Tercera AU: 75/25 | Índice: AFR 12/1352/2026 | Fecha: | Angola
Acción UrgenteQue se retiren la causa judicial y las restricciones contra un activista
Serrote José de Oliveira, también conocido como General Nila, fue puesto en libertad el 23 de julio de 2026 tras pasar casi un año en detención previa al juicio; sin embargo, los procedimientos y las restricciones contra él siguen vigentes. Fue detenido el 28 de julio de 2025 mientras hacía una retransmisión en directo en TikTok relacionada con una huelga de taxistas, y un agente vestido de civil realizó varios disparos contra él. Fue alcanzado en la pierna por dos balas, una de las cuales permanece alojada en su cuerpo. A pesar de una orden judicial al respecto, no ha recibido atención médica adecuada. Las autoridades no han identificado ningún acto ilegal cometido por él ni que justifique los disparos efectuados. Deben retirar de inmediato la causa judicial, levantar las restricciones, garantizar que recibe tratamiento y proporcionarle acceso a la justicia y un recurso efectivo. Asimismo, las autoridades deben investigar de manera exhaustiva y efectiva los disparos y llevar ante la justicia a cualquier persona de la que se sospeche que es responsable.
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos
Marcy Cláudio Lopes
Casarão da Justiça, Rua 17 de Setembro
Gombota, Luanda, LU, Angola
Correo-e: dndh.mjdh.angola@gmail.com
Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Me dirijo a usted en relación con Serrote José de Oliveira, también conocido como General Nila, activista y líder del Movimiento UNTRA (Unidade Nacional para Total Revolução de Angola).
Como posiblemente sepa, el General Nila fue detenido el 28 de julio de 2025 mientras se dirigía a visitar a un familiar en el hospital. Estaba haciendo una retransmisión en directo en TikTok y animando a la gente a quedarse en sus casas durante la huelga de taxistas.
Según relatos de testigos, corroborados después por el General Nila, dos hombres vestidos de civil, a los que se cree relacionados con el Servicio de Investigaciones Criminales, se le acercaron y le dispararon múltiples veces contra las piernas. Fue alcanzado por dos balas. Una le atravesó la pierna, pero la otra continúa alojada en su cuerpo. A pesar de una orden judicial para que fuera trasladado a un hospital penitenciario, no recibió atención médica especializada y adecuada.
El General Nila pasó casi 12 meses en detención previa al juicio, mientras que a su abogado le negaron el acceso a su expediente durante casi un año. Su detención estaba relacionada con el artículo 4 de la Ley de Delitos de Vandalismo, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional el 4 de diciembre de 2025.
Aunque me alivia saber que fue puesto en libertad el 23 de julio de 2026, después de que el Tribunal de Apelación de Luanda concluyera que no se habían cumplido los requisitos legales para su detención, resulta angustioso saber que los procedimientos contra él continúan abiertos. Además, se enfrenta a la imposición de restricciones, como tener que presentarse ante las autoridades cada 15 días o la prohibición de salir de Angola.Durante el último año se han violado varios de los derechos del General Nila.
Por tanto, los insto a usted y a su gobierno a garantizar que los procedimientos penales contra el General Nila se retiran de inmediato y que se levantan todas las restricciones que se le han impuesto. Las autoridades no deben seguir utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para atacar y acosar a este hombre por su activismo. Además, deben garantizar que recibe atención médica adecuada, que tiene acceso a la justicia y a un recurso efectivo, que se lleva a cabo una investigación inmediata, independiente, imparcial, transparente y efectiva sobre los disparos realizados contra él, y que se lleva ante la justicia a cualquier persona sospechosa de ser responsable.
Atentamente, [NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Angola acreditada en tu país
Cancillería
C/ Lagasca nº 88-2º- 28001 - MADRID
Fax: 91 577 90 10
E-mail: embaixada.espanha@mirex.gov.ao
www.embajadadeangola.com
Información adicional
La liberación del General Nila el 23 de julio de 2026 no puso fin a los procedimientos penales contra él. Lo que hizo fue modificar su categoría de detención en espera de juicio a libertad sometida a restricciones de procedimiento. Actualmente se encuentra en su casa, pero su salud sigue suscitando honda preocupación. La bala que aún tiene alojada en la pierna sigue causándole dolor y, en ocasiones, dificultades para moverse. Tiene que utilizar muletas en espera de que las autoridades levanten las restricciones que le han impuesto, para que pueda obtener atención médica adecuada en Angola o en el extranjero y se pueda determinar si la bala se puede extraer sin peligro.
Los grupos de la sociedad civil de Angola convocaron protestas en todo el país a partir del 12 de julio de 2025 ante la decisión del gobierno de incrementar en más de un 30% el precio del gasóleo. Estas protestas reflejaban la frustración ante la subida del coste de la vida y las crecientes presiones económicas que sufre la población en Angola. El primer día (12 de julio), la policía reprimió con uso innecesario y excesivo de la fuerza a las personas que se manifestaban y detuvo al menos a 12 personas en Luanda.
Tras esta oleada de movilizaciones, la Asociación Nacional del Taxi de Angola (ANATA) convocó una huelga de tres días a partir del 28 de julio, también en protesta por la subida del precio del gasóleo. Este incremento originó un aumento del 50% de las tarifas de los taxis minibuses, con un gran impacto para las personas que utilizan esta forma de transporte público para dirigirse diariamente a sus ocupaciones. Hubo informes de enfrentamientos violentos con la policía, actos de vandalismo y saqueos en distintos lugares de Luanda. El 31 de julio, el ministro del Interior, Manuel Homem, informó de que en dos días de huelga había habido 1.214 personas detenidas, 22 muertas y 197 heridas.
No es la primera vez que una modificación de los precios de los combustibles ha desencadenado protestas letales en Angola. El último informe de Amnistía Internacional sobre Angola documentaba las llamadas “Protestas de Huambo” del 5 de junio, en las que murieron cinco personas, entre ellas un niño de 12 años que regresaba a casa desde la escuela.
El artículo 4 de la Ley de Delitos de Vandalismo contra Bienes y Servicios Públicos, Ley 13/24, de Angola, disponía una condena de entre cinco y diez años de prisión para cualquier persona que destruyera bienes públicos o que alterara o impidiera la prestación de un servicio público.
El 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional de Angola declaró el artículo 4 y varias disposiciones legales más inconstitucionales, con carácter vinculante general, lo que significa que ya no pueden ser aplicados legalmente por ningún tribunal o autoridad pública. El Tribunal concluyó que el artículo 4 imponía condenas de la misma severidad a una gama de conductas de gravedad muy diferente y no distinguía claramente entre la alteración ilegítima y conductas protegidas por los derechos a la huelga y a la reunión pacífica. También concluyó que la disposición violaba principios constitucionales como la proporcionalidad, la dignidad humana y el Estado de derecho.
El 25 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros de Angola consideró un proyecto de ley revisado destinado a conformar la legislación con la sentencia del Tribunal Constitucional y aprobó su presentación a la Asamblea Nacional. El Parlamento debatió y aprobó el proyecto de ley en términos generales el 21 de mayo de 2026.
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