11 90

Información adicional

Información complementaria
En los juicios por delitos punibles con la pena capital relacionados con el levantamiento bajo el lema “Mujer Vida Libertad” no parecen en absoluto un procedimiento judicial significativo. Las autoridades han prohibido a las personas afectadas acceder a asistencia letrada durante la fase de instrucción y también han prohibido que profesionales de la abogacía nombrados de forma independiente asistieran a las vistas y accedieran a los expedientes de sus clientes. Además, las autoridades han acelerado las causas que conllevan la pena capital y los tribunales utilizan confesiones forzadas obtenidas mediante tortura para dictar sentencias condenatorias.
Amnistía Internacional ha documentado torturas y otros malos tratos infligidos a cinco de las ocho personas condenadas a muerte para obtener confesiones forzadas. Según fuentes informadas, durante los interrogatorios, las autoridades sometieron a Reza (Gholamreza) Rasaei a descargas eléctricas, asfixia colocándole una bolsa de plástico en la cabeza, suspensión prolongada, palizas brutales y violencia sexual para obligarlo a “confesar”. En octubre de 2023, un tribunal penal de la provincia de Kermanshah lo declaró culpable de “asesinato” y lo condenó a muerte, admitiendo como “prueba” confesiones forzadas obtenidas mediante la tortura. En enero de 2024, el Tribunal Supremo rechazó su solicitud de revisión judicial, desestimando al mismo tiempo las pruebas exculpatorias, incluidas las relativas a las deficiencias de la investigación penal y a la omisión de pruebas forenses y de otro tipo, así como los testimonios de testigos clave. Ya ha agotado todos los recursos legales disponibles para detener su ejecución y se ha dado la orden de que su condena a muerte se lleve a término. En abril de 2023, la justicia iraní anunció que un Tribunal Revolucionario de Ahvaz (provincia de Juzestán) había condenado a muerte a Mojahed (Abbas) Kourkouri por “enemistad con Dios”, “corrupción en la tierra” y “rebelión armada contra el Estado”. Su juicio, manifiestamente injusto, se vio empañado por confesiones forzadas obtenidas mediante tortura mientras estaba sometido a desaparición forzada.
De los ocho hombres condenados a muerte, Toomaj Salehi fue condenado en abril de 2024 únicamente en relación con su participación en el levantamiento “Mujer Vida Libertad” y con publicaciones en las redes sociales en las que denunciaba que las autoridades iraníes ejercían opresión, realizaban ejecuciones y sometían a tortura, y pedía derechos humanos y libertad para la población iraní. Mahmoud Mehrabi, que había sido detenido en febrero de 2023 y puesto en libertad bajo fianza el 16 de marzo de 2023 antes de ser detenido de nuevo varias horas después, fue condenado a muerte por “corrupción en la tierra” por la Sección 5 del Tribunal Revolucionario de Isfahán, según el mensaje que su abogado publicó en X el 5 de mayo de 2024. Dos días después, el 7 de mayo de 2024, la agencia de noticias Mizan del poder judicial anunció que su condena y pena de muerte estaban relacionadas con el levantamiento denominado “Mujer Vida Libertad”. Una fuente informada dijo a Amnistía Internacional que Mahmoud Mehrabi había expresado su apoyo al levantamiento en sus publicaciones en las redes sociales y también había sufrido represalias de las autoridades por criticar públicamente la corrupción de funcionarios locales. En noviembre de 2022, un Tribunal Revolucionario de Teherán declaró a Manouchehr Mehman Navaz culpable de “enemistad con Dios” y lo condenó a muerte por acusaciones de prender fuego a un edificio oficial durante unas protestas “con intención de hacer frente al Estado islámico”, en contravención del derecho internacional, que prohíbe la pena de muerte por delitos que no impliquen homicidio intencionado. El tribunal dictó la sentencia condenatoria y la pena de muerte apenas dos semanas después de que comenzara el juicio, manifiestamente injusto, el 29 de octubre de 2022.
Amnistía Internacional también ha obtenido los nombres de al menos otras cinco personas —Kamran Soltani, Mohammad FarjI, Pouria Javaheri, Raouf Sheikh Maroufi y Reza Arabpour— que se encuentran detenidas y están acusadas, inculpadas o procesadas por delitos castigados con la pena capital. La organización cree que el número de personas con un riesgo similar es mayor.
Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente al menos a nueve personas en relación con este levantamiento tras juicios manifiestamente injustos empañados por acusaciones de tortura. Mohammad Ghobadlou, manifestante de 23 años con discapacidad mental, fue ejecutado inesperada e ilegítimamente el 23 de enero de 2024, a pesar de que en julio de 2023 la sección 1 del Tribunal Supremo había anulado su condena a muerte y ordenado un nuevo juicio, que nunca llegó a celebrarse tras la intervención del presidente de la magistratura, Gholamhossein Mohseni Eje’i.
Tras el levantamiento “Mujeres Vida Libertad” las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir miedo entre la población y afianzarse en el poder. En 2023, las autoridades llevaron a cabo al menos 853 ejecuciones, lo que supone un incremento del 48% con respecto a 2022. En 2023, las autoridades llevaron a cabo la ejecución de siete personas en relación con protestas: Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini en enero; Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi en mayo; Milad Zohrevand en noviembre, todas estos casos en relación con el levantamiento de 2022; y Kamran Rezaei en noviembre, en relación con las protestas que tuvieron lugar en todo el país en noviembre de 2019. El uso de la pena de muerte ha afectado de manera desproporcionada a la oprimida minoría étnica baluchi de Irán, que constituye aproximadamente el 5%, de la población del país, pero que en 2023 representó el 20% de todas las ejecuciones. En 2024, las autoridades iraníes han continuado su oleada de ejecuciones, en particular contra minorías étnicas y disidentes, y han llevado a cabo al menos 250 ejecuciones hasta el 20 de mayo de 2024, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

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Nombre y género gramatical: Fazel Bahramian, Mahmoud Mehrabi, Mamousta Mohammad Khazrnejad, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Bahramian, Mohammad Ghobadlou, Mojahed (Abbas) Kourkouri, Reza (Gholamreza) Rasaei, Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou (género masculino todos).