114/23 Tercera AU: 114/23 | Índice: MDE 30/8455/2024 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTúnez: Destacada opositora condenada a dos años de prisión
El 5 de agosto de 2024, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez condenó a la destacada opositora Abir Moussi a dos años de prisión en aplicación del Decreto Ley 54 a raíz de una denuncia de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, ISIE) por sus críticas al proceso de elecciones legislativas. Abir Moussi lleva en detención arbitraria desde el 3 de octubre de 2023, acusada formalmente de “intento de cambiar la forma de gobierno”, “incitación a la violencia en territorio tunecino” y “ataques con la intención de provocar disturbios” en aplicación del artículo 72 del Código Penal, entre otros delitos, tras su intento de presentar un recurso contra los decretos presidenciales antes de las elecciones locales. Abir Moussi se enfrenta a varios cargos más en investigaciones separadas relacionadas con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades tunecinas deben liberar de inmediato a Abir Moussi y retirar los cargos en su contra, ya que se basan únicamente en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
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Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn
Twitter: @TnPresidency
Señor Presidente:
Me dirijo a usted para pedirle que ponga en libertad de inmediato a Abir Moussi y retire todos los cargos en su contra, ya que se basan únicamente en el ejercicio de sus derechos humanos. Ha sido condenada a dos años de prisión en virtud del Decreto Ley 2022-54 sobre delitos informáticos.
El 5 de agosto de 2024, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez condenó a Abir Moussi a dos años de prisión en aplicación del Decreto Ley 54 a raíz de una denuncia presentada por la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, ISIE) por unas declaraciones que Moussi había hecho públicamente en noviembre de 2022 y enero de 2023 en las que criticaba el proceso de elecciones legislativas. Abir Moussi se enfrenta también a una investigación aparte por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión, basada en las protestas que encabezó o las declaraciones que hizo.
Criticar a las autoridades es una forma de expresión protegida por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, instrumentos en los que Túnez es Estado Parte.
Le pido que ponga en libertad de inmediato a Abir Moussi y retire todos los cargos en su contra ya que se derivan únicamente de su activismo político pacífico. Hasta el momento de su liberación se le debe permitir acceso regular a familiares, representación letrada y asistencia médica adecuada, y sus condiciones de reclusión deben cumplir las normas internacionales sobre el tratamiento de las personas presas.
Atentamente,
(NOMBRE)
Envía copia a la representación diplomática de Túnez acreditada en tu país
Avda. Alfonso XIII 64-66-68- 28016 - MADRID
Teléfono: 91 447 35 08 // 91 447 35 12 .-. Fax: 91 593 84 16
E-mail: madrid@embajadadetunez.es
Información adicional
Abir Moussi, de 48 años, es abogada y presidenta del Partido Desturiano Libre (Parti destourien libre, PDL), conocido por su firme oposición al presidente Kais Saied. Sirvió en el Parlamento de 2019 a 2021. Tras una denuncia de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, ISIE), el Tribunal de Primera Instancia de Túnez la condenó el 5 de agosto de 2024 a dos años de prisión en aplicación del Decreto Ley 54 por criticar las elecciones legislativas. El 3 de octubre de 2023, poco después de haber expresado su interés en la carrera presidencial, Abir Moussi fue detenida por las fuerzas de seguridad cuando intentaba presentar un recurso contra los decretos presidenciales en una oficina cercana al Palacio Presidencial de Cartago. Al no poder presentar el recurso, protestó quedándose fuera del edificio y emitiendo en directo los eventos en Facebook. Según su defensa y testigos presenciales, las fuerzas de seguridad detuvieron violentamente a Abir Moussi y la retuvieron en un lugar no revelado durante dos horas antes de que su equipo jurídico la encontrara en una comisaría de policía de La Goulette (Túnez). Cuando Abir llevaba 48 horas bajo custodia, el equipo fue informado de su detención preventiva. Además, la policía hizo caso omiso de sus solicitudes de medicamentos necesarios, lo que le causó problemas de salud que más adelante requirieron hospitalización.
El 5 de octubre, un juez de instrucción interrogó a Abir Moussi en el Tribunal de Primera Instancia de Túnez y ordenó su detención preventiva por los cargos de “intento de cambiar la forma de gobierno”, “incitación a la violencia en territorio tunecino” y “ataques con la intención de provocar disturbios” en virtud del artículo 72 del Código Penal, y los cargos de “tratamiento de datos personales sin consentimiento del titular de los datos” e “intromisión en la libertad de trabajar” en virtud de los artículos 27 y 87 de la Ley de Protección de Datos y del artículo 136 del Código Penal, respectivamente. El 30 de enero, el juez de instrucción decidió retirar los cargos en aplicación del artículo 72 pero mantuvo a Abir Moussi en prisión preventiva por los otros dos cargos. Sin embargo, la fiscalía recurrió la decisión del juez y se están reexaminando los cargos.
Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la ISIE presentó cuatro denuncias contra Abir Moussi ante la fiscalía general de Túnez en virtud del Decreto Ley 54. Las denuncias se basaban en unas declaraciones críticas de Abir Moussi en las que acusaba a la ISIE de manipulación electoral. El equipo de defensa de Abir Moussi argumenta que las cuatro denuncias deberían haberse unificado en una sola investigación como exige la ley y, sin embargo, están siendo atendidas por diferentes jueces.
El 5 de julio de 2024, un juez de instrucción interrogó a Abir Moussi sobre las denuncias de la ISIE en relación con sus declaraciones de noviembre de 2022 y enero de 2023, en las que afirmaba que las elecciones legislativas estaban “amañadas” y el número de diputados elegidos estaba incompleto. El juez ordenó su detención preventiva y la remitió a juicio en aplicación del artículo 24 del Decreto Ley 54 por “utilizar deliberadamente redes y sistemas de información y comunicación para producir, promover, publicar, transmitir o preparar noticias falsas, declaraciones, rumores o documentos que sean artificiales y falsamente atribuidos a terceras personas con el objetivo de atacar derechos ajenos, dañar la seguridad pública o la defensa nacional, o sembrar el terror entre la población”. El 5 de agosto de 2024, Abir Moussi compareció en juicio, donde las solicitudes de aplazamiento y libertad provisional presentadas por su equipo de defensa fueron denegadas. El tribunal la condenó a dos años de prisión, lo que supone una violación de su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión.
Abir Moussi se enfrenta a cargos en aplicación de los artículos 15, 245, 220 y 306 del Código Penal, a raíz de una denuncia presentada por la Unión Internacional de Académicos Musulmanes el 10 de mayo de 2022, después de dos protestas frente a su oficina de Túnez. La denuncia incluye cargos por daños a la propiedad, robo, difamación, difusión de noticias falsas e intimidación pública. Abir Moussi fue interrogada por un juez de instrucción el 12 de junio de 2024. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la difamación debe tratarse como un asunto civil, no penal, y nunca debe dar lugar a penas de prisión. Los funcionarios públicos que busquen reparación por difamación deben hacerlo ante tribunales civiles, no penales.
El 25 de julio de 2021, el presidente Saied reclamó poderes excepcionales que, según afirmó, le otorgaba la Constitución de Túnez de 2014. Desde febrero de 2023, la situación de los derechos humanos en Túnez se ha deteriorado con rapidez y se ha actuado contra varias figuras de la oposición. Las autoridades han abierto investigaciones penales contra al menos 74 figuras de la oposición y otras personas consideradas enemigas del presidente, incluidas al menos 44 acusadas de delitos en relación con el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Esta represión de la oposición amenaza los derechos humanos en Túnez, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, protegidos por los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 9, 10 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, instrumentos en los que Túnez es Estado Parte.
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