Segunda AU: 42/25: 42/25 | Índice: AMR 51/0419/2025 | Fecha: | Estados Unidos
Acción UrgenteESTADOS UNIDOS: CESEN LOS ATAQUES CONTRA ESTUDIANTES DEL EXTRANJERO POR PROTESTAR
Desde la detención y reclusión arbitraria, el 8 de marzo, de Mahmoud Khalil por el papel que desempeñó en las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia, al menos nueve estudiantes más han sufrido ataques similares por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión. A miles más les han revocado sus visados sin justificación. Las autoridades estadounidenses están utilizando como arma la aplicación de las leyes de inmigración mediante la revocación de visados o estados de residencia en el país y mediante la deportación de personas que protestan por el genocidio que se está perpetrando en Gaza. Pedimos a las autoridades estadounidenses que dejen de revocar como represalia o sin justificación los visados y permisos de residencia de estudiantes, y que respeten el derecho de los estudiantes a la libertad de expresión y de reunión pacífica, al debido proceso y a no sufrir discriminación.
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Secretaria Kristi Noem
Secretary Kristi Noem
Department of Homeland Security
300 7th St, SW, Washington, DC 20024
Estados Unidos
Correo-e: dhssecretary@hq.dhs.gov
Señora Secretaria Kristi Noem:
Recibo con alarma las noticias sobre la represión que se está llevando a cabo contra estudiantes del extranjero que simplemente ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Como usted sabe, todos los estudiantes, el profesorado y el personal deben poder ejercer sus derechos humanos y no sufrir discriminación.
Resulta perturbador que el gobierno estadounidense, utilizando una disposición opaca y rara vez utilizada de la ley de inmigración, haya atacado a una serie de estudiantes que protestaban o alzaban la voz contra el conflicto en la Franja de Gaza ocupada. Los testimonios prestados en los tribunales han revelado que las autoridades de inmigración se han basado en sitios web de terceros dedicados a la revelación de datos personales para actuar contra estos estudiantes. Los tribunales federales han intervenido para ordenar la puesta en libertad de esos estudiantes y han cuestionado el uso que el gobierno estadounidense ha hecho de esta ley, por considerarlo una violación del derecho de estas personas a la libertad de expresión.
Se sabe que, hasta agosto de 2025, se había revocado el visado al menos a 6.000 estudiantes. Sin embargo, muchos de estos estudiantes no recibieron notificación de la revocación ni participaron en actividades de protesta o expresión en el campus. Es posible que en algunos casos hayan sido blanco de estos ataques por haber cometido delitos leves tales como infracciones de tráfico. Según una demanda presentada en favor de los estudiantes, muchos fueron objeto de estas medidas por su país de origen, especialmente aquellos de procedencia africana, árabe, de Oriente Medio, musulmana y asiática.
Durante un juicio celebrado recientemente en el que el juez resolvió que la actuación del gobierno al deportar a estudiantes internacionales por sus actividades propalestinas era inconstitucional, miembros del profesorado internacional y el personal universitario testificaron sobre cómo los ataques del gobierno estadounidense les disuadían de ejercer su derecho a participar en protestas en los campus o en debates sobre ciertos temas por temor a ser denunciados, detenidos y deportados.
Estas tácticas represivas y la revocación sumaria de la condición migratoria de las personas a causa de sus actividades de expresión o protesta o de su país de origen demuestran una absoluta falta de respeto por sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica, al debido proceso y a no sufrir discriminación.
Por tanto, la insto a restaurar los visados y la condición migratoria de estos estudiantes y visitantes, poner en libertad a los estudiantes o manifestantes que permanezcan bajo custodia por motivos migratorios, abstenerse de deportar a ninguno de ellos y poner fin a los ataques contra estudiantes basados en su condición migratoria o por ejercer sus derechos humanos.
Atentamente,
[NOMBRE]
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C/ Serrano, 75 28006 – MADRID
Teléfono: 91 587 22 00 Fax: 91 587 23 03
Información adicional
El 8 de marzo de 2025, el gobierno estadounidense detuvo a Mahmoud Khalil, exestudiante licenciado por la Universidad de Columbia que actuó como portavoz/negociador de los manifestantes del campus, y que tiene un permiso de residencia permanente. Poco después se hicieron públicas la captura, la detención y la revocación de los visados o los permisos de residencia de otros nueve estudiantes del extranjero que habían participado en protestas o habían alzado la voz contra la guerra en la Franja de Gaza ocupada y el papel de Estados Unidos en el genocidio en curso contra la población palestina de Gaza. Dos de los estudiantes con visado decidieron abandonar el país en lugar de enfrentarse a las inhumanas condiciones del sistema de detención para inmigrantes estadounidense y su posible deportación.
Un vídeo de la captura de una estudiante de doctorado muestra cómo seis agentes de inmigración vestidos de civil y, en su mayoría, con el rostro cubierto, la interceptaban en la calle cerca de su casa a finales de marzo y la metían en un automóvil sin distintivos. Según los informes, los agentes se negaron a identificarse hasta después de la detención de la estudiante. Ésta había sido coautora de un artículo de opinión publicado en el periódico de la universidad en el que criticaba la falta de respuesta de su facultad a las demandas del alumnado de la universidad sobre el genocidio en Gaza. Más tarde, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense declaró que la estudiante “realizaba actividades en apoyo de Hamás”, sin proporcionar ninguna prueba al respecto. Otro residente permanente que organizaba protestas en favor de Palestina en la Universidad de Columbia fue detenido por agentes de inmigración cuando asistía a una entrevista como parte de su solicitud de ciudadanía estadounidense. Desde entonces, los tribunales federales han ordenado que se ponga en libertad a todos los estudiantes detenidos mientras continúan con la impugnación de los procedimientos iniciados sobre su inmigración.
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional documenta la manera en que la represiva iniciativa de “Atrapar y revocar” emprendida por el Departamento de Estado con la ayuda de inteligencia artificial combina una vigilancia constante de las redes sociales, un seguimiento de la situación de los visados y evaluaciones automatizadas de la amenaza que constituyen personas extranjeras —incluidos estudiantes internacionales— a la hora de decidir si se les concede el visado, y entraña el riesgo de revocaciones arbitrarias e ilegales de visados, detenciones, deportaciones y violaciones del derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la libertad de circulación, a la no discriminación, a la libertad y a la protesta.
El gobierno de Estados Unidos afirma que, en virtud de una disposición rara vez utilizada de la ley de inmigración, está autorizado a revocar los visados y permisos de residencia por motivos de política exterior y expulsar a estudiantes del extranjero que hayan participado en protestas contra el actual conflicto en la Franja de Gaza ocupada. El estatuto, artículo 1251.a.4.C.i del título 8 del Código Federal de Estados Unidos, permite al secretario o secretaria de Estado deportar a cualquier persona no ciudadana de Estados Unidos sobre la que tenga motivos razonables para pensar que su “presencia o actividades [...] puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos”. Según un recurso presentado, se han llevado a cabo unos 11,7 millones de expulsiones desde que se promulgó la ley actual en 1990. Sólo en 15 de esos casos se invocó la disposición que se está utilizando ahora, y sólo cuatro personas fueron finalmente expulsadas o deportadas tras ser acusadas en virtud de esa disposición.
Todas las personas, independientemente de su condición migratoria, tienen los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, al debido proceso y a no sufrir discriminación. Los estudiantes que se niegan a abandonar sus estudios y salir del país o que son detenidos por agentes de inmigración corren peligro de ser recluidos en el sistema estadounidense de detención por motivos de inmigración, un sistema que, según ha documentado anteriormente Amnistía Internacional, es cruel y abusivo y no cumple las normas internacionales.
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