Primera AU: 020/23 | Índice: MDE 13/6466/2023 | Fecha: | Irán
Acción UrgenteIRÁN: VARIOS HOMBRES KURDOS LLEVAN MESES SOMETIDOS A DESAPARICIÓN FORZADA
Las autoridades iraníes mantienen en situación de desaparición forzada desde hace siete meses a Pejman Fatehi, Vafa Azarbar, Mohammad (Hazhir) Faramarzi y Mohsen Mazloum, disidentes kurdos iraníes. Desde su detención en julio de 2022, se ha ocultado su suerte y paradero a sus familias y a su abogado. Los cuatro están en grave riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, así como de ser sometidos a juicios injustos por cargos que conllevan la pena de muerte.
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Presidente de la Magistratura, Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica
Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:
El Ministerio de Inteligencia y la fiscalía mantienen en situación de desaparición forzada a Pejman Fatehi, Vafa Azarbar, Mohammad (Hazhir) Faramarzi y Mohsen Mazloum —integrantes de la minoría kurda oprimida de Irán— desde el 20 de julio de 2022, cuando unos agentes de dicho ministerio los detuvieron cerca de Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental. El 23 de julio de 2022, medios de comunicación estatales de Irán anunciaron la detención de cuatro personas no identificadas acusadas de ser “espías” de Israel y de planear actos “terroristas” en suelo iraní. Sus familias creen que esta información se refería a los cuatro hombres, dado el momento en que apareció y la naturaleza de las acusaciones, que parecen estar relacionadas con la afiliación de los detenidos a Komala, grupo opositor kurdo prohibido. El 12 de octubre y el 5 de diciembre de 2022, la televisión estatal iraní emitió un vídeo propagandístico en el que los cuatro hombres “confesaban” tener planes de poner una bomba en un área industrial cercana a la ciudad de Isfahán, siguiendo instrucciones de la inteligencia israelí. Con la emisión de estas “confesiones” forzadas, las autoridades violaron el derecho de los cuatro hombres a un juicio justo, incluido el derecho a la presunción de inocencia, a no autoinculparse y a permanecer en silencio.
Desde su desaparición forzada —constitutiva de delito según el derecho internacional—, sus familias y el abogado independiente al que han contratado tratan de averiguar el paradero de los cuatro hombres, para lo que han indagado en centros de detención y tribunales de Urmía, Mahabad, Sanandaj, Isfahán y Teherán. Las autoridades se niegan a facilitarles información alguna y, en múltiples ocasiones, agentes del Ministerio de Inteligencia les han advertido que no sigan preguntando por los cuatro hombres “ya que no sirve de nada y ellos se enfrentan a la ejecución”. Dada su desaparición forzada y la negativa de las autoridades a proporcionar información, ni sus familias ni su abogado tienen conocimiento de cuál es su situación legal, ni de si están acusados o pendientes de juicio, si bien los hechos de que se los acusa en los medios de comunicación estatales constituyen delitos castigados con la pena de muerte. La seguridad y el bienestar de estos cuatro hombres son motivo de preocupación para Amnistía Internacional, dado el uso generalizado y sistemático de la tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas en Irán, en particular durante la fase de investigación, para obtener “confesiones” forzadas. La preocupación se agrava debido a la habitual imposición de penas de muerte en tribunales iraníes tras juicios injustos en los que se utilizan “confesiones” forzadas como prueba, incluso cuando las personas procesadas se retractan de ellas durante el juicio.
Lo insto a que comunique inmediatamente la suerte y el paradero de Pejman Fatehi, Vafa Azarbar, Mohammad (Hazhir) Faramarzi y Mohsen Mazloum y, dada su detención arbitraria, a que los ponga en libertad. Si están acusados de algún delito común reconocible, deberán someterse a un juicio justo que cumpla las normas internacionales pertinentes, sin que se admitan “confesiones” obtenidas con coacción ni se recurra a la pena de muerte. Mientras tanto, lo insto a que los proteja contra la tortura y otros malos tratos, y les conceda acceso inmediato y periódico a sus familiares, a la asistencia letrada de su elección y a una atención médica adecuada en caso necesario.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Irán acreditada en tu país
Embajada de Irán en España
C/Jerez, 5.
28016 Madrid. España
Fax: 913451190
Email: embajadadeiran@gmail.com
Información adicional
Las autoridades iraníes han negado insistentemente a las familias de Pejman Fatehi, Vafa Azarbar, Mohammad (Hazhir) Faramarzi y Mohsen Mazloum cualquier información sobre su suerte y paradero; los agentes han negado en numerosas ocasiones tener conocimiento alguno de los cuatro hombres, incluso después de difundirse los vídeos de sus “confesiones” forzadas. Tras los llamamientos grabados en vídeo por las madres de Pejman Fatehi, Mohammad (Hazhir) Faramarzi y Mohsen Mazloum, que empezaron a circular por Internet en enero de 2023, en los que suplicaban a las autoridades que les permitieran ponerse en contacto con sus hijos, agentes del Ministerio de Inteligencia citaron a diversos miembros de las familias para interrogarlos y los amenazaron con encarcelarlos si seguían indagando sobre la suerte y el paradero de los cuatro hombres. Su abogado también ha intentado recabar información sobre el caso en múltiples ocasiones, a través de cartas dirigidas a la prisión de Evin, en Teherán, y al Ministerio del Interior, e indagando en los tribunales, pero las autoridades han ignorado sus peticiones.
La primera vez que las familias recibieron información sobre estos cuatro hombres desde su detención en julio de 2022 fue el 12 de octubre de 2022, cuando llevaban 80 días desaparecidos, al emitirse sus “confesiones” forzadas en un vídeo propagandístico de la televisión estatal. En el vídeo, revisado por Amnistía Internacional, las autoridades afirmaban que Pejman Fatehi, Vafa Azarbar Mohammad (Hazhir) Faramarzi y Mohsen Mazloum habían sido detenidos cerca de Isfahán cuando planeaban poner una bomba en un “área industrial de importancia estratégica”, siguiendo instrucciones del Mossad, la agencia de inteligencia israelí. En una carta abierta de 26 de noviembre de 2022 al relator especial de la ONU, Javaid Rehman, sobre la situación de los derechos humanos en Irán, las familias de los cuatro hombres describen los rostros de éstos durante su “confesión” forzada como “débiles, cansados y torturados”. En la carta, las familias también niegan las afirmaciones de las autoridades sobre la implicación de los hombres en actos “terroristas” y violentos. El 5 de diciembre de 2022, se emitió de nuevo el vídeo propagandístico en la televisión estatal, lo que traumatizó aún más a las familias de los cuatro hombres y suscitó una mayor alarma sobre su seguridad y bienestar.
En respuesta a una declaración del Ministerio de Inteligencia publicada en los medios estatales iraníes el 23 de julio de 2022 acerca de la detención de cuatro personas no identificadas en relación con “actividades terroristas”, el 27 de julio de 2022 Komala emitió una declaración en la que “negaba vehementemente las acusaciones falsas e infundadas” contra sus miembros y afirmaba que los cuatro hombres habían sido detenidos en la provincia de Azerbaiyán Occidental mientras participaban en actividades organizativas y políticas.
Según el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a defender pacíficamente cualquier opinión política siempre que las ideas propugnadas no promuevan odio que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. El derecho a la libertad de expresión está amparado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Irán ha ratificado. Toda persona detenida por cargos penales, incluidos los de “terrorismo”, debe ser tratada de manera que se cumplan plenamente las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derecho humanos, incluido el derecho a un juicio justo. Este derecho incluye los derechos de la persona a elegir a su abogado, recibir asistencia jurídica efectiva desde el momento de su detención y durante el juicio y los procedimientos previos a él, comparecer con prontitud ante un juez, impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente e imparcial, ser considerada inocente, guardar silencio y no ser obligada a inculpase o a declararse culpable, tener acceso pleno a las pruebas pertinentes, no permanecer detenida por cargos imprecisos, interrogar y contrainterrogar a los testigos, ser sometida a una vista justa y pública ante un tribunal competente que sea independiente e imparcial y recibir una sentencia pública y razonada. Amnistía Internacional ha documentado una constante de violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo en Irán, que empieza en el momento de la detención y se prolonga durante la investigación, el juicio y el procedimiento de apelación. Los tribunales habitualmente hacen caso omiso de las denuncias de tortura y otros malos tratos, sin ordenar una investigación, y se basan en “confesiones” empañadas por tortura para dictar sentencias condenatorias e imponer condenas, incluso en causas punibles con la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena capital es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los países que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.
La discriminación arraigada que sufren las minorías étnicas de Irán limita su acceso a la educación, al empleo y a un cargo político. Las autoridades iraníes utilizan cada vez más la pena de muerte como herramienta de represión política contra las minorías étnicas, en particular contra la población kurda y baluchi, que se ve afectada de forma desproporcionada por las condenas a muerte; además, a estas personas se las ejecuta en secreto y después las autoridades se niegan a entregar sus cadáveres a las familias para que les den sepultura.
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