Primera AU: 23/26: 23/26 | Índice: MDE 30/0846/2026 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTUNEZ-PROMINENTE ACTIVISTA DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO, CONDENADA A OCHO AÑOS DE PRISIÓN
El 19 de marzo de 2026, un tribunal de Túnez condenó a Saadia Mosbah —mujer negra tunecina, defensora de los derechos humanos y presidenta de la organización contra el racismo Mnemty (“Mi sueño”)— a ocho años de prisión, tras pasar casi dos en detención preventiva arbitraria. El tribunal impuso condenas de entre uno y tres años de prisión a otras cinco personas relacionadas con Mnemty (asociados y miembros de su personal). Saadia Mosbah y sus colegas fueron procesados por cargos infundados de delito económico en relación con su trabajo de derechos humanos, como parte de una campaña de represión de la sociedad civil respaldada por un discurso público racista. Saadia Mosbah denunció abusos racistas bajo custodia, incluida una agresión física. Las autoridades tunecinas deben anular sus sentencias condenatorias y poner en libertad de inmediato a Saadia Mosbah.
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Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn
X: @TnPresidency
Señor Presidente:
Le escribo para pedirle que garantice la libertad inmediata e incondicional de la defensora de los derechos humanos Saadia Mosbah, en detención arbitraria desde mayo de 2024. Preside la organización contra el racismo Mnemty (“Mi sueño”), fundada en 2013.
El 19 de marzo de 2026, el Juzgado de Primera Instancia de Túnez condenó a Saadia Mosbah a ocho años de prisión y una multa superior a 120.000 dinares tunecinos (unos 36.000 euros). Fue procesada junto a ocho personas más relacionadas con Mnemty (asociados y miembros del personal) por cargos infundados de delito económico relacionados con su labor de derechos humanos. Contra cinco de ellas se dictaron condenas de entre uno y tres años de cárcel; corren peligro de arresto si se confirman sus fallos condenatorios en apelación. Las sentencias y condenas impuestas a Saadia Mosbah y sus cinco colegas deben ser anuladas de inmediato.
Los acusados fueron declarados culpables de los cargos infundados de blanqueo de dinero y “enriquecimiento ilícito”. La investigación no descubrió ninguna fuente de financiación ilegal y se basó en una interpretación abusiva de la disposición sobre “enriquecimiento ilícito”, que carece de claridad. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen que, a fin de proteger la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben demostrar una acusación penal fuera de toda duda razonable.
Con anterioridad a la investigación judicial, Mnemty sufrió una campaña de desprestigio dirigida por cuentas de redes sociales afines al gobierno, en el contexto de un auge de los discursos xenófobos y antinegros de autoridades públicas que ha provocado violencia racista. Este contexto pone de relieve la motivación racial de la actuación contra Saadia Mosbah y Mnemty, cuyos miembros dirigentes son negros. El caso también se desarrolló en el contexto de una campaña general de represión de las organizaciones de derechos humanos y estigmatización de los activistas contra el racismo y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre migración, a quienes las autoridades tunecinas acusaban de traición y corrupción. Esto ha tenido efectos disuasorios entre los defensores y defensoras de los derechos humanos, al socavar su seguridad y su derecho a la libertad de expresión y de asociación.
Ya en prisión, Saadia Mosbah denunció discriminación racial, incluida una agresión física de motivación racista por parte de un guardia penitenciario (que posiblemente constituyó tortura) y falta de asistencia médica adecuada. Los demás acusados también fueron objeto de discriminación racial durante la investigación, lo que vulnera su derecho a un juicio justo y a recibir protección frente a la discriminación.
Le pido que garantice la excarcelación inmediata de Saadia Mosbah y la anulación de las sentencias y condenas impuestas a ella y los otros cinco asociados y miembros del personal de Mnemty, así como la apertura de una investigación exhaustiva, independiente, imparcial, transparente y efectiva sobre las denuncias de malos tratos racistas a Saadia Mosbah, que pueden constituir tortura. Asimismo le pido que deje de utilizar el sistema de justicia penal contra defensores y defensoras de los derechos humanos y que respete el derecho a la libertad de expresión y de asociación.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Túnez acreditada en tu país
Avda. Alfonso XIII 64-66-68- 28016 - MADRID
Teléfono: 91 447 35 08 // 91 447 35 12 .-. Fax: 91 593 84 16
E-mail: madrid@embajadadetunez.es
Información adicional
En mayo de 2024, seis defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de una ONG fueron arrestados y sometidos a detención arbitraria cuando las autoridades tunecinas pusieron en marcha una campaña de represión contra las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban sobre migración y contra la discriminación. Cinco de estas personas fueron condenadas a prisión al tiempo que la represión se ampliaba para incluir a más organizaciones. Los arrestos, dirigidos principalmente contra la organización antirracista Mnemty y su fundadora, Saadia Mosbah, fueron precedidos de una campaña de desprestigio xenófoba y racista dirigida por cuentas de redes sociales afines al gobierno. De forma paralela, el presidente de Túnez, Kais Saied, acusó de ser “traidoras” y “agentes extranjeros” a las organizaciones que trabajaban sobre migración. El presidente ha acusado repetidamente a las organizaciones de la sociedad civil de financiar la corrupción y actuar en connivencia con entidades extranjeras para difamar a Túnez.
El 7 de mayo de 2024, la policía tunecina arrestó a Saadia Mosbah tras interrogarla a ella y al director de proyecto de Mnemty sobre la labor de su ONG, los fondos que recibían y sus posturas públicas acerca del racismo y la migración. El 16 de mayo de ese año, un juez instructor del Juzgado de Primera Instancia de Túnez abrió una investigación penal contra Saadia Mosbah y otros ocho miembros del personal y asociados de Mnemty, incluida la persona que les alquilaba la oficina en Túnez, y ordenó la detención preventiva de Saadia Mosbah sin una vista previa. Las autoridades los investigaron por “enriquecimiento ilícito” (artículo 37 de la Ley 2018-46 sobre la Declaración de Patrimonio e Intereses y la Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito y los Conflictos de Intereses) y blanqueo de dinero (artículos 92-97 de la Ley 2015-26 sobre la Lucha contra el Terrorismo y contra el Blanqueo de Dinero), y asimismo por no llevar registros contables adecuados (artículo 97 del Código de Derecho y Procedimientos Tributarios), delito menor castigado con multa. El juez prorrogó la detención de Saadia Mosbah en noviembre de 2024 y, de nuevo, en marzo de 2025, y ha rechazado múltiples solicitudes de libertad provisional.
El 3 de julio de 2025, el juez instructor concluyó la investigación y mantuvo los cargos por “enriquecimiento ilícito” y no llevar registros contables adecuados contra Saadia Mosbah, mientras que desestimó todos los cargos contra las otras ocho personas por falta de pruebas. El 15 de julio, una sala de acusación revocó la decisión del juez y acusó formalmente a los nueve de los tres cargos. El 22 de diciembre, infringiendo las normas procesales penales tunecinas, se inició el juicio en el Juzgado de Primera Instancia de Túnez antes de que el Tribunal de Casación hubiera decidido sobre los recursos presentados por los acusados y la fiscalía contra la acusación formal. Como consecuencia, el examen del caso se aplazó en tres ocasiones, hasta que el Tribunal de Casación rechazó los recursos el 10 de marzo de 2026.
Conforme a la Ley 2015-26, el blanqueo de dinero requiere demostrar la existencia del delito original encubierto por los fondos blanqueados. Conforme a la Ley 2018-46, el “enriquecimiento ilícito” se define como “cualquier aumento sustancial del patrimonio de una persona [...] o aumento significativo de sus gastos que sea desproporcionado respecto a sus ingresos y sobre el cual no pueda justificar la legitimidad de su procedencia”. La disposición carece de claridad y no exige demostrar la procedencia ilícita de los fondos, lo que invierte la carga de la prueba y la persona acusada es quien debe demostrar que han sido adquiridos “legítimamente”. Conforme al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, que incluyen la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos en su artículo 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.2 y los Principios sobre Juicios Justos en África, la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben demostrar la culpabilidad fuera de toda duda razonable.
El análisis de los documentos del expediente judicial, incluido el informe pericial financiero solicitado por el tribunal, indica que los cargos de “enriquecimiento ilícito” y blanqueo de dinero son infundados. La investigación no encontró pruebas de ningún delito original presuntamente encubierto por los fondos blanqueados, ni de “enriquecimiento” como lo define la legislación tunecina. En su lugar, se basó en una interpretación abusiva del término “legitimidad” para considerar que el presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del personal de Mnemty y la valoración errónea de expertos financieros de que los puestos y salarios de algunos miembros del personal no se ajustaban a sus calificaciones demostraban que el origen de sus fondos no era “legítimo”. Asimismo ponía de relieve transferencias bancarias injustificadas entre la asociación y su personal. Los acusados explicaron que esas transferencias eran reembolsos por gastos de viaje u otros pagos realizados desde cuentas bancarias de miembros del personal en las pocas ocasiones que el tesorero estaba de viaje o se había perdido la chequera de la organización. Además, los comentarios racistas hacia dos acusados negros que expresaron verbalmente los expertos financieros designados por el tribunal durante la investigación, acusándolos de “ayudar a los [calificativo peyorativo racista para referirse a las personas negras]” y prometiendo “meterlos en prisión por ello”, así como la negativa de estos expertos a examinar documentación económica confiscada por la policía durante el registro de la oficina de Mnemty en Túnez, han socavado la integridad de la investigación y el derecho de los acusados a un juicio justo. Por otra parte, un agente de policía del Juzgado de Primera Instancia de Túnez obstruyó sistemáticamente el acceso de uno de los acusados negros al tribunal sin justificación, lo que suscitó preocupación por posible discriminación racial.
Saadia Mosbah, de 66 años, permanece bajo custodia en la prisión de Belli (50 kilómetros al sureste de Túnez). Al final de marzo habrá pasado más de 22 meses en detención previa al juicio, lo que supera el límite de 14 meses legalmente establecido. Sufre de hipertensión arterial, gota y otros problemas de salud y movilidad. Denunció que un guardia de la prisión la había sometido repetidamente a insultos y burlas racistas, había puesto trabas a una de sus citas médicas y la había agredido físicamente en febrero de 2026. Las autoridades aún no le han comunicado la apertura de una investigación de las denuncias, a pesar de que la administración de la prisión ya ha sido informada. Según su familia, las autoridades tampoco le han proporcionado medicación ni asistencia médica adecuadas.
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