Segunda AU: 42/26 | Índice: MDE 30/1306/2026 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTúnez: Libertad para opositores políticos encarcelados injustamente
El 4 de julio de 2026, un tribunal declaró a Ajmi Ourimi, secretario general del partido Ennahdha, culpable de “no denunciar información relativa a un delito de terrorismo”, y a Mosaab Gharbi, miembro del mismo partido, culpable de dar cobijo a una persona sospechosa de delitos relacionados con el terrorismo. Ambos fueron condenados a tres años de cárcel. La policía tunecina arrestó a estos dos hombres y a otro miembro de Ennahdha, Mohamed Ghannoudi, durante una comprobación rutinaria de identidad en un control de carretera el 13 de julio de 2024. Las autoridades más tarde denunciaron que a Ghannoudi lo buscaba la policía en relación con una investigación por terrorismo e iniciaron procedimientos contra los tres como sospechosos de “participar en un grupo terrorista” y “proporcionar apoyo a una persona sospechosa de implicación en actos terroristas”. Las autoridades remitieron a juicio a Ajmi Ourimi y Mossab Gharbi por cargos de “participación en actividades terroristas”, “provisión de ayuda o cobijo a una persona sospechosa de terrorismo”, “no denunciar presunta conducta relacionada con el terrorismo” y “complicidad en actos terroristas”, en virtud de los artículos 13, 34 y 37 de la ley antiterrorista de 2015 y del artículo 32 del Código Penal. Mohamed Ghannoudi permanece detenido en espera de juicio, al que todavía no ha sido remitido. Las autoridades deben anular de inmediato las sentencias condenatorias y las penas impuestas a Ajmi Ourimi y Mosaab Garbi, retirar los cargos contra Mohamed Ghannoudi y poner a los tres hombres en libertad, pues su detención se debe únicamente a su afiliación política.
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Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn/ X: @TnPresidency
Señor Presidente:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la detención arbitraria del secretario general de Ennahdha, Ajmi Ourimi, y otros dos miembros de su partido, Mohamed Ghannoudi y Mosaab Gharbi. Todos ellos permanecen recluidos arbitrariamente desde julio de 2024 por cargos de terrorismo que no se fundamentan en ninguna prueba creíble y que están vinculados a su afiliación política. Los cargos están relacionados con el ejercicio de los derechos humanos de los tres hombres, quienes por tanto deben ser puestos en libertad. Además, Mohamed Ghannoudi lleva 23 meses detenido en espera de juicio, lo que supera el límite legal de 14 meses establecido por la legislación tunecina para este tipo de detención, motivo por el cual también debería quedar en libertad.
Tras varios meses de investigación tras su detención en julio de 2024, el juez desestimó por falta de pruebas el cargo de formación de un grupo terrorista. Sin embargo, Ourimi y Gharbi continuaron en detención en espera de juicio bajo investigación por acusaciones relacionadas con la intención de proporcionar cobijo y de no denunciar presuntas actividades de “terrorismo”. No se ha presentado ninguna prueba de su implicación en delitos reconocidos en virtud del derecho internacional. Fueron remitidos a juicio el 30 de junio de 2026, declarados culpables el 4 de julio de 2026 de actividades relacionadas con el terrorismo, y condenados a tres años de prisión.
Su enjuiciamiento y sentencia condenatoria deben contemplarse dentro de un patrón más amplio de procesamientos de miembros del partido Ennahdha efectuados desde la disolución del Parlamento en 2022, a menudo basados en legislación antiterrorista y que han dado lugar a violaciones recurrentes de las garantías procesales.
Lo insto a poner inmediatamente en libertad a Ajmi Ourimi, Mohamed Ghannoudi y Mosaab Gharbi, anular las sentencias condenatorias y las penas impuestas a Ajmi Ourimi y Mosaab Gharbi y a retirar todos los cargos contra Mohamed Ghannoudi, ya que su detención parece deberse exclusivamente al ejercicio de sus derechos y a su afiliación política.
Atentamente, [NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Túnez acreditada en tu país
Avda. Alfonso XIII 64-66-68- 28016 - MADRID
Fax: 91 593 84 16
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Información adicional
El 13 de julio de 2024, la policía detuvo en la gobernación de Mannouba al secretario general del partido de oposición Ennahdha, Ajmi Ourimi, junto a otros dos miembros del partido, Mohamed Ghannoudi y Mosaab Gharbi, durante lo que pareció ser una comprobación rutinaria de identidad en un control de carretera.
Los tres quedaron en detención en espera de juicio mientras se llevaba a cabo la investigación en virtud de los artículos 13, 34 y 37 de la Ley Orgánica Núm. 26 de 2015 sobre Lucha contra el Terrorismo (según modificación de la Ley Núm. 9 de 2019), así como del artículo 32 del Código Penal tunecino. Estas disposiciones criminalizan la formación de un grupo vinculado a actividades terroristas o la participación en él (artículo 13), la provisión de asistencia como el cobijo, la ocultación o la facilitación de la fuga de una persona presuntamente implicada en delitos relacionados con el terrorismo (artículo 34), el hecho de no denunciar información relativa a actividad terrorista (artículo 37) y la complicidad en la comisión de un delito (artículo 32). El uso de acusaciones relacionadas con el terrorismo es habitual en casos de detención de miembros de Ennahdha.
Según el expediente del caso, cuando les dieron el alto en un control de la Guardia Nacional, los tres hombres viajaban a una zona rural para lo que describieron como un asunto personal. Al verificar sus identidades, las autoridades indicaron que contra Ghannoudi pesaba una orden de detención en relación con una investigación relacionada con el “terrorismo”. Los tres fueron entonces detenidos como sospechosos de formar un grupo vinculado a “actividades terroristas” o participar en él y de prestar apoyo a individuos sospechosos de estar implicados en “actos terroristas”.
Al ser interrogado por la policía y posteriormente por el juez instructor, Ghannoudi declaró que en ningún momento le habían citado ni convocado para comparecer ante las autoridades de investigación y que desconocía la existencia de una orden judicial en su contra. Gharbi y Ourimi negaron tener conocimiento de que pesara contra Ghannoudi una orden de búsqueda o tener intención de proporcionarle cobijo, y dieron descripciones coherentes de sus movimientos. La fiscalía no presentó ninguna prueba de lo contrario. Durante la investigación, el juez de instrucción interrogó a los tres hombres sobre la naturaleza de su relación, sus actividades políticas, si habían tenido intención de proporcionar cobijo a Ghannoudi y las circunstancias de la organización de su viaje, así como sobre los grupos de Telegram identificados en sus teléfonos y los libros encontrados en sus domicilios, registrados después de su detención. Sin embargo, no se les presentó ninguna prueba que fundamentara la acusación de implicación en actividad delictiva.
Tras varios meses de investigación, el juez desestimó por falta de pruebas los cargos relativos a la formación de un grupo terrorista. A pesar de ello, Ourimi y Gharbi fueron acusados de intención, acompañada de actos preparatorios coincidentes con ella, de proporcionar un lugar de cobijo a una persona presuntamente vinculada a delitos de terrorismo, ocultarla, facilitar su fuga, impedir su detección y obtener beneficios de las actividades de dicha persona, así como no denunciar actividad terrorista. Ghannoudi no fue acusado en esta causa, ya que el juez consideró que ya estaba siendo investigado en un procedimiento separado por los mismos cargos relacionados con el terrorismo; permanece detenido en espera de juicio. El juicio de Ourimi y Gharbi comenzó el 30 de junio de 2026, tras pasar éstos 23 meses detenidos en espera de juicio, lo que excede el límite legal de 14 meses establecido en la legislación tunecina.
El 4 de julio de 2026, el Juzgado de Primera Instancia de Túnez declaró a Ourimi culpable de no denunciar información relativa a un delito de terrorismo, en virtud del artículo 37 de la Ley Orgánica núm. 26 de 2015 sobre Lucha contra el Terrorismo, y le impuso una pena de tres años de prisión. El mismo juzgado condenó a Gharbi a tres años de prisión tras declararlo culpable de dar cobijo a una persona sospechosa de delitos relacionados con el terrorismo, en virtud del artículo 34 de la misma ley. La defensa alegó ante el tribunal que la fiscalía no había presentado pruebas fidedignas que fundamentaran dichos cargos.
En los últimos años, las autoridades tunecinas han utilizado cada vez más la legislación antiterrorista y los cargos relacionados con la seguridad del Estado para detener y procesar arbitrariamente a figuras de la oposición, incluidos altos cargos del partido Ennahdha. Los tribunales han celebrado juicios colectivos basados en pruebas insuficientes o acusaciones infundadas, que han dado lugar a violaciones reiteradas de las garantías procesales.
En abril de 2023, poco después de la detención del ex secretario general de Ennahdha, Rached Ghannouchi, las fuerzas de seguridad cerraron todas las oficinas del partido Ennahdha en el país. Mondher Ounissi, que sustituyó a Rached Ghannouchi como cabeza del partido, también fue detenido y recluido unos meses después, en septiembre de 2023, y está siendo procesado en una causa diferente por cargos relacionados con la conspiración. Tras la detención de Mondher Ounissi, Ajmi Ourimi asumió en noviembre de 2023 el cargo de secretario general del partido. Este patrón documentado de persecución de miembros de Ennahdha, unido a la represión más amplia contra presuntos opositores políticos en Túnez, indica que este caso, al igual que otros, parece tener como finalidad castigar a los miembros de grupos políticos para limitar sus actividades políticas, silenciar la disidencia y restringir el pluralismo político.
En una reciente opinión sobre Túnez en el caso de Rached Ghannouchi, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recordó que la independencia judicial es una condición sine qua non para que se respete el derecho a un juicio justo, tal como garantizan el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Grupo de Trabajo expresó asimismo especial preocupación por los numerosos informes que indican una erosión de la independencia judicial en Túnez desde 2021 que ha creado un contexto en el que no se puede proteger adecuadamente el derecho a un juicio justo.
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