Tercera AU 77/25: 77/25 | Índice: EUR 45/0377/2025 | Fecha: | Reino Unido
Acción UrgenteReino Unido: Detenidas otras 400 personas por manifestarse pacíficamente
El 4 de octubre se celebró en Londres la cuarta acción colectiva del grupo activista de base Defendamos a Nuestros Jurados, en la que 488 personas fueron detenidas por oponerse pacíficamente a la ilegalización del grupo Palestine Action. Con ellas, el total de detenciones practicadas en todo Reino Unido desde que el grupo fue ilegalizado, a principios del pasado mes de julio, supera las 2100. De estas personas, unas 138 han sido acusadas de delitos de terrorismo en aplicación de la legislación antiterrorista británica, y se amenaza con presentar más cargos. Amnistía Internacional insta a las autoridades británicas pertinentes a retirar los cargos presentados y a no emprender nuevas acciones contra estas personas ni contra ninguna otra que haya sido detenida y acusada únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
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Fiscal jefe de Inglaterra y Gales
Director of Public Prosecutions of England and Wales, Steven Parkinson
Correo-e: enquiries@cps.gov.uk
Fiscal jefe de Irlanda del Norte
Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, Stephen Herron
Correo-e: info@ppsni.gov.uk
Lord Abogada de Su Majestad
The Lord Advocate, Rt Hon Dorothy Bain KC
Correo-e: LordAdvocate@gov.scot
Señores fiscales jefes de Inglaterra y Gales y de Irlanda del Norte y señora Lord Abogada:
Desde que la ilegalización de Palestine Action entró en vigor el 5 de julio, más de 2100 personas han sido detenidas en todo el país sólo por haber participado en actos pacíficos de protesta contra esa medida. La mayoría de estas detenciones se han producido en actos de protesta organizados por el grupo activista de base Defendamos a Nuestros Jurados (DOJ).
El 28 de septiembre, en el marco de la conferencia anual del actual gobierno británico, tuvo lugar en la ciudad de Liverpool (norte de Inglaterra) la tercera acción colectiva de DOJ, en la que se detuvo a quienes portaban pancartas con las palabras ‶Yo me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action″. La cuarta acción colectiva del grupo tuvo lugar el 4 de octubre en la londinense plaza de Trafalgar, y en ella se efectuaron otras 488 detenciones.
A 10 de septiembre, unas 138 personas de todo Reino Unido han sido acusadas formalmente de delitos de terrorismo en aplicación del apartado 12 o el apartado 13 de la Ley sobre el Terrorismo, de 2000, de Reino Unido.
El 2 de septiembre, la policía llevó a cabo varias redadas al amanecer en las que detuvo a siete portavoces de DOJ en virtud del apartado 12 de la citada ley. Quedaron en libertad bajo fianza, y su juicio está previsto para el 22 de junio de 2026. Amnistía Internacional ha enviado observadores y observadoras a las protestas de DOJ celebradas el 9 de agosto, el 6 de septiembre y el 4 de octubre en Londres, y a la que tuvo lugar el 28 de septiembre en Liverpool. En todas ellas, la organización comprobó que el comportamiento de quienes portaban pancartas con la leyenda ‶Yo me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action″ era por completo pacífico.
De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, que Reino Unido está obligado a respetar, toda restricción de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser lícita, necesaria y proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo. La criminalización del discurso en este contexto solamente está permitida cuando se incita a la violencia, el odio o la discriminación. La expresión de apoyo a Palestine Action no cumple, por sí sola, ese requisito.
Los insto a respetar los compromisos de Reino Unido en materia de derechos humanos y, en consecuencia, a retirar los cargos y archivar las acciones judiciales entabladas contra todas aquellas personas que hayan participado en acciones pacíficas de apoyo a Palestine Action.
Atentamente,
(NOMBRE)
Envía copia a la representación diplomática de Reino Unido acreditada en tu país
Pº de la Castellana nº 259D (Torre Emperador) .- 28046 MADRID
Teléfono: 91 714 63 00
Información adicional
El grupo activista británico Defendamos a Nuestros Jurados ha dejado claro que no promueve ni apoya la violencia. Desde el pasado mes de julio, ha organizado cuatro acciones colectivas de desobediencia pacífica para expresar su oposición a la ilegalización del grupo Palestine Action: tres de ellas, en Londres (9 de agosto, 6 de septiembre y 4 de octubre), y una, en Liverpool (28 de septiembre).
Las personas manifestantes que han sido detenidas son de muy distintas edades, profesiones y procedencias, y un número considerable de ellas es de avanzada edad. Quienes se manifiestan no hacen sino expresar pacíficamente su indignación por el genocidio que está sufriendo la población palestina a manos de Israel en Gaza, punto de vista que —según el derecho internacional de los derechos humanos— tienen derecho a mantener y expresar de manera pacífica. Numerosos grupos de derechos humanos —entre ellos, Amnistía internacional— han documentado y denunciado ampliamente el genocidio de la población palestina que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza ocupada.
El hecho de que una persona sea procesada en aplicación de la legislación antiterrorista, incluso en el caso de que no haya sentencia condenatoria, puede acarrearle consecuencias graves y duraderas; por ejemplo, condiciones restrictivas de libertad bajo fianza, vigilancia, daño a la reputación, repercusiones para su salud mental y consecuencias negativas con respecto al empleo, la educación y los viajes. Las consecuencias de una sentencia condenatoria en aplicación de la Ley sobre el Terrorismo, de 2000, son aún más graves: antecedentes penales de por vida, problemas en relación con visados e inmigración y pérdida de oportunidades laborales, licencias profesionales y acceso a servicios, además de estigma social y daño psicológico prolongados. Estas acciones legales, cuando se dirigen contra actos de protesta y de desobediencia civil pacíficos, tienen un efecto intimidatorio, y disuaden a la población de ejercer sus derechos a la libertad de expresión, a la protesta y al activismo político por temor a ser calificada de ‶terrorista″ y criminalizada.
La detención de una persona que se manifiesta pacíficamente sólo por exhibir el mensaje ‶Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action″ viola las obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión y de reunión pacífica contraídas por Reino Unido. Quienes se manifiestan tienen derecho a expresar pacíficamente su indignación por el genocidio que está sufriendo la población palestina de Gaza a manos de Israel. De conformidad con el marco internacional de derechos humanos, del que Reino Unido forma parte, toda intromisión de un Estado en la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser lícita, y debe constituir un medio necesario y proporcionado para conseguir un fin legítimo. La expresión de apoyo a una organización prohibida sólo cumpliría este requisito si fuera probable que incitara a aquellas personas a las que va dirigida a participar en actos de violencia de manera inminente. Para comprobar este extremo, es preciso tener en cuenta también los aspectos concretos en que se produce esta expresión, la prohibición y la naturaleza de la organización en cuestión. En este caso, no existe ninguna justificación para tratar la expresión de apoyo a Palestine Action como una incitación intrínseca en todas las circunstancias. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que las pancartas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, a menos que constituyan una incitación directa y expresa.
El fundamento legal del empleo de la legislación antiterrorista para detener a manifestantes pacíficos y emprender acciones judiciales en su contra es cuestionable, ya que el Tribunal Superior ha admitido a trámite la solicitud presentada por Palestine Action para que su ilegalización sea sometida a revisión judicial, con lo que ésta podría ser ilícita. En vista de lo anterior, continuar con las detenciones constituiría un uso indebido del poder policial e inevitablemente se correría el riesgo de incumplir el criterio de legalidad. No existe base razonable para considerar que quienes participan en las acciones de Defendamos a Nuestros Jurados incitan a la violencia. Por tanto, la detención de esas personas no es sólo desproporcionada, sino que también viola claramente las obligaciones de Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Es más, calificar a dichas personas de ‶terroristas″ es
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