Primera AU: 097/21 | Índice: MDE 30/4718/2021 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTUNEZ: CONDENADO UN PARLAMENTARIO POR UN TRIBUNAL MILITAR
El parlamentario crítico Yassine Ayari, denunciante de varios casos de corrupción en Túnez, lleva desde el pasado 28 de julio recluido en la prisión de la localidad de Mornaguia, donde cumple la condena de dos meses que le impuso un tribunal militar en 2018, por unos mensajes de Facebook, en los que criticaba al ejército. Asimismo, el tribunal militar ha emprendido nuevas acciones en su contra, por haber calificado de “golpe de Estado” la asunción de facultades de excepción por parte del presidente Saied, el 25 de julio. El 7 de septiembre, Yassine Ayari se declaró en huelga de hambre en protesta por sus condiciones de reclusión.
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Presidente de la República, Kais Saied / President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette, Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn
Señor Presidente:
Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por el procesamiento del parlamentario Yassine Ayari por un tribunal militar tunecino, en contravención del derecho a la libertad de expresión y de las normas internacionales.
Yassine Ayari se encontraba ya en la prisión de Mornaguia cuando fue citado por la fiscalía militar en una nueva causa judicial abierta en su contra. Según su abogado, la fiscalía militar ha iniciado una investigación sobre cuatro mensajes que Ayari publicó en Facebook los días 25, 26, 27 y 28 de julio, y que Amnistía Internacional ha revisado. En ellos, Yassine Ayari criticaba con dureza lo que consideraba un abuso de poder por parte del presidente —a quien se refería con palabras tales como "faraón" y "tonto”—, y calificaba de "golpe de Estado militar con planificación y coordinación extranjeras” la decisión de suspender el Parlamento, tomada el 25 de julio.
Yassine Ayar está siendo castigado por haber ejercido su derecho protegido a la libertad de expresión. Las críticas a la asunción de facultades excepcionales por parte del presidente, el pasado 25 de julio, o al envío del ejército para cerrar el Parlamento e impedir la entrada en él —así como la calificación de estos actos como “golpe de Estado”—, son críticas políticas legítimas, protegidas por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Túnez debe respetar. El procesamiento de Yassine Ayari en aplicación del artículo 91 del Código de Justicia Militar —que penaliza la difamación contra el ejército—, viola las obligaciones de derecho internacional de Túnez, y no es sino una cínica maniobra concebida para silenciar las críticas al presidente e intimidar a quienes no están de acuerdo con su decisión de suspender el Parlamento.
Además, Yassine Ayari se enfrenta a otras siete causas judiciales ante tribunales civiles, relacionadas con sus mensajes de Facebook sobre prácticas corruptas, en algunos de los cuales acusaba a los partidos políticos o a sus líderes de conflictos de intereses y malversación. Estos textos están igualmente protegidos por la libertar de expresión y no deben dar lugar a acciones penales. El 7 de septiembre, Yassine Ayari se declaró en huelga de hambre, en protesta por su injusto encarcelamiento y sus condiciones de reclusión. Además, ha denunciado que las autoridades penitenciarias no le permiten recibir cartas de simpatizantes ni de familiares.
Le insto a liberar de inmediato a Yassine Ayari y a cerrar la causa judicial abierta en su contra por el tribunal militar, por haber ejercido su libertad de expresión. Asimismo, pido a las autoridades que dejen de enjuiciar a la población civil ante tribunales militares, y de utilizar la legislación sobre difamación para reprimir las voces críticas.
Atentamente,
Envía copia a la representación diplomática de Túnez acreditada en tu país
Tunisia Embajada en Madrid
Alfonso XIII, 64 - 68
28006
Madrid
Spain
Email: madrid@embajadadetunez.es
Información adicional
Yassine Ayari, ingeniero de 40 años y contrario al gobierno del ex presidente Ben Alí, fue elegido diputado en las elecciones parciales de 2018 y, posteriormente, en las elecciones legislativas de 2019, ganó un escaño por su partido político, Esperanza y Trabajo, en la circunscripción electoral correspondiente a población tunecina de Francia.
El 30 de julio, al menos 30 agentes de policía vestidos de civil irrumpieron en el domicilio de Yassine Ayari sin orden de arresto, y lo llevaron a un lugar desconocido. Según explico su hermano explicó a Amnistía Internacional, su familia se enteró más tarde de que lo habían detenido para hacerle cumplir una condena de dos meses, que le había impuesto el tribunal militar de Túnez tres años antes, el 26 de junio de 2018, y que no se había llegado a ejecutar debido a su inmunidad parlamentaria. En esa ocasión, el tribunal militar lo había condenado por una publicación de Facebook que se había considerado difamatoria contra el ejército. En otro mensaje, que dio lugar a la apertura de una nueva causa judicial en su contra por el tribunal militar, y que publicó tras haber anunciado el presidente del país la suspensión del Parlamento el 25 de julio, aseguraba que "preferiría mil veces vivir en una democracia imperfecta que pasar un sólo día bajo el gobierno del [emperador romano] Nerón." El tribunal militar ordenó su detención una vez que se había retirado la inmunidad a todos los parlamentarios y parlamentarias, tal como había ordenado el presidente Saied el 25 de julio, en el momento de suspender el Parlamento.
El 24 de agosto, el abogado de Yassine Ayari solicitó por escrito su libertad condicional, petición que fue denegada por el tribunal militar sin explicación alguna.
El artículo 91 del Código de Justicia Militar castiga con hasta tres años de prisión a toda persona que “cometa [...] ultrajes a la bandera o al ejército, delitos contra la dignidad, la reputación o la moral del ejército o actos que socaven la disciplina, la obediencia y el respeto que los militares deben a sus superiores, y a quien critique algún acto de la jerarquía o los oficiales militares de algún modo que ofenda su dignidad". En la actualidad, hay, al menos, otros seis parlamentarios que se enfrentan a juicio ante el tribunal militar, por un incidente ocurrido en el aeropuerto de Túnez el pasado 15 de marzo, cuando agentes de seguridad ejecutaron una arbitraria orden por la que se prohibía viajar a una mujer, en virtud del llamado “procedimiento S17”. El abogado de la mujer fue detenido el 2 de septiembre por orden del tribunal militar, y se encuentra recluido en espera de juicio en la cárcel de Mornaguia, acusado de difamar al ejército.
Procesar a una persona por difamar al ejército o a otras instituciones del Estado es incompatible con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Túnez está obligado a cumplir. En 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU —que supervisa el cumplimiento del Pacto— publicó una serie de directrices sobre las obligaciones que entraña el artículo 19 para los Estados en relación con la libertad de expresión, en las que enfatizaba la gran importancia que el Pacto atribuye a la expresión sin inhibiciones en el “debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas”, y añadía que “los Estados Partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración".
Además, permitir que una persona civil sea juzgada por un tribunal militar es una violación del derecho a un juicio justo y de las garantías procesales. Por su parte, la Resolución sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África señala que “la única función de los tribunales militares es fallar delitos de carácter puramente castrense cometidos por personal militar”.
Los tribunales militares fueron un elemento clave del aparato represor del Estado durante las presidencias de Habib Bourguiba (1957-1987) y Zine El Abidine Ben Alí (1987-2011). Bajo ambos presidentes, se dictaron condenas por delitos políticos en juicios manifiestamente injustos ante tribunales militares. Aunque fueron, en parte, reformados tras el levantamiento de Túnez, los tribunales militares siguen indebidamente sometidos al control del ejecutivo, ya que es el presidente quien controla en exclusiva el nombramiento de sus jueces y fiscales.
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