Segunda AU: MDE 23/26: 23/26 | Índice: MDE 30/1307/2026 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTUNEZ. SENTENCIA CONFIRMADA PARA ACTIVISTA ANTIRACISTA
El 23 de junio de 2026, un tribunal de Túnez confirmó la condena y la pena de prisión de ocho años impuestas a la defensora de derechos humanos Saadia Mosbah, presidenta de la organización antirracista Mnemty, sobre la base de cargos penales financieros infundados. El tribunal también confirmó las condenas de cinco personas, entre las cuales miembros del personal y personas asociadas de Mnemty, pero suspendió las de cuatro de ellas, al tiempo que confirmó la condena in absentia de tres años contra la quinta persona acusada. El 29 de junio, Saadia Mosbah y sus colegas presentaron una apelación final ante el Tribunal de Casación que, de ser aceptada, daría lugar a un nuevo juicio. Las autoridades tunecinas deben anular inmediatamente las condenas y liberar a Saadia Mosbah.
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Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn/X: @TnPresidency
Señor Presidente:
Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación por la injusta condena de la destacada activista antirracista Saadia Mosbah. Ha estado detenida arbitrariamente desde mayo de 2024 y permanece encarcelada únicamente por su legítima labor de derechos humanos contra el racismo y la discriminación.
El enjuiciamiento y encarcelamiento de Saadia Mosbah por actividades vinculadas a su legítima labor de derechos humanos contraviene el artículo 12 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y, como Túnez es Estado parte de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, los artículos 6, 9, 10 y 11 de la Carta, que garantizan el derecho a defender los derechos humanos y a ejercer la libertad de expresión, asociación y reunión sin temor a represalias. El 23 de junio de 2026, el Tribunal de Apelación de Túnez confirmó las injustas condenas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de Túnez el 19 de marzo de 2026. El Tribunal confirmó la condena de ocho años de prisión contra Saadia Mosbah y una multa de más de 120.000 TND [unos 36.000 euros]. El tribunal suspendió las condenas de cuatro de sus colegas después de reducirlas a uno y dos años, pero confirmó una condena de tres años de prisión contra una quinta persona acusada en su ausencia.
Saadia Mosbah fue enjuiciada inicialmente junto con otras ocho personas, entre las cuales miembros del personal y personas asociadas de Mnemty, por cargos infundados de lavado de dinero y "enriquecimiento ilícito" relacionados con su labor de derechos humanos. La investigación no descubrió ninguna fuente ilegal de financiamiento y se basó en una interpretación abusiva del delito de "enriquecimiento ilícito" que carece de claridad. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen que, a fin de proteger la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben demostrar una acusación penal fuera de toda duda razonable. Saadia Mosbah, de 66 años, permanece bajo custodia en la prisión de Belli (50 kilómetros al sureste de Túnez). Sufre de hipertensión arterial, gota y otros problemas de salud y movilidad. Denunció que un guardia de la prisión la había sometido repetidamente a insultos y burlas racistas, había puesto trabas a una de sus citas médicas y la había agredido físicamente en febrero de 2026. A pesar de notificar a la administración penitenciaria este abuso, las autoridades aún no la han informado de ningún plan para abrir una investigación sobre las acusaciones. Según su familia, las autoridades tampoco le han proporcionado medicación ni asistencia médica adecuadas.
Lo insto a que garantice la puesta en libertad inmediata de Saadia Mosbah y que se anulen la condena y la sentencia dictadas contra ella y sus colegas, ya que están relacionadas únicamente con el ejercicio de su labor de derechos humanos. Además, le pido que garantice que se abra una investigación independiente, imparcial, transparente y efectiva sobre las denuncias de malos tratos racistas contra Saadia Mosbah, que pueden constituir tortura.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Túnez acreditada en tu país
Avda. Alfonso XIII 64-66-68- 28016 - MADRID
Fax: 91 593 84 16
E-mail: madrid@embajadadetunez.es
www.destino-tunez.com
Información adicional
En mayo de 2024, seis defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de una ONG fueron arrestados y sometidos a detención arbitraria cuando las autoridades tunecinas pusieron en marcha una campaña de represión contra las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban sobre migración y contra la discriminación. Cinco de estas personas fueron condenadas a prisión al tiempo que la represión se ampliaba para incluir a más organizaciones. Los arrestos, dirigidos principalmente contra la organización antirracista Mnemty y su fundadora, Saadia Mosbah, fueron precedidos de una campaña de desprestigio xenófoba y racista dirigida por cuentas de redes sociales afines al gobierno. De forma paralela, el presidente de Túnez, Kais Saied, acusó de ser “traidoras” y “agentes extranjeros” a las organizaciones que trabajaban sobre migración. El presidente ha acusado repetidamente a las organizaciones de la sociedad civil de financiar la corrupción y actuar en connivencia con entidades extranjeras para difamar a Túnez.
El 7 de mayo de 2024, la policía tunecina arrestó a Saadia Mosbah tras interrogarla a ella y al director de proyecto de Mnemty sobre la labor de su ONG, los fondos que recibían y sus posturas públicas acerca del racismo y la migración. El 16 de mayo de ese año, un juez instructor del Juzgado de Primera Instancia de Túnez abrió una investigación penal contra Saadia Mosbah y otros ocho miembros del personal y asociados de Mnemty, incluida la persona que les alquilaba la oficina en Túnez, y ordenó la detención preventiva de Saadia Mosbah sin una vista previa. Las autoridades los investigaron por “enriquecimiento ilícito” (artículo 37 de la Ley 2018-46 sobre la Declaración de Patrimonio e Intereses y la Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito y los Conflictos de Intereses) y blanqueo de dinero (artículos 92-97 de la Ley 2015-26 sobre la Lucha contra el Terrorismo y contra el Blanqueo de Dinero), y asimismo por no llevar registros contables adecuados (artículo 97 del Código de Derecho y Procedimientos Tributarios), delito menor castigado con multa. El juez prorrogó la detención de Saadia Mosbah en noviembre de 2024 y, de nuevo, en marzo de 2025, y ha rechazado múltiples solicitudes de libertad provisional.
El 3 de julio de 2025, el juez instructor concluyó la investigación y mantuvo los cargos por “enriquecimiento ilícito” y no llevar registros contables adecuados contra Saadia Mosbah, mientras que desestimó todos los cargos contra las otras ocho personas por falta de pruebas. El 15 de julio, una sala de acusación revocó la decisión del juez y acusó formalmente a los nueve de los tres cargos. El 22 de diciembre, infringiendo las normas procesales penales tunecinas, se inició el juicio en el Juzgado de Primera Instancia de Túnez antes de que el Tribunal de Casación hubiera decidido sobre los recursos presentados por los acusados y la fiscalía contra la acusación formal. Como consecuencia, el examen del caso se aplazó en tres ocasiones, hasta que el Tribunal de Casación rechazó los recursos el 10 de marzo de 2026. Conforme a la Ley 2015-26, el blanqueo de dinero requiere demostrar la existencia del delito original encubierto por los fondos blanqueados. Conforme a la Ley 2018-46, el “enriquecimiento ilícito” se define como “cualquier aumento sustancial del patrimonio de una persona [...] o aumento significativo de sus gastos que sea desproporcionado respecto a sus ingresos y sobre el cual no pueda justificar la legitimidad de su procedencia”. La disposición carece de claridad y no exige demostrar la procedencia ilícita de los fondos, lo que invierte la carga de la prueba y la persona acusada es quien debe demostrar que han sido adquiridos “legítimamente”. Conforme al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, que incluyen la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos en su artículo 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.2 y los Principios sobre Juicios Justos en África, la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben demostrar la culpabilidad fuera de toda duda razonable.
El análisis de los documentos del expediente judicial, incluido el informe pericial financiero solicitado por el tribunal, indica que los cargos de “enriquecimiento ilícito” y blanqueo de dinero son infundados. La investigación no encontró pruebas de ningún delito original presuntamente encubierto por los fondos blanqueados, ni de “enriquecimiento” como lo define la legislación tunecina. En su lugar, se basó en una interpretación abusiva del término “legitimidad” para considerar que el presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del personal de Mnemty y la valoración errónea de expertos financieros de que los puestos y salarios de algunos miembros del personal no se ajustaban a sus calificaciones demostraban que el origen de sus fondos no era “legítimo”. Asimismo ponía de relieve transferencias bancarias injustificadas entre la asociación y su personal. Los acusados explicaron que esas transferencias eran reembolsos por gastos de viaje u otros pagos realizados desde cuentas bancarias de miembros del personal en las pocas ocasiones que el tesorero estaba de viaje o se había perdido la chequera de la organización.
Además, los comentarios racistas hacia dos acusados negros que expresaron verbalmente los expertos financieros designados por el tribunal durante la investigación, acusándolos de “ayudar a los [calificativo peyorativo racista para referirse a las personas negras]” y prometiendo “meterlos en prisión por ello”, así como la negativa de estos expertos a examinar documentación económica confiscada por la policía durante el registro de la oficina de Mnemty en Túnez, han socavado la integridad de la investigación y el derecho de los acusados a un juicio justo. Por otra parte, un agente de policía del Juzgado de Primera Instancia de Túnez obstruyó sistemáticamente el acceso de uno de los acusados negros al tribunal sin justificación, lo que suscitó preocupación por posible discriminación racial.
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