Segunda AU 82/25: 82/25 | Índice: AFR 65/0989/2026 | Fecha: 12 de mayo de 2026 | Sudán del Sur

Acción Urgente

Sudán del Sur: Pongan fin a la detención arbitraria de cuatro hombres deportados

Jose Manuel Rodriguez-Quinones, Thongxay Nilakout, Kyaw Mya y Tuan Thanh Phan fueron deportados de Estados Unidos en mayo de 2025 como parte de la campaña de deportación masiva del gobierno estadounidense. Tras permanecer recluidos en una base militar estadounidense en Yibuti, el 4 de julio de 2025 llegaron a Yuba, la capital de Sudán del Sur, donde llevan diez meses detenidos arbitrariamente en un lugar no revelado. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Sudán del Sur que den a conocer de inmediato el paradero de los cuatro hombres, les permitan acceder sin supervisión y sin trabas a sus representantes legales, asesoramiento local incluido, y aclaren inmediatamente los fundamentos jurídicos de su detención. Las autoridades de Sudán del Sur deben asimismo garantizar que se facilitan los deseos de estos hombres para una solución duradera, lo que incluye el acceso a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la comisión nacional de derechos humanos y otros organismos competentes. Si se ha llevado a cabo una valoración eficiente de las necesidades de protección y no se ha vulnerado el principio de no devolución, los Estados de los países de origen de estos hombres deben acelerar su repatriación.

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Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional

Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

Ambassador James Pitia Morgan

Correo-e: mofaic.rss@gmail.com;

X: @MoFA_SouthSudan / @mofaicss

Embajador James Pitia Morgan:

Me dirijo a usted para expresarle mi enorme preocupación por José Manuel Rodríguez-Quiñones, Kyaw Mya, Thongxay Nilakout y Tuan Thanh Phan, deportados en mayo de 2025 en el marco de la campaña de deportación masiva del gobierno de Estados Unidos y, tras pasar por una base militar estadounidense en Yibuti, detenidos arbitrariamente en Sudán del Sur desde su llegada a este país el 4 de julio de 2025.

José Manuel Rodríguez-Quiñones procede de Cuba, entró en Estados Unidos en 1995 y, tras una sentencia penal condenatoria, se le revocó la tarjeta de residencia (tarjeta verde). Kyaw Mya procede de Myanmar y entró en Estados Unidos como refugiado en 2007. Thongxay Nilakout procede de Laos y entró en Estados Unidos como refugiado en 1980. Tuan Thanh Phan procede de Vietnam y entró en Estados Unidos como refugiado en 1991. Estos cuatro hombres fueron deportados junto con otras cuatro personas y están detenidos arbitrariamente por las autoridades de Sudán del Sur sin que haya justificación legal ni claridad alguna respecto a su condición jurídica, lo que viola el derecho internacional de los derechos humanos. Sus representantes legales, radicados en Estados Unidos, solo han podido acceder a ellos a través de llamadas telefónicas supervisadas y limitadas. Su abogado en Yuba, capital de Sudán del Sur, no ha podido acceder a ellos ni comunicarse con ellos.

Han transcurrido ya diez meses y las autoridades de Sudán del Sur no han emitido todavía ningún comunicado oficial sobre su paradero exacto. El hecho de que estén detenidos arbitrariamente con acceso limitado a sus abogados viola el derecho internacional y podría propiciar que sufran tortura y otros malos tratos, lo cual aumenta la preocupación por su salud y su bienestar.

Le pido con urgencia que se dé a conocer de inmediato el paradero de los cuatro hombres, se les permita acceder sin supervisión y sin trabas a sus representantes legales, asesoramiento local incluido, y se aclaren inmediatamente los fundamentos jurídicos de su detención. Le pido asimismo que garantice que se facilitan los deseos de estos hombres de una solución duradera, lo que incluye el acceso a ACNUR, la OIM y la comisión nacional de derechos humanos y otros organismos competentes, y que si, tras una evaluación completa e imparcial, no hay infracción del principio de no devolución, pedimos que los Estados de los países de origen de los hombres aceleren su repatriación.

Atentamente,

(NOMBRE)

Envía copia a la representación diplomática de Sudán del Sur acreditada en tu país

11 Rue Alfred Dehodencq, 75016 París, Francia
Tfono: 33 1 45 63 72 73
email: info@southsudanembassyparis.net.

Información adicional

En 2025, el presidente estadounidense Donald Trump presentó una campaña de deportación masiva que afecta a millones de inmigrantes y de personas llegadas Estados Unidos en busca de seguridad. Como parte de esta campaña, ocho hombres —de los cuales sólo uno era de Sudán del Sur— fueron deportados a este país tras semanas de batalla legal. Posteriormente, dos de los ocho quedaron en libertad, y uno de éstos, Jesús Muñoz Gutiérrez, ha sido repatriado a México. En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense está obligado a garantizar que sus políticas de inmigración no implican o incrementan el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos. Si bien Estados Unidos tiene autoridad para regular la inmigración, debe hacerlo dentro del marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En una nota diplomática entre Estados Unidos y Sudán del Sur firmada el 10 de mayo de 2025, Sudán del Sur acordaba que “trataría a las personas de una forma compatible con sus obligaciones legales internacionales en materia de derechos humanos”. En una nota verbal fechada el 12 de mayo de 2025, el gobierno de Sudán del Sur solicitó a Estados Unidos, entre otras cosas, el levantamiento de las sanciones impuestas al entonces primer vicepresidente, Benjamin Bol Mel; la revocación de las restricciones para la obtención de visado a las personas de nacionalidad sursudanesa; la reactivación de una cuenta bancaria en la Reserva Federal de Nueva York, y el apoyo al procesamiento por parte del Estado del primer vicepresidente y líder de la oposición, Riek Machar, que sigue bajo arresto domiciliario. En septiembre de 2025, un medio de comunicación informó de que las autoridades de Sudán del Sur habían negado que hubiera ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir a personas ciudadanas de terceros países.

En Sudán del Sur, el espacio de la sociedad civil para participar en la vida pública continúa bajo ataque, y tomar parte en actividades cívicas legítimas ha desembocado en arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas, tortura y otros malos tratos, y ejecuciones extrajudiciales. Los agentes y autoridades de seguridad de Sudán del Sur, especialmente el Servicio de Seguridad Nacional (NSS), hostigan y tienen en el punto de mira de sus ataques sistemáticamente a miembros de la sociedad civil y a quienes critican al gobierno. A pesar de que el NSS sigue implicado en violaciones de derechos humanos, en agosto de 2024, el presidente Kiir permitió que se convirtiera en ley un proyecto legislativo que mantenía las facultades abusivas e inconstitucionales para arrestar y detener de este organismo. Sin embargo, el artículo 159 de la Constitución de Transición de 2011 de Sudán del Sur establece que el NSS llevará a cabo actividades de inteligencia clásicas y “se centrará en la recopilación de información, su análisis y el asesoramiento de las autoridades competentes”.

Durante el conflicto que estalló en Sudán del Sur el 15 de diciembre de 2013, el NSS se fue reforzando cada vez más, actuando como una policía de facto para las élites poderosas. El NSS y la Dirección de Inteligencia del Ejército han detenido a cientos de personas, en su mayoría hombres, en diversos centros de detención del país. Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura y otros malos tratos en al menos tres de los principales centros de detención de la capital, Yuba. La organización ha documentado también casos de personas detenidas y amenazadas por el NSS por expresar libremente opiniones críticas contra el gobierno o por considerarse que actúan contra los intereses de las élites poderosas. Los miembros de las familias de las personas detenidas pueden convertirse en personas de interés, lo que incrementa el peligro de que sean vigiladas y puede que detenidas si el NSS no aprueba lo que dicen o hacen.

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