Primera AU 42/26: 42/26 | Índice: MDE 30/0942/2026 | Fecha: 5 de mayo de 2026 | Túnez

Túnez: Libertad para miembros detenidos de la oposición política

El 13 de julio de 2024, la policía tunecina detuvo a tres miembros del partido Ennahdha (Partido del Renacimiento) —Ajmi Ourimi, Mohamed Ghannoudi y Mosaab Gharbi— en la gobernación de Mannouba durante un control rutinario de identidad mientras viajaban por motivos personales. Las autoridades más tarde denunciaron que a Ghannoudi lo buscaba la policía en relación con una investigación por terrorismo e iniciaron procedimientos contra los tres como sospechosos de “participar en un grupo terrorista” y “proporcionar apoyo a una persona sospechosa de implicación en actos terroristas”. Los tres fueron remitidos a juicio en virtud de los artículos 13, 34 y 37 de la ley antiterrorista de 2015 y del artículo 32 del Código Penal; estos artículos contienen disposiciones sobre la participación en actividades terroristas, la provisión de ayuda o cobijo, el hecho de no denunciar presunta conducta relacionada con el terrorismo y la complicidad. Los tres hombres han estado recluidos en prisión preventiva más de 14 meses, periodo establecido por la legislación tunecina como límite legal para este tipo de detención. Las autoridades deben retirar de inmediato todos los cargos contra ellos y ponerlos en libertad, ya que su detención se deriva exclusivamente de su afiliación política.

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El 13 de julio de 2024, la policía detuvo en la gobernación de Mannouba al secretario general del partido de oposición Ennahdha, Ajmi Ourimi, junto a otros dos miembros del partido, Mohamed Ghannoudi y Mosaab Gharbi, durante lo que pareció ser una comprobación rutinaria de identidad en un control de carretera. 

Los tres han permanecido en prisión preventiva sin juicio desde julio de 2024, lo que excede el periodo de 14 meses establecido por la ley tunecina sobre la detención en espera de juicio. Inicialmente fueron puestos en prisión preventiva en espera de investigación en virtud de los artículos 13, 34 y 37 de la Ley Orgánica Núm. 26 de 2015 sobre Lucha contra el Terrorismo (según modificación de la Ley Núm. 9 de 2019), así como del artículo 32 del Código Penal tunecino. Estas disposiciones criminalizan la formación de un grupo vinculado a actividades terroristas o la participación en él (artículo 13), la provisión de asistencia como el cobijo, la ocultación o la facilitación de la fuga de una persona presuntamente implicada en delitos relacionados con el terrorismo (artículo 34), el hecho de no denunciar información relativa a actividad terrorista (artículo 37) y la complicidad en la comisión de un delito (artículo 32). El uso de acusaciones relacionadas con el terrorismo es habitual en casos de detención de miembros de Ennahdha. 

Según el expediente del caso, los tres hombres viajaban a una zona rural para lo que describieron como un asunto personal cuando les dieron el alto en un control de la Guardia Nacional. Al verificar sus identidades, las autoridades indicaron que contra Ghannoudi pesaba una orden de detención en relación con una investigación relacionada con el “terrorismo”. Los tres fueron entonces detenidos como sospechosos de formar un grupo vinculado a “actividades terroristas” o participar en él y de prestar apoyo a individuos sospechosos de estar implicados en “actos terroristas”.

Ghannoudi declaró que en ningún momento le habían citado ni convocado para comparecer ante las autoridades de investigación y que desconocía la existencia de una orden judicial en su contra. Gharbi y Ourimi negaron tener conocimiento de que pesara contra Ghannoudi una orden de búsqueda o tener intención de proporcionarle cobijo, y dieron descripciones coherentes de sus movimientos. La fiscalía no presentó ninguna prueba de lo contrario. Durante la investigación, el juez de instrucción interrogó a los tres hombres sobre la naturaleza de su relación, sus actividades políticas, si habían tenido intención de proporcionar cobijo a Ghannoudi y las circunstancias de la organización de su viaje, así como sobre los grupos de Telegram identificados en sus teléfonos y los libros encontrados en sus domicilios, registrados después de su detención. Sin embargo, no se les presentó ninguna prueba que fundamentara la acusación de implicación en actividad delictiva. 

Tras varios meses de investigación, el juez desestimó por falta de pruebas los cargos relativos a la formación de un grupo terrorista. A pesar de ello, Ourimi y Gharbi fueron acusados de intención, acompañada de actos preparatorios coincidentes con ella, de proporcionar un lugar de cobijo a una persona presuntamente vinculada a delitos de terrorismo, ocultarla, facilitar su fuga, impedir su detección y beneficiarse de los productos de las acciones de la persona en cuestión, así como no denunciar actividad terrorista. Ghannoudi no fue acusado en esta causa, ya que el juez consideró que ya estaba siendo investigado en un procedimiento separado por los mismos cargos relacionados con el terrorismo.

En los últimos años, las autoridades tunecinas han utilizado cada vez más la legislación antiterrorista y los cargos relacionados con la seguridad del Estado para detener y procesar arbitrariamente a figuras de la oposición, incluidos altos cargos del partido Ennahdha. Los tribunales han celebrado juicios colectivos basados en pruebas insuficientes o acusaciones infundadas, que han dado lugar a violaciones reiteradas de las garantías procesales.

En abril de 2023, poco después de la detención del ex secretario general de Ennahdha, Rached Ghannouchi, las fuerzas de seguridad cerraron todas las oficinas del partido Ennahdha en el país. Mondher Ounissi, que sustituyó a Rached Ghannouchi como cabeza del partido, también fue detenido y recluido unos meses después, en septiembre de 2023, y está siendo procesado en una causa diferente por cargos de relacionados con la conspiración. Después de él, en noviembre de 2023 Ajmi Ourimi asumió el cargo de secretario general del partido. Este patrón documentado de ataques contra miembros de Ennahdha, unido a la represión más amplia contra presuntos opositores políticos en Túnez, indica que este caso, al igual que otros, parece tener como finalidad castigar a los miembros de grupos políticos para silenciar sus actividades políticas, silenciar la disidencia y restringir el pluralismo político.

En una reciente opinión sobre Túnez en el caso de Rached Ghannouchi, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recordó que la independencia judicial es una condición sine qua non para que se respete el derecho a un juicio justo, tal como garantizan el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Grupo de Trabajo expresó asimismo especial preocupación por los numerosos informes que indican una erosión de la independencia judicial en Túnez desde 2021 que ha creado un contexto en el que no se puede proteger adecuadamente el derecho a un juicio justo. 

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