Primera AU: 24/26: 24/26 | Índice: MDE 30/0856/2026 | Fecha: 7 de abril de 2026 | Túnez

TUNEZ. DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS SE ENFRENTA A CARGOS FALSOS

La defensora de los derechos humanos franco-tunecina Saloua Ghrissa, directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción del Derecho a la Diferencia (ADD), se enfrenta a un juicio penal junto con otros siete miembros del personal y de la asociación, a quienes se juzga por cargos infundados de delitos económicos y de otra índole derivados de su labor en defensa de los derechos humanos. El 19 de marzo de 2026, las autoridades tunecinas accedieron a la solicitud de libertad provisional de Saloua Ghrissa, que llevaba más de 15 meses sometida a detención arbitraria en espera de juicio. La detención se produjo en diciembre de 2024, en el marco de una campaña de represión generalizada contra la sociedad civil. Las autoridades tunecinas deben retirar inmediatamente todos los cargos contra Saloua Ghrissa y las demás personas acusadas junto con ella. La próxima audiencia judicial de su caso está prevista para el 30 de abril de 2026.

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En mayo de 2024, el gobierno tunecino lanzó una campaña represiva contra las organizaciones de la sociedad civil, dirigiéndose en un primer momento contra aquéllas que trabajaban en el ámbito de la migración, para posteriormente hacer extensiva la represión a un abanico de organizaciones más amplio. Desde 2023, el presidente tunecino Kais Saied ha acusado repetidamente a la sociedad civil de entrometerse en los asuntos internos de Túnez, financiar la corrupción, utilizar fondos extranjeros y confabularse con partes extranjeras para difamar a Túnez.

ADD es una organización tunecina de derechos humanos que tiene como objetivo defender el derecho a la igualdad y a la no discriminación, prestando especial atención a los grupos étnicos, raciales y de género minoritarios. Su labor se ha centrado en la promoción de reformas legales, la sensibilización y la formación sobre el derecho a la igualdad. La ONG también ha concedido subvenciones —entre otras, a la organización antirracista Mnemty— y observado las violaciones del derecho a la igualdad a través de su Observatorio para la Defensa del Derecho a la Diferencia (O3DT).

El 9 de diciembre de 2024, la policía de Túnez citó a Saloua Ghrissa y al secretario general de ADD para interrogarlos sobre la labor y la financiación de la asociación, así como sobre sus opiniones políticas. La policía les comunicó la apertura de una investigación en su contra basada en un informe de diciembre de 2023 del Comité Tunecino de Análisis Financiero (CTAF), organismo dependiente del Banco Central de Túnez. En el informe se destacaba la recepción por parte de la ADD de elevadas cantidades de financiación extranjera consideradas “sospechosas”. En septiembre de 2023, el presidente tunecino instó al CTAF a “perseguir a las asociaciones”, alegando que las ONG recibían financiación extranjera para financiar actividades políticas y que podrían estar blanqueando dinero. Al día siguiente de su interrogatorio, el 10 de diciembre de 2024, Saloua Ghrissa fue detenida por la policía.

El 12 de diciembre de 2024, un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Bizerta abrió una investigación contra Saloua Ghrissa y otros siete miembros del personal y de la asociación por los siguientes cargos penales: blanqueo de capitales (artículos 92 a 94 de la Ley 2015-26 sobre la lucha contra el terrorismo y la prevención del blanqueo de capitales); violación de la normativa sobre cambio de moneda (artículos 6, 7, 20, 21 y 35 del Código de Cambio y Comercio Exterior) y falsificación de datos informáticos que puedan causar perjuicio (artículo 23 del Decreto 2022-54 sobre ciberdelincuencia). También se investigó la recepción de financiación procedente de Estados que no mantienen relaciones diplomáticas con Túnez o de organizaciones que defienden los intereses de dichos Estados (artículo 35 del Decreto 2011-88 sobre asociaciones), lo cual no constituye un delito y sólo puede sancionarse con la suspensión o la disolución de la asociación. El juez ordenó la detención en espera de juicio de Saloua Ghrissa durante seis meses. Dicha detención se prorrogó por otros cuatro meses en junio de 2025 y, posteriormente, de nuevo en octubre de 2025. Las múltiples solicitudes de libertad provisional presentadas por la asistencia letrada de Saloua Ghrissa fueron denegadas sistemáticamente hasta el 19 de marzo de 2026. 

El 28 de enero de 2026, el juez de instrucción remitió a juicio el caso de siete de las ocho personas acusadas, manteniendo los cuatro cargos. El 3 de febrero de 2026, una sala de acusación revocó parcialmente esa decisión y procesó a las ocho personas acusadas. El juicio se inició el 5 de marzo de 2026 y fue seguido de una segunda vista el 19 de marzo. La tercera audiencia judicial está prevista para el 30 de abril de 2026. 

Los cargos presentados contra las personas acusadas carecen de fundamento y parecen tener motivaciones políticas, centrados en “sospechas” vagas, basadas únicamente en los importes y las fuentes de financiación extranjera, entre las que se incluyen ONG internacionales y un organismo de ayuda público. Para respaldar los cargos por delitos económicos, la investigación alegó que se habían efectuado varias transferencias “injustificadas” entre las cuentas bancarias de la asociación y las de las personas acusadas, y que la asociación había transferido fondos a un gran número de otras organizaciones y particulares. Las personas acusadas afirman que estas transferencias correspondían a salarios y honorarios de su personal o al reembolso de gastos, y que la asociación también concedió subvenciones a otras organizaciones y contrató proveedores de servicios. La investigación no ha presentado pruebas de la existencia de ningún delito que pudiera haberse financiado con los fondos al parecer blanqueados. El tercer cargo de “falsificación o supresión de datos informáticos que puedan causar perjuicio, con la intención de utilizarlos como si fueran auténticos” carece de claridad y tampoco ha sido fundamentado. Conforme al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, que incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.2, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su artículo 7 y los Principios sobre Juicios Justos en África, un tribunal no puede condenar a una persona por un delito a menos que se haya demostrado su culpabilidad fuera de toda duda razonable y la carga de la prueba recae en las autoridades. El Relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha manifestado lo siguiente: “En ningún caso la lucha contra [el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo] puede utilizarse como pretexto para tomar medidas represivas contra los grupos de la sociedad civil que no cuentan con el favor del gobierno”. 

La acusación relacionada con la recepción de financiación extranjera tampoco ha sido fundamentada e infringe el derecho de asociación, así como el derecho a buscar, recibir y utilizar cualquier recurso de su elección, incluida la financiación extranjera, protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La propia investigación concluyó que la financiación extranjera de la ADD era lícita, pero no se ajustaba a sus estatutos y, por lo tanto, suscitaba “sospechas”, afirmación que interfiere en su derecho a acceder a recursos. 

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Nombre y género gramatical: Saloua Ghrissa (femenino).