Primera AU 93/25: 93/25 | Índice: MDE 30/9433/2025 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTúnez: Abogado detenido arbitrariamente
El abogado y defensor de los derechos humanos Ahmed Souab, de 68 años, lleva detenido de forma arbitraria desde el 21 de abril de 2025 por su labor de defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos y por ejercer legítimamente su derecho a la libertad de expresión. Actualmente se enfrenta a juicio por cargos infundados de terrorismo, basados únicamente en sus comentarios críticos sobre la falta de garantías procesales y la vulneración del derecho a un juicio justo en el llamado “caso de conspiración”, en el que ha representado a varias personas acusadas. Las autoridades tunecinas deben liberar de inmediato a Ahmed Souab, retirar todos los cargos que pesan contra él y dejar de utilizar indebidamente la legislación relacionada con el terrorismo para silenciar a la disidencia pacífica y a las voces de la oposición.
Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo
Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn
X: @TnPresidency – Facebook:
Excelencia:
Le escribo para expresarle mi profunda preocupación por la detención arbitraria del abogado y defensor de los derechos humanos Ahmed Souab, de 68 años, privado de libertad únicamente por expresar de forma pacífica sus opiniones y ejercer su profesión como abogado de derechos humanos. El 21 de abril de 2025, las autoridades tunecinas lo detuvieron tras una rueda de prensa en la que criticó la falta de garantías procesales y la injerencia del poder ejecutivo en el sistema judicial durante el juicio por el “caso de conspiración” en el que se dictaron sentencias colectivas contra disidentes y figuras de la oposición política. Las autoridades retuvieron a Souab durante 48 horas en régimen de incomunicación, sin acceso a su abogado ni a su familia. Dos días después se ordenó su detención a la espera de juicio y, el 28 de abril, el juez de instrucción rechazó la solicitud formal de su equipo de que fuera puesto en libertad y remitió su caso a los tribunales.
Ahmed Souab está siendo enjuiciado por unos comentarios que hizo sobre la falta de garantías procesales en el juicio del llamado “caso de conspiración”, en el que participó como miembro del comité de defensa. Por el momento, está a la espera de juicio y se enfrenta a cargos infundados de “formar una organización terrorista”, “apoyar actos terroristas”, “difundir noticias falsas”, “formular amenazas” y “utilizar redes de telecomunicaciones para insultar o perturbar a otras personas”.
Sus comentarios críticos sobre las irregularidades procesales producidas durante el mencionado juicio se circunscriben a su derecho a la libertad de expresión y están protegidos por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Túnez es Estado Parte. Por consiguiente, su detención y su procesamiento parecen ser un acto de represalia por sus críticas legítimas al poder judicial y su labor como abogado defensor.
Lo insto a que garantice la libertad inmediata de Ahmed Souab, ya que se encuentra recluido únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Túnez acreditada en tu país
Avda. Alfonso XIII 64-66-68- 28016 - MADRID
Teléfono: 91 447 35 08 // 91 447 35 12 .-. Fax: 91 593 84 16
E-mail: madrid@embajadadetunez.es
Información adicional
Ahmed Souab es un destacado abogado y defensor de los derechos humanos tunecino, conocido por criticar abiertamente las violaciones del derecho a un juicio justo, la injerencia del poder ejecutivo en la independencia del poder judicial y la extralimitación del poder ejecutivo, especialmente durante el mandato del presidente Kais Saied. Antes de ejercer como abogado, fue juez del Tribunal Administrativo y criticó abiertamente el desmantelamiento del Estado de derecho tras la toma de poder del presidente Saied, el 25 de julio de 2021. Souab ha representado a destacadas personalidades que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas Sonia Dahmani, o los abogados y activistas políticos de la oposición Ghazi Chaouachi y Ridha Belhaj, acusados en el “caso de conspiración”.
El 19 de abril de 2025, Ahmed Souab intervino en una rueda de prensa a las puertas del Juzgado de Primera Instancia de Túnez tras la conclusión del juicio del “caso de conspiración”, en el que 37 personas, entre ellas líderes de la oposición política, fueron condenadas indebidamente por falsos cargos de terrorismo y conspiración contra el Estado. Souab, abogado defensor de varias de las personas acusadas, criticó en sus declaraciones las violaciones del debido proceso que se produjeron durante el juicio, así como la injerencia del poder ejecutivo en el proceso judicial y la falta de independencia del tribunal.
Dos días después fue detenido por la brigada antiterrorista e interrogado sobre esos comentarios.
La unidad policial antiterrorista mantuvo a Souab durante 48 horas en régimen de incomunicación y le negó el acceso a familiares y abogados, antes de llevarlo ante el juez instructor del Polo Judicial Antiterrorista de Túnez.
El 23 de abril de 2025, el juez ordenó su prisión preventiva durante seis meses mientras se llevaba a cabo una investigación, a pesar de que no había pruebas que apuntaran a la participación de Souab en ningún crimen de derecho internacional reconocible. El 30 de junio de 2025, el juez instructor concluyó la investigación y acusó formalmente a Souab de “desvelar y difundir información, directa o indirectamente y por cualquier medio, en beneficio de organizaciones terroristas o personas relacionadas con delitos de terrorismo, con el objetivo de proporcionar asistencia o facilitar la comisión de dichos delitos, beneficiarse de ellos, abstenerse de denunciarlos o amenazar con cometerlos. Tales actos consisten en proporcionar o desvelar intencionadamente a terceros información que pueda poner en peligro la seguridad de ciertas personas, o en no denunciarlos”, todo ello en virtud de los artículos 1, 13 (nuevo), 30, 34, 40, 43, 78 y 81 de la Ley núm. 26 de 2015 relativa a la lucha contra el terrorismo.También se han presentado cargos adicionales contra él relacionados con el uso de redes de telecomunicaciones y sistemas de comunicación “para producir, enviar o difundir noticias, declaraciones o rumores falsos y documentos inventados o falsificados, con el objetivo de atacar derechos ajenos, alterar el orden público, perjudicar la defensa nacional o sembrar el pánico en la población” y “propagar noticias o declaraciones inventadas o documentos falsificados que contengan datos personales o información falsa que pueda dañar la reputación, la dignidad o el honor de una persona, ya sea a nivel personal o profesional, o incitar al odio contra ella a través de discursos ofensivos”, según el artículo 24 del Decreto-Ley 54 y el artículo 68 del Código de Telecomunicaciones.
A pesar de que el equipo de defensa de Souab recurrió la decisión del juez, el 17 de julio la sala de acusación del tribunal lo acusó formalmente de los cargos antes mencionados y remitió su caso para que fuera juzgado.Está previsto que el juicio comience el 31 de octubre de 2025.
La detención y el procesamiento de Ahmed Souab son un acto de represalia directa por su labor en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos y por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y sus actividades profesionales.
Las normas internacionales de derechos humanos estipulan que los abogados y abogadas deben poder desempeñar sus funciones profesionales sin sufrir acoso ni intimidación y han de recibir protección en tanto que defensores y defensoras de los derechos humanos cuando trabajan promoviendo y protegiendo derechos, en particular cuando representan a víctimas de violaciones de derechos humanos. Al equiparar la labor de defensa jurídica con el terrorismo, las autoridades tunecinas están socavando aún más el derecho a un juicio con las debidas garantías, además de la independencia judicial, y están generando un clima de temor que impide a los defensores y defensoras de los derechos humanos desempeñar su importante labor. El caso de Ahmed Souab forma parte de una campaña más amplia de esas mismas autoridades contra las voces críticas, entre ellas las de profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha documentado un patrón de uso indebido de la legislación antiterrorista para perseguir a la disidencia pacífica, así como una tendencia preocupante a señalar y atacar a los abogados y abogadas que representan a miembros de la oposición política, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Túnez. En los últimos años, las autoridades del país han enjuiciado y hostigado a varios profesionales de la abogacía simplemente por defender a presos políticos o criticar públicamente a los poderes judicial y ejecutivo.
Según los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, los gobiernos deben garantizar que los abogados y abogadas puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acoso ni interferencias indebidas. El principio 18 establece además que los abogados “no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”. Por su parte, el principio 23 estipula que “[l]os abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión.En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas o de su carácter de miembro de una organización lícita. En el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”. Por otra parte, en virtud del principio I.b.3 de los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África, los abogados “no deberán sufrir ni ser amenazados con persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a causa de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.
Puedes escribir los llamamientos en: inglés, árabe o francés.
También puedes escribir en tu propio idioma.
Envía los llamamientos lo antes posible y no más tarde del 3 de abril de 2026
Consulta con la oficina de Amnistía Internacional de tu país si deseas enviar llamamientos después de la fecha indicada.