Sexta AU 52/23: 52/23 | Índice: MDE 30/0546/2025 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTúnez: Activistas de la oposición encarcelados injustamente
El 28 de noviembre, el Tribunal de Apelación de Túnez confirmó las condenas de 34 personas acusadas, con penas cuya duración oscila entre cinco y 45 años, en la “causa de conspiración”, de motivación política. Las autoridades aplicaron rápidamente la injusta sentencia del tribunal contra dos de las personas condenadas que aún no se encontraban detenidas. El 29 de noviembre, agentes de policía con ropas de civil detuvieron violentamente a la activista política Chaima Issa mientras participaba en una manifestación pacífica en Túnez para denunciar la represión de la disidencia pacífica en el país. Tres días después, el 2 de diciembre, agentes de policía detuvieron al abogado de derechos humanos Ayachi Hammami en su domicilio de Túnez. El 4 de diciembre, la policía detuvo al destacado opositor Ahmed Nejib Chebbi en su domicilio. Las autoridades tunecinas deben anular inmediatamente las injustas sentencias condenatorias de la injusta “causa de conspiración” y poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
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Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
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Señor presidente:
Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la detención y encarcelamiento arbitrarios de la activista política Chaima Issa, el abogado de derechos humanos Ayachi Hammami y la destacada figura de la oposición Ahmed Nejib Chebbi, quienes fueron detenidos tras la decisión del Tribunal de Apelación de Túnez de confirmar las condenas injustas de la llamada “causa de conspiración” contra 34 personas. Chaima Issa y Ayachi Hammami anunciaron una huelga de hambre para protestar por su detención y encarcelamiento arbitrarios.
Las autoridades tunecinas vulneraron la imparcialidad de este juicio al violar las garantías procesales, incluida la decisión de negar a las personas detenidas su derecho a comparecer presencialmente e imponerles, en su lugar, la celebración de los juicios de forma remota. El tribunal de apelación aumentó las penas de varias personas acusadas, entre ellas los activistas políticos Jaouhar Ben Mbarek y Chaima Issa, cuyas condenas pasaron de 18 a 20 años. Al abogado y defensor de los derechos humanos Ayachi Hammami se le confirmó la condena de cinco años de prisión, y al destacado líder opositor Ahmed Nejib Chebbi, la condena de 12 años.
Entre las 34 personas condenadas en este juicio, seis figuras políticas de la oposición —Khayyam Turki (condenado a 35 años), Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj (20 años) y Abdelhamid Jelassi (10 años)— llevan detenidas arbitrariamente desde que comenzó la investigación en febrero de 2023. Entre los demás acusados en este caso se encuentran varias personas que habían sido condenadas o se encontraban en prisión preventiva en relación con otros casos por motivos políticos, entre ellas figuras destacadas de la oposición como Noureddine Bhiri (20 años), Sahbi Atig (10 años) y Said Ferjani (10 años), del antiguo partido gobernante Ennahdha. El tribunal también condenó en ausencia a 20 personas que viven en el extranjero, entre ellas la destacada defensora de los derechos humanos Bochra Bel Haj Hmida, que fue condenada a 33 años de prisión.
Los insto a usted y a su gobierno a anular las injustas sentencias condenatorias y las penas impuestas a todas las personas acusadas y a poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas que están detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Por último, insto a usted y a su gobierno a poner fin a los enjuiciamientos de motivación política de personas críticas, oponentes políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas.
Atentamente,
(NOMBRE)
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Avda. Alfonso XIII 64-66-68- 28016 - MADRID
Teléfono: 91 447 35 08 // 91 447 35 12 .-. Fax: 91 593 84 16
E-mail: madrid@embajadadetunez.es
Información adicional
La “causa de conspiración” de Túnez implica el enjuiciamiento de 37 figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía y activistas por cargos basados en motivos políticos, principalmente “conspiración contra la seguridad del Estado”, que conllevan penas de prisión severas.
En abril de 2025, el juzgado de primera instancia de Túnez dictó duras penas de prisión, que iban de cuatro a 66 años, tras un juicio que ha sido objeto de condenas generalizadas por sus graves violaciones del derecho a un juicio justo, la falta de transparencia y la injerencia del poder ejecutivo. A las personas acusadas no se les permitió estar presentes en su juicio, debido a la decisión del tribunal de celebrar todos los juicios por terrorismo de forma remota desde abril de 2024, con el pretexto de un “peligro inminente” sin ninguna justificación. El juicio adoleció de falta de transparencia y de garantías procesales. Las pruebas no se presentaron públicamente ni se sometieron a contrainterrogatorio, y no se permitió el acceso a la sala de varios periodistas independientes, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad diplomática. No se permitió que las personas acusadas asistieran en persona, no se les permitió tomar la palabra, y no se brindó a sus abogados la oportunidad de presentar sus argumentos antes de que el tribunal dictara sentencia.
Entre las personas condenadas había activistas de la oposición política de todo el espectro político, figuras del mundo empresarial, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas. A las personas acusadas se las condenó por cargos falsos de conspiración en virtud de 10 disposiciones del Código Penal tunecino, incluido el artículo 72, que dispone la pena de muerte por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”. Estas personas también fueron condenadas por cargos falsos relacionados con el terrorismo en virtud de la ley antiterrorista de 2015, incluido el artículo 32, que prevé hasta 20 años de prisión por “formar una organización terrorista”. Los cargos y las pruebas presentadas se basaban únicamente en la participación de las personas acusadas en la organización de la oposición política o de reuniones, en algunos casos con ciudadanos extranjeros; ninguna de estas actividades es constitutiva de delito.
Las autoridades habían mantenido detenidas arbitrariamente en espera de juicio a ocho de las personas acusadas desde su detención en febrero de 2023, superando el límite legal de 14 meses establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal: entre estas personas se encontraban el político Khayyam Turki, el empresario Kamel Ltaief, el político Abdelhamid Jelassi, los activistas de la oposición Issam Chebbi y Jaouhar Ben Mbarek, y los abogados y activistas políticos Ghazi Chaouachi y Ridha Belhaj. Las fuerzas de seguridad detuvieron a Chaima Issa y Lazhar Akremi en febrero de 2023, pero quedaron en libertad provisional el 13 de julio de 2023 tras casi cinco meses de detención arbitraria. Tras su liberación, las autoridades les prohibieron a Chaima Issa y Lazhar Akremi viajar al extranjero y “aparecer en lugares públicos”.
El 4 de marzo de 2025 se inició el juicio de apelación, una vez más sin que se permitiera a las personas acusadas asistir al tribunal, lo que supone una violación de su derecho a un juicio justo. Posteriormente se aplazó hasta al 11 de abril, y después hasta el 18 del mismo mes. Previamente, el tribunal informó al Colegio de Abogados de que todos los juicios antiterroristas de marzo y abril se celebrarían con la comparecencia telemática de los detenidos desde prisión, aduciendo vagamente un “peligro real” como justificación. Esta medida fue impugnada tanto por las personas detenidas como por sus equipos jurídicos, que reivindicaron su derecho a comparecer en persona. Las personas detenidas se negaron a participar en los procedimientos si no estaban presentes físicamente en el tribunal.
El 24 de octubre de 2025, los abogados defensores se enteraron de que la vista inicial de apelación se había fijado para el 27 de octubre y se celebraría a distancia, por videoconferencia, para las 12 personas acusadas que se encontraban detenidas, lo que constituía una violación de sus derechos procesales. A las personas detenidas se les notificó únicamente el día de la vista, mientras que las demás no recibieron citación alguna. El 27 de octubre, la vista se aplazó hasta el 17 de noviembre y, posteriormente, hasta el 27 de noviembre.
El 24 de abril de 2025, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que las decisiones judiciales en este caso suponían un paso atrás en la justicia y el Estado de derecho. Türk había expresado con anterioridad preocupación por la detención de figuras de la oposición política en relación con cargos de conspiración en febrero de 2023. El 22 de febrero de 2023, el presidente Saied declaró que cualquiera que “se atreviera a exonerar” lo que él describía como “redes criminales” era, en definitiva, “cómplice”. Esta declaración, unida a la destitución arbitraria de 57 jueces y juezas en 2022, ha contribuido a generar un clima cada vez más intimidatorio del poder judicial. El 8 de octubre de 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión en la que concluía que “las vulneraciones del derecho de las ocho personas a las debidas garantías procesales y a un juicio imparcial son de una gravedad tal que confieren a la reclusión un carácter arbitrario”.
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